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Reformas, pensiones y sostenibilidad fiscal. Tres palabras no muy taquilleras, pero que en esta coyuntura, en la que el Congreso tiene en sus manos un documento con el potencial de cambiar (para bien o para mal) el futuro de las personas mayores en Colombia, son vitales.
Aunque esta reforma nos afecta a todas y todos, la voz en la conversación, como suele ocurrir con muchos otros temas, en especial los económicos, la tiene un número limitado de personas. Esta nota en particular la escribiré pensando en mi mamá y mi abuela, que no tienen ni voz ni voto en esta discusión, que hasta ahora no entienden de qué se trata la reforma, pero que también sentirán sus impactos.
Mi mamá tiene 50 años, nació en Garzón, Huila, no es profesional, trabajó más de 14 años en un almacén de ropa y también tuvo otro tipo de trabajos que no recuerda con mucho ánimo: uno en un cultivo de flores por dos semanas (le sangraban las manos), otro en servicios generales y otro empacando arequipes.
Hace casi una década mi mamá no cotiza para pensión. Se dedica a las labores del hogar y de cuidado, por las que nadie le paga. Mi mamá no sabe cuántas semanas tiene, pero sabe que no le alcanzarán para pensionarse.
Mi abuela tiene 75 años. No estudió y nunca cotizó para pensión. Depende económicamente de sus siete hijos y recibe el subsidio de Colombia Mayor, $80.000 cada mes -valor que está por debajo de la línea de pobreza extrema y muy lejos del salario mínimo.
Este programa se divide en subsidios directos para adultos mayores en condición de vulnerabilidad y subsidios indirectos que llegan a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Diurnos. El último estudio de impacto, que se realizó entre 2015 y 2016, concluyó que, si bien el programa “no genera impactos importantes sobre niveles estructurales de pobreza, ni en las condiciones de dignidad de la vejez”, sí logra mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y de sus hogares. Gracias a ese ingreso muchos pudieron desayunar, almorzar o comer.
Uno de cada cuatro colombianos tiene una pensión, otro recibe Colombia Mayor y los dos restantes no reciben nada. Aunque la conversación en torno a la reforma pensional se ha centrado en el pilar contributivo (Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones), la mayoría de la población (como mi mamá y mi abuela), con o sin reforma, quedará en el lado de los que no se pensionan. Entonces empecemos por ahí: ¿qué traería la reforma para quienes no alcanzan una pensión?
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Los pilares para los que no se pensionan (la mayoría)
Esta semana se conoció la ponencia para el segundo debate de la reforma. Tal como está en ese documento, el pilar solidario, que es, guardando las proporciones, un Colombia Mayor extendido, entregaría a las personas mayores en condición de pobreza y que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema para 2023.
En otras palabras, personas como mi abuela, en condición de vulnerabilidad, recibirán unos $223.000 mensuales.
El segundo es el semicontributivo, al que entrarían personas que cotizaron más de 300 semanas, pero no lograron pensionarse, como mi mamá. Actualmente, a estas personas se les devuelve lo que ahorraron (en el caso de Colpensiones sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia.
El proyecto del Gobierno establece dos escenarios. Quienes sean elegibles para el pilar solidario recibirán ese dinero más lo correspondiente a lo ahorrado en Colpensiones (ajustado a inflación) y los que hayan ahorrado en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La renta vitalicia de quienes no se beneficien del primer pilar solidario se calculará así: lo que cotizaron en Colpensiones se ajustará por inflación y se aumentará en un 3 %, a esto se suma un subsidio del 15 %, (este se agregó en la ponencia de segundo debate).
Ahora sí, el contributivo
Uno de los puntos más álgidos de la discusión sigue siendo el umbral para cotizar en Colpensiones. En palabras sencillas: tal como lo contempla el documento, todas las personas afiliadas al sistema cotizarán entre uno y tres salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, si usted gana cuatro salarios mínimos, cotizará tres en Colpensiones y uno en las AFP, y si gana tres, dos o uno, solo cotizará en Colpensiones.
Lo que dicen los analistas es que pasar a toda la población a Colpensiones hasta tres salarios mínimos es costoso fiscalmente, teniendo en cuenta que de una u otra manera las pensiones en el régimen público (por la forma en la que se calculan) tienen subsidio.
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Ahora bien, el cambio más importante que trae el documento de esta semana es que a las mujeres ya no se les exigirá cotizar 1.300 semanas: la cifra irá bajando progresivamente hasta llegar a un requisito de 1.000 semanas en 2036. Este cambio tiene que ver con un fallo en el que la Corte Constitucional pidió bajar las semanas tras considerar que la fórmula actual, en la que se les exige el mismo número de semanas a hombres y mujeres, aunque la edad de pensión es distinta (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres), es inconstitucional y no tiene enfoque de género. La decisión tiene en cuenta, por ejemplo, la sobrecarga en las labores de cuidado que recaen en las mujeres y los mayores obstáculos que enfrentan en el mercado laboral.
Aplicar esta medida, según cálculos incluidos en la ponencia, implica que la probabilidad de pensionarse de las mujeres aumentará un 8,8 %.
Los datos que faltan
Analistas, centros de pensamiento y gremios advierten que la reforma pensional no es sostenible financieramente y que los cálculos del Gobierno no han sido del todo claros. Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que “la simulación, al menos lo que fue presentado en la exposición de motivos, va hasta el año 2052” y que para determinar si la reforma es sostenible hay que analizar un horizonte más amplio, “por lo menos hasta 2100”. Al Observatorio le preocupa, además, que Colpensiones sea el que administre los recursos de las cotizaciones, de ahí que sugiere que estos queden en manos de una institución independiente del Gobierno de turno para que el dinero realmente se ahorre.
Para Óscar Becerra, experto en el tema y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la reforma puede ser sostenible, pero por las razones equivocadas. Con la propuesta del gobierno de Gustavo Petro más personas tendrán un ingreso en la vejez (habrá personas vulnerables con una renta básica de unos $223.000 y otras con una renta vitalicia que será el resultado de lo que lograron ahorrar más subsidio), pero no necesariamente más personas tendrán una pensión.
Ahora bien, la adopción de la medida de la Corte, que sí implica que más mujeres podrán pensionarse, aumenta el pasivo pensional en 3,26 %, justamente por eso, porque sí implica más pensionadas.
Becerra explica que, según las cuentas de distintos analistas, la reforma costará entre 60 y 80 puntos del PIB. Aproximadamente un punto del PIB por año. “El problema es a quiénes estaremos financiando: tres cuartas partes de ese gasto extra se destinará al 20 % de las personas que sí logran pensionarse”.
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Así las cosas, además de los números de la reforma pensional que siguen sin ser del todo claros y que podrían dejar “empeñadas” a las futuras generaciones, hace falta ese otro debate de qué tan equitativa será realmente la reforma si la mayoría de los recursos que tendrá que poner el Estado irán para quienes sí se logran pensionar, que son la minoría.
Para Becerra, una opción para garantizar más sostenibilidad es, por ejemplo, revisar los parámetros de pensión y cómo estas se calculan en Colpensiones. Puede que, de repente, mi vida cambie de rumbo (o la suya) y que también, como mi mamá y mi abuela, entren en la lista de los no pensionados. O puede que siga teniendo un trabajo formal y esté entre el grupo de los que consiguen su anhelada pensión.
Lo cierto ahora es que prestarle atención a la reforma y exigir que sea lo más responsable y equitativa posible es hacerles justicia a las pasadas y futuras generaciones. Si en algo están de acuerdo expertos de todas las orillas es en que se necesita un cambio para superar el sistema actual (que entrega recursos a quienes menos lo necesitan y que no pensiona).
Para convertirse en ley, a la reforma todavía le quedan tres debates más. El documento que se presentó ante el Congreso este miércoles, seguramente, sufrirá cambios o puede ser que no se apruebe. Quedan muchas otras aristas por discutir, por ejemplo, el régimen de transición y la pensión anticipada. Conversaciones que seguiremos dando, ojalá, para todas y todos.
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