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El Ministerio de Hacienda anunció esta semana que bloqueará parcialmente algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación. En palabras más sencillas: el grifo de recursos se cierra, de manera temporal (dice la cartera), y para apropiaciones que aún no contaban con el visto bueno de Hacienda.
De cierta forma, esta jugada ya se venía ejecutando desde hace un tiempo, pues los recursos que se les giraban a algunas entidades se estaban demorando, según pudo confirmar este diario. Durante las semanas pasadas, los teléfonos del Minhacienda se convirtieron en una especie de líneas de atención al cliente insatisfecho, en las que el principal reclamo recuerda una de las frases más famosas de la película Jerry Maguire: “¡Muéstrame el dinero!”.
El anuncio oficial es la confirmación de un escenario en el que hay varias tensiones en juego. En el relato de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, la medida se hizo necesaria por la “evidente” falta de recaudo y la decisión de la Corte Constitucional de “negar la no deducibilidad de las regalías”. Este golpe jurídico les resta más de $6 billones a las cuentas del Estado, según cálculos del propio Ministerio.
A esto hay que sumarle los recursos que tampoco llegaron al Estado por cuenta de un cálculo de litigios de la DIAN que nunca se materializó (unos $10 billones) y que, de entrada, diversas voces advirtieron que era un ejercicio de contabilidad muy optimista y acaso osado. Según algunas proyecciones, si llegan $3 billones por este camino hay que celebrar, así sea entre lágrimas.
Y aunque las cifras de recaudo de mayo en la DIAN muestran un repunte, lo cierto es que el dinero que tenía que entrar por impuestos está por debajo de $12 billones, solo para el primer trimestre de este año, según cálculos de la Anif. De acuerdo con proyecciones de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, este hueco podría llegar cómodamente a los $16 billones.
El propio Bonilla afirmó (durante su intervención en el congreso de Asobancaria) que para mayo hay un menor ingreso por recaudo de $15 billones.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “estas cifras indican que va a ser muy difícil que el Gobierno cumpla con su meta de recaudo tributario. Es inevitable un recorte del gasto para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal”.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Lo primero, y más evidente, es el impacto del fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías del sector minero-energético. Aunque el tribunal aceptó escuchar nuevamente los argumentos del Gobierno después de su decisión de noviembre de 2023, dejó en firme su fallo a finales de mayo de este año.
Como en su momento reportó este diario, la decisión de la Corte se basó en el argumento de que las propuestas del Ministerio de Hacienda no evitaban que se violara la ley, pues el alto tribunal consideró que lo estipulado respecto a las regalías afectaba los principios de justicia y equidad tributarias de las empresas de ese sector.
Pero, además de este revés jurídico, el hueco actual en las cuentas del país se vio ensanchado por una especie de inmovilidad en el tema de los litigios de la DIAN. Para recuperar los billones que se tenían presupuestados era necesario presentar un proyecto de ley al Congreso, algo que hasta hoy no ha pasado.
En esta especie de desconexión entre proyectar unos recursos y salir a conseguirlos, efectivamente entra también la caída en el recaudo de la DIAN, algo que tiene muy molesto a más de uno en el Ministerio y en la propia administración de impuestos. “La DIAN tuvo un incremento de planta, con más recursos, y lo cierto es que no hizo lo que tenía que hacer: la entidad se quedó corta cuando se necesitaba que brillara”, dijo un funcionario con conocimiento del tema, pero que no es citado porque no es un vocero oficial en este tema.
En medio de este panorama, como se ha contado varias veces, existe una relación quebrada entre el propio ministro Bonilla y el ahora ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes (quien hasta hace unos días era el director de la DIAN). Esto, más allá de ser anecdótico, explica, para algunos, parte del camino que se ha seguido para llegar a los malos resultados actuales: “Son dos entidades que deben trabajar de la mano, no viendo cómo una saca más pecho que la otra ante el presidente”, comentó un analista tributario.
Lo que viene en el panorama fiscal de Colombia
Todo este escenario se antoja preocupante, por decir lo menos. La calculadora del déficit en este punto, si se es muy amable, marca un número alrededor de los $20 billones (lo que implica que estaríamos hablando, conservadoramente, del 1 % del PIB). Esta billonaria cifra fue confirmada por el ministro Bonilla en declaraciones a medios este viernes.
Pero lo más preocupante del asunto es que, según algunos análisis, este número podría estar cerca de duplicarse para final de año. Incluso, un informe del Banco de Bogotá habla de un ajuste de casi $50 billones para que el Gobierno no se vuele la regla fiscal.
¿Qué quiere decir? Varias cosas, ninguna halagadora ni sencilla.
Lo primero en este punto es que, apenas teniendo en cuenta el estimado más conservador de qué tan grande es el hueco en este momento, algunos señalan que la reforma tributaria falló, pues la iniciativa buscaba un recaudo de unos $20 billones.
En otras palabras, uno de los principales logros legislativos del Gobierno (y que contó con innovaciones tributarias y fiscales con miras a nivelar la cancha de juego) se fue un poco por el caño.
Lo siguiente es que el tamaño del ajuste fiscal que deberá hacer el Gobierno es mayúsculo (si no fuera gramaticalmente incorrecto, y se viera fatal, la palabra debería ir en mayúscula sostenida, por cierto). Y por esta vía arribamos a una serie de obstáculos y problemas, tanto políticos como económicos.
La primera opción que tiene a la mano el Gobierno es recortar del Presupuesto General de la Nación, específicamente en sectores y renglones en donde la ejecución de los recursos no sea óptima; algunos señalan que una de las primeras fichas en caer en este punto sería el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo.
Justo esta semana, el Ministerio de Hacienda publicó un informe en el que asegura que, de los $503 billones que se incluyeron en el Presupuesto para este año, ya han sido ejecutados casi 30 % de estos recursos en financiamiento e inversión. La cartera aseguró que este porcentaje es “similar al promedio de los últimos cinco gobiernos en su segundo año de mandato”.
Según el Minhacienda, los sectores con mayor ejecución presupuestal hasta el momento son “Educación (38,7 %), Minas y Energía (34,6 %), Ciencia y Tecnología (26,1 %), Salud y Protección Social (25,2 %), Igualdad y Equidad (24,8 %) y Trabajo (21,9 %)”.
Pero el problema es que, incluso bajo una intensa exprimida de recursos vía baja ejecución, los ahorros que se pueden hacer no alcanzarían a cubrir el hueco al que se enfrenta el Gobierno. Lo que esto significa es que los recortes deberán hacerse en otros programas, incluso si van bien en términos de ejecutar dinero y proyectos.
Esta no es una conversación que, se anticipa, sea fácil entre el Ministerio de Hacienda y el presidente Petro, pues de fondo lo que implica es que la escala de ambiciones de su Gobierno debe moderarse en varios billones de pesos.
Por ejemplo, Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, estima que, en términos reales, la inversión pública va a caer más del 33 % en 2025. “Y es probable que tenga que disminuir aún más por cuenta de la caída reciente del recaudo y del fallo de la Corte Constitucional sobre regalías”.
¿Qué tanto se hará este ajuste?, ¿qué forma tomará el recorte? Buena parte de esta conversación se sabrá a través el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que el Gobierno deberá presentar prontamente y que, según analistas y fuentes del propio Ministerio de Hacienda, debe llevar un mensaje muy claro de que la tarea para enmendar el hueco se está haciendo.
Este documento suele ser clave para entender la visión y conocer el alcance (el real, no el retórico) de los gobiernos de turno. Pero en este caso será particularmente importante, pues debe entregarle seguridad y confianza al mercado (más aún cuando el país no recupera el grado de inversión, que se perdió en la era Duque, para tenerlo claro).
Aquí hay que tener en cuenta que la próxima semana, Moody’s (la calificadora de riesgo) realizará una visita al país de cara a evaluar su perspectiva sobre la economía nacional, que al final termina viéndose reflejada en el grado de calificación. Vale aclarar que, de las tres grandes firmas de su ramo (las otras dos son Fitch y Standard & Poor’s) esta es la única que, por poco, aún mantiene clasificado al país con grado de inversión.
Si bien parece haber un consenso en el tamaño de este recorte ($20 billones era una cifra que ya manejaba Fedesarrollo, por ejemplo), aún no se ha establecido en qué sectores y programas se efectuarían estas maniobras.
¿Hay más opciones aparte de apretarse el cinturón? Claro, siempre se puede ir a comprar pantalones nuevos. El problema acá es que esta opción es de todo menos barata y, de fondo, resulta problemática en otros niveles.
En el mercado hay opciones para buscar alivios por el camino de la deuda. Algunas de las rutas que vienen a la mente más rápidamente son capitales en China u Oriente Medio. Pero, según algunas estimaciones preliminares, estos son créditos que podrían llegar con una tasa de cambio entre $5.000 o $6.000. Si se tiene en cuenta que el dólar actualmente se encuentra en terrenos por debajo de los $4.000 se puede entender el tamaño del descalabro que podría traer este endeudamiento.
Y, por otra parte, también se enviaría un mensaje problemático a los mercados: la falta de dinero en el presupuesto (que fue creada principalmente por situaciones internas, no por una pandemia o el desplome del mercado petrolero, por ejemplo) la solucionamos asumiendo más deuda.
Además de esto, incluso si se quisiera, nueva deuda tampoco mejoraría todo el escenario, pues tanto la regla fiscal como el Presupuesto de la Nación establecen límites para la adquisición de recursos por esta vía.
Hay un capítulo de Los Simpson en los que los habitantes de Springfield resultan cavando un hueco muy hondo en busca de un tesoro. Cuando es claro que el tal tesoro no existe, su solución para salir del hueco es seguir cavando. La analogía puede venir bien para hablar del hipotético camino de la deuda para solucionar el faltante de recursos.
Entonces, ¿hacia dónde van las cuentas nacionales?
Para este punto hay un cierto consenso sobre la necesidad de un ajuste fiscal y sobre los peligros del endeudamiento extra. Por ejemplo, Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y exmiembro del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, advierte que elevar el gasto del Gobierno no es buena idea. “Esto se le devolvería en mayores preocupaciones del mercado financiero y en tasas más altas. El gasto público está a todo vapor y esto con un déficit fiscal bien alto y con pagos de intereses considerables”.
Por su parte, para Pardo, “la delicada situación de las finanzas públicas, que se agrava por la desaceleración y la caída del recaudo, vuelve necesaria una de dos cosas, no mutuamente excluyentes: un recorte de gastos y una reforma tributaria”.
La posibilidad de una nueva tributaria ya ha sido anunciada por el propio Gobierno. Y, para este punto, más que una posibilidad se antoja como una necesidad para algunos.
Además del consecuente desgaste legislativo (que no es poca cosa para este punto del partido), hacerle más ajustes al estatuto tributario podría derivar en un problema de cara al público en medio de un momento en el que la palabra corrupción se invoca con frecuencia.
“Es muy complicado, por ejemplo, hacer recortes cuando la percepción ciudadana sobre la corrupción del Estado colombiano es muy alta. Asimismo, es muy difícil exigirle un mayor aporte a la gente si tiene la percepción de que van a ser malgastados”.
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