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El Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, más conocido por sus siglas como FEPC, es un instrumento que se creó hace más de una década para, como su nombre lo indica, proteger al consumidor final de las variaciones que registran los combustibles en el mercado internacional.
En otras palabras, del bolsillo del Gobierno se han venido sacando recursos para completar esas diferencias. El problema es que con el paso de los años el vacío (déficit, que es el término técnico que se emplea) se ha ido agrandando, al punto de que 2023 este habría consolidado unos $21,4 billones (que es lo que se debe, porque si se suma el de todos los años el déficit histórico supera los $100 billones).
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Para el Gobierno de Gustavo Petro este subsidio al combustible se ha convertido en un tema insostenible. Tanto que fiscalmente resulta más responsable, explica el Ministerio de Hacienda, acabar con el FEPC para que esos recursos se reinviertan en otro tipo de programas sociales.
Para esto se requiere llevar los combustibles a precios internacionales, que es lo que se ha venido haciendo con la gasolina. Esta se encuentra a uno o dos ajustes de llegar a ese umbral, por lo que le quedarían unos $600 de incremento, quedando el precio por galón (en el promedio de las ciudades) en unos $16.000.
El ACPM, por su parte, se ha mantenido congelado y a la espera de lo que el Gobierno decida hacer. En las últimas semanas representantes de los ministerios de Minas, Transporte y Hacienda se han reunido con los principales gremios de transportadores en el país, pues se sabe que cualquier ajuste que se realice derivará en un coletazo económico.
De estas reuniones han salido ideas como revisar la fórmula con que se calcula el precio del diésel, con la esperanza de que se repartan mejor los costos y así los eventuales aumentos no sean tan altos para quienes pagan por tanquear las tractomulas y demás vehículos vinculados a la logística.
Sin embargo, esta medida no sería del todo suficiente, pues según lo informado por el Ministerio de Hacienda, de los $21,4 billones con los que habría cerrado el FEPC como déficit en 2023, $16,1 billones se habrían causado por el subsidio que se mantiene para el diésel.
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Y es que el panorama tampoco apunta a que las cifras mejoren en los próximos años, pues el consumo del diésel ha venido en aumento (de 2010 a la fecha la demanda ha pasado de los 3,5 millones de galones diarios a 5,2 millones).
En entrevista con El Espectador el ministro de Transporte, William Camargo, explicó que esperan que en las próximas semanas se continúe avanzando en estas mesas. Sin embargo, detalla, la propuesta del Gobierno sigue en terminar con estos déficit que está representando el FEPC.
“Tenemos una realidad, y es que el precio que pagamos acá no es el mismo que pagaría el mercado internacional, con todo y los costos que implica la explotación y suministro de ese producto en el país. Esa operación es la que estamos subsidiando, y la que puede representar de $10 billones a $15 billones al año”, dijo Camargo.
Para el jefe de esta cartera, aunque es válida la preocupación que han manifestado los transportadores de carga, un eventual aumento en el diésel no tendría por qué afectar su operación, ya que el aumento en los costos será algo que asumirán los pasajeros del servicio de transporte y consumidores de los servicios logísticos.
“Es decir, no es un valor que deban sufragar los transportadores, ya que no se descuenta de su utilidad”, concluye Camargo.
Para el vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, el asunto no es tan sencillo, pues dice que hay que tener en cuenta que el 98 % de la carga que se mueve en el país es transportada por camiones que consumen diésel, siendo estos transversales y fundamentales para la economía nacional.
Si comienzan las alzas en el diésel, explica, la operación del sector transporte se verá afectada, ya que hoy el 40 % de los costos de operación de una tractomula corresponden a gastos en combustible, y si se quiere llevar el precio a niveles internacionales, esto se podría disparar a un 60 % o 70 %.
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“Será inviable la operación y por supuesto que la prestación del servicio se afectará, así como la competitividad del país y el abastecimiento”, asegura Cuervo.
Más allá de lo ajustes que tendrían que hacer los transportadores para que las cuentas les “cuadren”, lo cierto es que muchos de los productos de la canasta básica familiar podría sufrir incrementos, en un escenario en donde la inflación continúa siendo considerable.
“Si la inflación bajó, fue por la disminución en los alimentos. Pero estos se vieron impactados por el aumento en la gasolina. Eso lo sabe el Gobierno, que tendrá que tomar las medidas pertinentes, no para desmontar un subsidio a los transportadores y dedicarlo a obras sociales, como consideran ellos”, añade.
Es por eso que desde Fedetranscarga la principal propuesta es mantener el FEPC para que el precio del diésel se mantenga y, según dicen, se mitiguen las amenazas que atentan contra la productividad y la dinámica comercial en el país.
De momento no es claro qué pasaría con esos billones que hoy el Gobierno está sacando del presupuesto para subsidiar el combustible. Probablemente la inversión en programas que mitiguen el incremento de la carestía (sobre todo en los hogares con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad) podrían ser otra de las varias salidas que se le han propuesto a esta situación.
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