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El nuevo año se ha iniciado con múltiples temas fiscales sobre la mesa, más de lo que ha sido normal en el pasado. El más importante es, sin duda, el déficit fiscal previsto para este año y el próximo. Las estimaciones más recientes del gobierno no se han hecho públicas, pero con las anteriores es claro que, aunque la regla fiscal se cumplió en 2023, su acatamiento en 2024 y 2025 es objeto de duda. Así lo señaló el Comité Autónomo en su último mensaje del año pasado. Como lo contempla la propia regla, habrá algún margen para aumentar el déficit en 2024 por el menor nivel de la actividad económica y del precio del petróleo, pero aun así los ingresos pueden ser insuficientes. De todas maneras, es afortunado que la propuesta de cambiar la regla haya salido un poco del debate público.
De todas maneras, los mayores desequilibrios fiscales exigen que el gobierno sea muy selectivo en materia de gasto público. Siguiendo este criterio, deben tener prioridad los programas que contribuyan a la reactivación económica, un tema prioritario para el país. Entre ellos sobresalen los de vivienda de interés social, que deben ser más ambiciosos y desarrollarse también en las grandes ciudades, donde han sido objeto de recortes importantes. Al mismo tiempo deben reducirse los gastos que implican déficits no justificados, entre los que sobresalen los subsidios al ACPM y a los peajes.
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La generación de mayores ingresos es igualmente clave. En este sentido es lamentable que no se haya tramitado el proyecto de ley de Litigios, que debe ser una prioridad del Ministerio de Hacienda. También es una prioridad la ejecución plena de los mecanismos de control a la evasión que fueron aprobados en la reforma tributaria de 2022, así como otros que debe poner en marcha la DIAN para controlar la elusión de impuestos.
La propuesta del Presidente Petro de reducir los impuestos a las empresas, reemplazándolos por impuestos a las personas naturales de altos ingresos no debe estar en el centro de la agenda. La propuesta tiene lógica, porque la tasa de tributación de las empresas de Colombia que estableció la reforma de 2021 es una de las más altas del mundo y los recaudos por impuestos de renta a personas naturales son bajos. Sin embargo, reducir la tasa de las empresas es muy costoso y, por lo tanto, se tendrían que aumentar mucho los impuestos compensatorios y los de las personas naturales de altos ingresos ya se incrementaron en la reforma de 2022.
Los problemas principales de bajo recaudo son de evasión y elusión, en especial por el registro de ingresos en paraísos fiscales y por el uso de mecanismos para reducir el impuesto de los trabajadores independientes de altos ingreso, directamente o a través de las sociedades que constituyan, entre otras de sociedades familiares. Por eso, la prioridad debe ser la ya señalada: mejor control de la evasión y la elusión de impuestos, utilizando entre otras las normas sobre evasión que se incluyeron en la reforma de 2022.
El mayor déficit fiscal implicará un aumento del endeudamiento público. Afortunadamente el acceso al financiamiento tanto interno como externo ha mejorado sustancialmente, en términos de costo en ambos casos y de mayor acceso de las economías emergentes a los mercados internacionales en el segundo. No obstante, la tendencia al descenso de la deuda pública como proporción del PIB se interrumpirá a niveles que son de todas maneras altos para los patrones históricos del país, por lo cual la reducción de la deuda debe seguir siendo una prioridad en los próximos años.
Por último, el nuevo gobernador de Antioquia puso sobre la mesa la propuesta de una reforma constitucional para que los impuestos que se recauden en las regiones se queden en ellas. Esta es una propuesta inequitativa con las regiones de menor desarrollo y, por lo tanto, debe quedar claramente fuera de la agenda. Así lo ha señalado con fuerza el senador Humberto de la Calle.
Lo que sí tiene sentido es repensar a fondo el sistema de descentralización, poniendo en marcha de nuevo los principios que estableció la Constitución de 1991 pero que, después de unos años en los cuales se pusieron en marcha, dieron lugar a una nueva onda centralizadora que se inició en la Administración Pastrana Arango.
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Debe renacer, por lo tanto, el espíritu descentralizador de nuestra carta política. Sin embargo, es esencial establecer una norma de participación en los ingresos corrientes de la Nación que no impliquen que, cuando es necesario hacer una reforma tributaria para equilibrar las finanzas nacionales, los mayores recaudos generen automáticamente más gasto regional. Por ese motivo, habrá que pensar en una fórmula de participación en las rentas nacionales que no sea proporcional o incluya un criterio claro de equilibrio fiscal.
Estos debates resaltan finalmente la necesidad de una reforma de los impuestos departamentales y municipales, un tema que ha estado en la agenda del Ministerio de Hacienda, así como de la Misión de Descentralización. Esta reforma debe ser parte de la agenda de 2024, mucho más que la de la reforma de los impuestos nacionales que puso sobre la mesa el Presidente Petro.
* Exministro de Hacienda
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