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El decreto del salario mínimo por parte del Gobierno fue anunciado este martes por el presidente Gustavo Petro, luego de que sindicatos y empresarios no llegaran a un acuerdo en la negociación de este año (que tenía como plazo máximo el 20 de diciembre).
El Gobierno se decantó por un aumento del 9,5 % en el mínimo, con lo que esta remuneración llegará a $1.423.500 (un aumento de $123.500 interanual). El auxilio de transporte (que reciben quienes ganen hasta dos salarios mínimos) llegará a $200.000 para 2025.
La cifra se ubica en la mitad de las propuestas de empresarios (que en privado estaban empujando por un aumento de poco más del 6 %) y sindicatos, que en público habían puesto un 12 % como meta de aumento para el próximo año.
Esta solución, aunque con un tufillo salomónico de fondo, es para algunos analistas más un compromiso político que un cálculo verdaderamente técnico. Un analista definió el aumento como una concesión “a las bases políticas del Ministerio de Trabajo y del propio Gobierno”.
Durante el anuncio del incremento, hecho desde Zipaquirá (Cundinamarca), el presidente Petro aseguró que “dice el empresariado grande de Colombia, reunido en la Andi, en la SAC, que si yo crezco el salario mínimo se desploma la economía nacional. Eso no es cierto”, indicó el mandatario, quien destacó la senda de crecimiento que ha registrado la economía nacional en los últimos años.
El presidente precisó que si bien el aumento decretado del salario mínimo para 2025 será del 9,5 %, el crecimiento real de esta prestación será del 6,54 %, teniendo en cuenta que la inflación podría cerrar en 2025 en un 3 %. “Por tercera vez ha crecido el salario mínimo en Colombia en términos reales. En los tres años que llevamos hemos incrementado el salario mínimo un 30 o un 35 % en términos reales. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”, indicó el mandatario.
El aumento, como era de esperarse, también fue celebrado por los sindicatos. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los sindicatos que formó parte de las negociaciones en torno al salario mínimo, destacó el ajuste como una victoria para los trabajadores. “Es una cifra realmente importante y significativa, una forma de ir reduciendo la grave brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos dejaron anteriormente. Nos parece un buen resultado, un buen incremento y, obviamente, es un esfuerzo que hemos hecho los trabajadores”, señaló.
Pero las voces de celebración paran un poco ahí. Empresarios y analistas criticaron lo abultado del aumento (que supera en más de cuatro puntos porcentuales la inflación con la que terminaría 2024, proyectada en 5,2 %).
Buena parte de las críticas giran alrededor de los posibles impactos que el incremento puede tener sobre la inflación y, por esta vía, sobre el proceso de recuperación económica que, se proyecta, ganará más tracción para 2025 en términos de crecimiento económico, pero también de consumo de los hogares.
Uno de los grandes riesgos sobre la mesa es que, si el camino de bajada de la inflación se ralentiza o se detiene, esto tendría un efecto casi que inmediato sobre las decisiones de tasas de interés del Banco de la República (que lleva nueve descensos consecutivos), algo que a su vez impacta el desarrollo de la economía en general.
El salario mínimo es un tema que les pega a muchos, más allá de si se gana directamente este ingreso. Cobros como los copagos al sistema de salud, el precio de la vivienda de interés social y ciertos trámites administrativos, así como el cálculo para las nuevas tarifas en los sistemas de transporte público, dependen de lo que se acuerde en esta mesa.
Si bien se ha ido avanzando en desvincular cobros y servicios del aumento del mínimo, este indicador sigue pesando fuertemente en la economía, a través de asuntos como el salario mínimo integral o la contratación de personal formalizado en empresas y comercios.
Hasta la fecha, según el Ministerio de Hacienda, se han desindexado 204 cobros y servicios del mínimo, y se espera que en 2025 se pueda avanzar en desvincular temas en el sector de vivienda, especialmente.
El renglón en donde más se han desindexado cobros es el de transporte, con 42 ítems. Les siguen hacienda, laboral y pensional (en ambos casos se cuentan 22 puntos). Y cierran el top tres los sectores de las TIC y justicia (con 19 cada uno).
Fuentes del Gobierno aseguran que el impacto del mínimo en la inflación no se da de forma tan directa ni extendida, en buena parte por el proceso de desindexación que se ha dado en estos años. A la vez que mantienen una proyección del IPC a la baja para 2025. Se espera que, para el segundo semestre del próximo año, el indicador se aproxime a la meta del Banco de la República (3 %).
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, resaltó que el incremento es uno de los más altos del siglo en términos reales y advirtió sobre sus implicaciones: “Al encarecer sustancialmente el costo del empleo formal, inducirá aún más la contratación informal, especialmente en las microempresas. Además, presionará al alza la inflación, retrasando la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República”.
Para Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, 2025 “no va a ser un año de ganancias en la formalización, probablemente uno donde aumente el desempleo y la no participación. Y cuando los salarios promedio de los formales e informales caigan relativo al mínimo, pues el crecimiento económico de los salarios y de Colombia no va a poder subir igual que el mínimo del decreto”.
A su vez, un aumento como el decretado por el gobierno Petro les pone más presión a las finanzas públicas y, en general, al panorama fiscal del país. Esto, pues en los próximos meses debe negociarse el aumento de los salarios en el sector público que si bien no tienen como base técnica el mínimo, sí suele tomarse como un punto de referencia.
En esto concuerda César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, al decir que “hay una nómina pública que seguro se va a ver incrementada con esta decisión, y eso agravará la situación fiscal”.
Y esto llegaría en momentos de estrechez fiscal, con un presupuesto desfinanciado para 2025 y, según analistas, con recortes por encima de los $30 billones para el próximo año para mantener las finanzas públicas en línea con las restricciones de la regla fiscal.
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