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Aquí vamos de nuevo: el Congreso inaugura este lunes festivo una nueva legislatura, que recibirá en pocos días al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Las prioridades del Legislativo, como suele suceder en Colombia, son variadas y cuentan con un amplio abanico de asuntos urgentes e importantes.
Pero quizá como pocas veces hay una agenda económica gruesa que no admite mayores dilaciones, pues la bestia de una crisis fiscal le respira en la nuca al país como pocas veces lo ha hecho en su historia reciente (con la clara excepción de los días de pandemia).
La crudeza del déficit fiscal ha venido acompañado de caídas en recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección mayor a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB. Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,5 % del PIB, en 2028 debería disminuir a 3,6 % y hacia el largo plazo, 2037, debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.
Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ve un escenario inmediato bastante más dramático, con un déficit fiscal que podría llegar a 7,4 % del PIB y una deuda neta que llegaría a 61 % del PIB este año, el registro más alto en la historia nacional. El CARF ha calificado todo el escenario como “claramente insostenible”.
Las cifras del Ministerio indican que, para volver al camino de la regla fiscal (por allá en 2028), el país necesita incrementar sus ingresos tributarios al ritmo de 1,4 % del PIB cada año (con miras a subir a 1,6 % del PIB).
Pero esto no suena del todo realizable si tenemos en cuenta que, entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios del país crecieron apenas 0,4 % del PIB, según cálculos de la Red de Trabajo Fiscal.
Y por acá llegamos a la conversación inexorable de reforma tributaria, un asunto que aparece en la discusión nacional, más o menos, cada año y medio o dos años, según los cálculos de la Red.
Esta periodicidad señala el principal problema de todas las tributarias (llámense leyes de financiamiento, reformas para la prosperidad o milagros fiscales): ninguna ha estado realmente pensada para hacer cambios estructurales, sino para ofrecer caja inmediata al gobierno de turno y así la administración puede vender su narrativa de transformación y desarrollo. Y en unos años el ciclo vuelve a empezar, con otra tributaria bajo el brazo. Y así.
La parte más carnuda del chicharrón: quitarle huecos al estatuto tributario
Prácticamente cualquier análisis de comisiones, académicos e incluso gremios llega a un punto común cuando se habla de qué hacer con los ingresos tributarios: el país naufraga en un mar de beneficios y excepciones que han sido creadas en cada Congreso (bajo todo tipo de intereses y negociaciones), pero que nunca terminan siendo revisadas y evaluadas.
El hueco por este concepto es de este tamaño: según la Red, una reforma estructural (con el ojo puesto en los beneficios) “permitiría recuperar la pérdida de aproximadamente COL 130 billones por concepto de recaudo. Esto ha sido sistemáticamente recomendado, como lo sugirió el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios”.
A renglón seguido, el grupo de expertos, hace un diagnóstico que, aunque no sorprende, no deja de ser difícil de tragar un 20 de julio, en medio de la pompa y el espectáculo en el Congreso: “Es claro que no existe un grupo de congresistas que analice técnicamente este aspecto. En tal sentido, debería delegarse en un equipo técnico junto con la academia la tarea de analizar cada gasto tributario, analizar la relación beneficio/costo y determinar cuáles se justifican y cuáles no. Esto incluso permitiría reducir la tarifa del impuesto a la renta de las personas jurídicas”.
El reto de la reforma tributaria
Aparte de las excepciones y beneficios, ¿cómo debería verse una reforma que avance en la dirección correcta, buscando ingresos sostenibles en el tiempo, pero con justicia tributaria? Una serie de expertos y analistas académicos, reunidos a instancias del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, elaboraron una serie de recomendaciones, varias muy impopulares, pero no por eso menos importantes.
En el impuesto de renta para empresas, los expertos hablan de reducir la tarifa del impuesto de renta para empresas, a la vez que se deben revisar los beneficios tributarios. En este momento, Colombia tiene la tarifa nominal en este impuesto más alta en los países de la OCDE.
Para el renglón de personas naturales, la recomendación es que más ciudadanos deben entrar a declarar este impuesto, aunque con tarifas muy bajas, o nulas, para los nuevos tramos de tributación. Los expertos encontraron que, en el país, “el primer contribuyente de renta tiene ingresos equivalentes a 3 veces el salario promedio, el umbral más alto en una muestra de 30 países”. Aquí también es fundamental en el Registro Único de Ingresos.
Una de las recomendaciones centrales de este grupo de analistas, así como de exfuncionarios de varias administraciones, es instaurar el Registro Único de Ingresos. Este casi que es un requisito para que los cambios en los impuestos funcionen: se necesita mejor información para focalizar mejor los beneficios, pero también para atajar la informalidad tributaria. Esto permitiría integrar en un solo lugar los datos de ingresos de “registros administrativos, tributarios y de seguridad social, superando las limitaciones del SISBEN”.
En términos de IVA, los analistas aseguran que la base gravable del impuesto debe ser mayor, con reducciones en exenciones, exclusiones y tarifas diferenciadas. Pero, a la vez, debe haber un mejor mecanismo de compensación para los hogares más vulnerables. Para esto es fundamental el Registro Único de Ingresos.
Y, a continuación, lanzan una advertencia al gobierno entrante: los impuestos al carbono y a los llamados saludables apenas ponen 0,2 % del PIB, a pesar de que producen impactos en la sociedad por mayor valor. Se debe ampliar su base gravable, contrario a algunas ideas del gobierno entrante. Esto no les gusta a muchos congresistas cercanos a las industrias afectadas y, en conversaciones de campaña, tampoco parece algo que le suene de a mucho a la administración De la Espriella.
El tamaño del Estado y la descentralización
Una de las conversaciones más importantes que tendrá que tratar el Congreso será alrededor de las ideas del presidente electo de reducir el tamaño del Estado
Su ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, ha dicho en las semanas después de la elección que una de las prioridades es bajarle el tamaño al músculo del gobierno central para transferir parte de esta carga a los gobiernos territoriales.
Aquí es clave recordar que, aunque ya hay una ley que le transfiere más poderes a las regiones en términos de organización de presupuesto y ejecución de funciones, aún hace falta la llamada ley de competencias, que tendría que esclarecer mucho mejor quién hace qué y con qué dinero.
Este proyecto, aunque tiene el potencial de redefinir las relaciones de las regiones con el gobierno central, también posee riesgos en términos de manejo político y corrupción en el largo plazo. Su diseño cuidadoso está, en buena parte, en manos del Congreso. Pero la nueva administración nacional tendrá que dirigir estos esfuerzos.
Además de solucionar el panorama de la ley de competencias, en temas territoriales, los académicos de la Red de Trabajo Fiscal también han identificado un trabajo por hacer alrededor del funcionamiento de los sistemas de tributación municipal, distrital y departamental.
“Lamentablemente, la ciudadanía debe enfrentarse a la proliferación de tributos como estampillas, contribuciones especiales y tasas que generan una sobreimposición de la actividad productiva; a un laberinto de obligaciones formales por parte de cada municipio del país (sujetas a altas sanciones por incumplimiento), tarifas impositivas arbitrarias (como las del impuesto de alumbrado público en algunos municipios); tributos injustos y contrariedades procesales que sólo se explican por la falta de claridad en nuestro sistema y la incapacidad de gestión tributaria de las entidades territoriales”, escribieron en un análisis publicado por este diario.
El Congreso que arranca este 20 de julio tiene una mano cargada en temas económicos de fondo, que necesitan atención al detalle.
Pero el punto es que Colombia ya conoce este guion: cada año y medio o dos, una nueva reforma tributaria promete ordenar las cuentas del país y, en la práctica, termina siendo un salvavidas de caja para el gobierno de turno. Los expertos insisten en que el cambio estructural no está sólo en subir más impuestos, sino en revisar los COP 130 billones que se pierden en beneficios y excepciones que nadie audita. Si el nuevo Congreso decide romper ese ciclo o repetirlo, se sabrá pronto.
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