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En los buses de las cinco de la mañana no viaja el PIB. Viajan los 13 millones de colombianos que trabajan sin contrato, sin pensión y sin red de protección social. Viajan los que perdieron el empleo y ya se resignaron a dejar de buscarlo; y viajan aquellos a quienes, teniéndolo, el salario apenas les alcanza para estirar la quincena.
Colombia, al igual que muchos otros países, lleva décadas midiendo su progreso con una sola regla. El PIB sube, los titulares celebran. El PIB baja, el país entra en pánico. Pero esa regla —diseñada en los años treinta en el escritorio de Simon Kuznets para medir el impacto de la Gran Depresión— nunca fue construida para responder la pregunta que más le importa a cualquier familia: ¿estamos viviendo mejor?
El propio Kuznets lo advirtió: “El bienestar de una Nación difícilmente puede inferirse a partir de la medición de la renta nacional”. Nadie le hizo caso. El indicador se universalizó y se convirtió en el árbitro supremo del crédito global, el poder y la reputación.
En 2023, la economía colombiana creció un lánguido 0,6 % tras el cataclismo de la pandemia. El dato apareció en todos lados. La cifra fue más baja de lo que todo el mundo esperaba e indujo una cierta dosis de terror y desconcierto. Y aunque el gráfico señalaba ligeramente hacia arriba, el número permitió olvidar que más de la mitad de la fuerza laboral sobrevivía bajo la informalidad y el rebusque.
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La grieta entre el valor agregado (lo que mide el PIB) y lo que la gente vive no es una anomalía tropical. En el último medio siglo, la economía global solo se contrajo dos veces —2009 y 2020—. Sin embargo, la desigualdad se petrificó, la desafección democrática tocó techos históricos y la ansiedad sobre el futuro se instaló en las nuevas generaciones. El crecimiento y el bienestar se divorciaron en el silencio de los informes públicos.
Tras el tímido quiebre que significó el reporte Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009, este año un grupo de los economistas más influyentes del planeta decidió atacar de frente el monopolio estadístico del PIB. Por encargo de la ONU, publicaron Counting What Counts —Contar lo que cuenta—, un tablero de 31 indicadores para iluminar los puntos ciegos del PIB: bienestar subjetivo, calidad del empleo, cohesión social y capital natural. Entre sus firmantes: Joseph Stiglitz, Premio Nobel; Nora Lustig, referencia mundial en desigualdad; y Kaushik Basu, execonomista jefe del Banco Mundial.
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El tablero organiza el progreso en cuatro ejes: los principios fundacionales —paz y derechos humanos—; el bienestar presente —salud, educación y seguridad—; el tejido de equidad e inclusión, y la resiliencia a futuro, que resguarda los capitales que heredarán las próximas generaciones.
La propuesta llega con una ambición concreta: que para 2027 los países integren este tablero en sus presupuestos como criterio vinculante de decisión.
Pero ¿quiénes lo harán? ¿Colombia hará caso?
Lo que el PIB se llevó
Luis Fernando Mejía lo vio desde adentro. Pasó por Hacienda, por Planeación Nacional, dirigió Fedesarrollo. La variable que debería mirar Colombia con la misma atención que el PIB, dice, tiene nombre: la pobreza multidimensional.
“El PIB nos dice cuánto produce la economía, pero no si los hogares tienen educación, salud, vivienda, servicios públicos, empleo digno o condiciones básicas de bienestar”, dice Mejía a El Espectador. “En un país como Colombia, esa medición es especialmente valiosa porque conecta crecimiento con inclusión social”.
En la última medición del DANE el país salió bien librado: cinco años consecutivos en descenso, pobreza multidimensional en 9,9 % y cerca de 800.000 colombianos fuera de esa condición. Sin embargo, al cruzar esos datos con un reciente informe de informalidad y seguridad alimentaria de ANIF, la narrativa del éxito muestra grietas en el territorio. Los peores registros de hambre volvieron a concentrarse en Chocó, Sucre y La Guajira, con promedios de 50 % de inseguridad alimentaria moderada o grave, y una tasa de informalidad por encima del 80 %.
La relación entre precarización laboral y plato vacío es un círculo vicioso. Según ANIF, “quien trabaja informalmente enfrenta ingresos más bajos e inestables, lo que reduce su capacidad para asegurar una alimentación adecuada y sostenida”.
Aquí estalla la primera contradicción: un territorio puede registrar crecimiento del PIB regional por reactivación comercial o explotación minero-energética, pero si sus niños siguen comiendo una sola vez al día, ese crecimiento es una ficción contable. El PIB suma el valor del carbón extraído. No resta el costo del hambre ni de la desnutrición que hipoteca el capital humano del futuro.
El segundo punto crítico es el desempleo. Durante años, Colombia celebró la caída de la medición, no sin justicia. Pero detrás de esa cifra, muchos de esos empleos eran informales, sin seguridad social, sin movilidad. Hoy, mientras el desempleo se ubica en un punto históricamente bajo (8,8 %), la informalidad se mantiene por encima de 50 % (54,2 %, para ser exactos): 13,1 millones de trabajadores sin empleo formal. El PIB no distingue entre un trabajo y otro. Para esa medición, todos cuentan igual.
“Una brújula más amplia habría llevado a priorizar con más fuerza la formalización, la pertinencia educativa y la productividad laboral”, sostiene Mejía. El país lleva 15 años publicando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) sin lograr destronar al monarca macroeconómico, pese a que es uno de los instrumentos más sofisticados, adoptado dos años después del informe de 2009.
“Lo más difícil no es construir métricas, sino lograr que se usen”, dice Mejía. “Lo que no afecta asignaciones de recursos termina siendo un indicador decorativo”.
Tener el termómetro no es suficiente
De los 31 indicadores propuestos por la ONU, una parte importante cae en lo que el reporte llama Tier II: métricas sólidas, aprobadas, pero que más de la mitad del mundo no produce con regularidad.
Hablamos de variables como la satisfacción con la vida, la confianza interpersonal o la cohesión social. A nivel global, solo el 18 % de las naciones mide la satisfacción con sus servicios públicos. Apenas el 26 % sabe cuántos ciudadanos se sienten seguros caminando solos de noche.
El mismo informe advierte que los datos más recientes disponibles a comienzos de 2026 correspondían a 2019. El Sur global diagnostica su presente con retrovisores de siete años. Las consecuencias, de todos modos, pueden venir de ambos frentes económicos.
- En Norteamérica, entre 2000 y 2021, el PIB per cápita mediano escaló de USD 43.143 a 53.659 anuales. La esperanza de vida saludable, en cambio, se estancó a comienzos de la década de 2010 y empezó a desplomarse antes de la llegada del COVID-19: de 68,3 años a 66,8.
- En África Oriental, entre 2003 y 2014, el PIB per cápita mediano creció de USD 509 a 846, mientras el Índice de Integridad de la Biodiversidad caía del 73 % al 68 %.
En el primero, mientras el dinero subía, la salud humana bajaba; en el segundo, la economía avanzaba devorando el patrimonio natural que la sostenía.
“El PIB es indispensable, pero incompleto. Puede aumentar mientras persisten desigualdades territoriales, baja calidad del empleo, desconfianza institucional, deterioro ambiental o falta de oportunidades para los jóvenes”, afirma Mejía.
“Me tapas el sol”
La historia clásica cuenta que cuando Alejandro Magno se paró frente a Diógenes de Sinope y le ofreció cualquier riqueza que su poder pudiera comprar, el filósofo, que vivía dentro de un barril, solo le esgrimió una petición: “Quítate de donde estás, que me tapas el sol”.
El PIB ha operado con el mismo ímpetu de Alejandro: su brillo macroeconómico tapa el sol a las variables comunitarias.
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Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, explica que mientras existen países petroleros con explosiones brutales de crecimiento que conviven con instituciones débiles, exclusión de minorías y bajísima confianza, existen otros que crecen más despacio, pero con mayor equidad y legitimidad estatal.
En América Latina, el caso es omnipresente. Federico Corredor, doctor en Economía e investigador visitante del Public Finance Research Cluster de Georgia State University, la llama “desarrollo truncado”, siguiendo al exministro de Hacienda Antonio Ocampo y al académico uruguayo Luis Bértola. Para él, América Latina avanzó en salud y educación, pero no convergió en productividad ni en participación en los segmentos de mayor valor de la economía global.
Pasó, por ejemplo, en la Bogotá de los años noventa durante la alcaldía de Antanas Mockus. Zuleta explicó que, sin grandes expansiones del gasto público, la gestión demostró que una ciudad puede cambiar si su gente empieza a creer que el cambio vale la pena. Que la vida es sagrada. Que las normas mínimas se respetan.
“Eso generó un impulso al desarrollo que después vino acompañado de un crecimiento económico de la ciudadanía importantísimo”, explica Zuleta. Las siguientes alcaldías construyeron sobre esa base cultural porque Bogotá ya había aprendido a creer en sí misma.
“En los últimos años ha habido un impulso en sentido contrario”, dice. “En lugar de cohesión, polarización. Identificar culpables para cualquier situación. Ese discurso va en contra de la cohesión”. Y cuando la cohesión se erosiona, la legitimidad del Estado se erosiona con ella.
La cohesión social, insiste el informe de la ONU, no es el resultado del desarrollo. Es una de sus condiciones. Si un país no la mide, está pavimentando sobre arena movediza.
Por eso propone indexar variables tan cercanas a la vida cotidiana como la proporción de personas que sintieron soledad profunda “gran parte del día de ayer”. Si la gente se siente conectada con los demás, confía más, coopera más, tolera más. Si se siente sola, la brújula cambia de Norte.
Lo que el empleo esconde
Existe un consenso entre los analistas: el monopolio del PIB ha invisibilizado las dinámicas de la supervivencia. Mientras la inflación y el crecimiento acaparan las portadas, el debate público ignora las variables de movilidad social, estabilidad y aumentos sostenidos de ingreso.
“Para la mayoría de hogares, el bienestar se juega en la calidad del trabajo”, señala Mejía.
Zuleta critica que debates de alto impacto político, como la fijación del salario mínimo o la última reforma laboral, se diseñen con un sesgo centralista: “Están totalmente pensadas para los trabajadores formales, sin consideración real en los informales”. Cuando más de la mitad del país habita en un circuito de baja productividad y bajos ingresos, la pobreza se vuelve crónica e inmune al crecimiento.
Para romper esa cadena, la ONU propone que los gobiernos adopten la tasa compuesta de subutilización laboral de la Organización Internacional del Trabajo: suma desempleados, subempleados por horas y “descorazonados”, quienes dejaron de buscar porque la geografía o la falta de palancas los excluyeron.
De modo que, si se midiera bajo este eje, probablemente las reformas laborales futuras se diseñarían distinto.
Las alertas más ácidas frente a esta capa de invisibilidad se están formulando en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. En un reciente conversatorio, el economista Alberto Maldonado Copello señaló que en el trabajador informal no hay elección racional, hay una imposición forzada por salarios de subsistencia.
“El trabajo asalariado (…) produce 75 % del valor agregado”, afirma Maldonado. Sin embargo, el trabajo por cuenta propia está al servicio de las mismas industrias: “¿Qué vende el tendero, el vendedor ambulante? Pues productos de la Nacional de Chocolates o de Claro. Son millones de personas que están en condiciones terriblemente más precarias que los asalariados”.
Y añadió: “No es que porque hago trabajo no mercantil me pueda pagar menos. Es porque me pagan menos que me toca hacer más trabajo en la casa. Preparar el almuerzo y llevarlo. Estoy forzado”.
Las cuentas nacionales registran el salario gastado en el supermercado. El esfuerzo doméstico que convierte esos alimentos en supervivencia vale, para ellas, cero.
El aislamiento del mundo rural
Uno de cada 5 colombianos es campesino. Pero si la cifra se ve pequeña, pongámoslo en números reales: 11,6 millones de habitantes. Una población mayor a la de Bogotá. De ellos, más de ocho de cada 10 viven en zonas rurales dispersas. Lejos de las grandes ciudades, los campesinos enfrentan los camiones atrapados en el barro, los derrumbes y los trayectos interminables para sacar adelante la producción que abastece al país.
Esa trampa del barro y del aislamiento es una de las condiciones que la ONU se propone confrontar bajo el paraguas del Indicador 24: la proporción de la población rural que habita a menos de dos kilómetros de una vía transitable en cualquier época del año.
De los 205.745 kilómetros de vías a nivel nacional, 69 % son vías terciarias, según el Departamento Nacional de Planeación. De ese grupo, apenas uno de cada 10 kilómetros está pavimentado; siete sobreviven con grava, y el resto es tierra que se rinde ante la primera lluvia.
Estar a más de dos kilómetros de una vía estable significa que un campesino en el Chocó, el litoral Pacífico o el Putumayo no puede sacar sus productos al mercado, que una emergencia médica es una sentencia de muerte y que una escuela cerrará sus puertas tan pronto comience la temporada de lluvias.
Los efectos son directos en la economía campesina y, por ende, el efecto dominó se refleja en las cuentas nacionales. En las trochas, transportar una tonelada por kilómetro cuesta entre 30 % y 50 % más que el promedio nacional. Y ese promedio ya es muy alto: en Colombia el transporte equivale al 18 % del valor del producto, mientras que en el promedio de países de la OCDE apenas llega al 8 %.
Esto tiene que ver con la dependencia de las carreteras, entre otros motivos, pero sobre todo por la falta de visibilidad del campo en las prioridades presupuestales.
Los números del DANE lo confirman: la tasa de ocupación en el segmento campesino es de 56,7 %, con una informalidad del 83,2 % en centros rurales y dispersos.
Por su parte, la pobreza multidimensional en el campo llega al 22,4 %, más del doble que el promedio nacional del 9,9 % y casi cuatro veces el 6,3 % de las ciudades.
En el campo, el dinero no alcanza y el bienestar es limitado. Aunque la línea de pobreza monetaria rural es de unos COP 1,1 millones —casi la mitad de la urbana—, el indicador cerró 2024 en 42,5 %. En las ciudades, la cifra fue de 28,6 %. Nacer lejos de las ciudades en Colombia significa ganar menos, pagar más por transportarse y quedar expuesto a perderlo todo cuando falla una carretera.
Para Corredor, Colombia ha avanzado en la descentralización, pero aún falta fortalecer las capacidades administrativas y fiscales para ejercerla. “La noción misma de periferia hace referencia a una condición de aislamiento: territorios con menor conectividad física, institucional y económica”, explica. Colombia aún enfrenta el doble desafío de “conectar e integrar mejor sus territorios y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para que puedan aprovechar esas oportunidades y traducirlas en desarrollo”.
A ese nudo se suma lo que Zuleta llama “gobernanza criminal”: el impacto de las economías ilícitas en el tejido social. En vastas regiones de la periferia, el narcotráfico o la minería ilegal inyectan flujos de dinero que dinamizan el comercio y elevan el PIB regional, pero implantan un orden social paralelo que el Estado no puede penetrar.
“Donde hay mercados ilícitos, a menudo hay una suerte de gobernanza criminal que no permite que el Estado actúe a plena capacidad”, advierte Zuleta. “Y como esa gobernanza criminal además provee una serie de bienes públicos locales, se destruye la legitimidad y la confianza en el Estado. Requerimos un diagnóstico visible de esta relación compleja para no caer en soluciones fáciles”.
El precio de no mirar
La mayoría de los países tienen datos de bienestar, pero carecen de oportunidad. El documento cita con entusiasmo los casos exitosos de Nueva Zelanda o Escocia, territorios con soberanía fiscal, burocracias estables y presupuestos estadísticos robustos que la mayoría del Sur global no tiene. La asimetría es una condición estructural: los países que más necesitan medir son los que menos pueden hacerlo.
“Medir mejor no es un lujo de países ricos; es una necesidad para identificar los cuellos de botella del desarrollo”, sostiene Corredor. Y añade una advertencia: “Ninguna batería de indicadores resolverá por sí sola problemas estructurales como la baja productividad, la limitada diversificación económica, la debilidad del recaudo local o la ausencia del Estado en muchas zonas del territorio”.
Para lograrlo, la experiencia internacional muestra dos caminos. El primero es el de la señalización diplomática: firmar el documento, tomarse la foto y archivar el tablero en los anaqueles del Ministerio de Hacienda cuando llega la hora de ajustar el gasto público. El segundo es el de la vinculación presupuestal: que un proyecto no se apruebe si no demuestra que mueve positivamente los indicadores de equidad, capital natural o reducción del aislamiento.
Colombia ya vivió este cortocircuito en 2020. Cuando estalló la pandemia, la obsesión con las cifras agregadas dejó al Estado ciego ante ese 54 % que el PIB había contabilizado como empleo. El Ingreso Solidario llegó tarde, con datos incompletos, a hogares que nunca habían sido contados bien.
Zuleta rescata el caso opuesto: Familias en Acción, creado en 2001. “Se logró que todos los niños pudieran ir al colegio sin importar el costo de oportunidad de las familias”. Un indicador de bienestar —asistencia escolar— convertido en criterio de política pública. El resultado fue capital humano más productivo, mejores ingresos y mayor legitimidad estatal.
“Estos logros se magnifican en un contexto de alto crecimiento y alto recaudo. Si se percibe que hay un Gobierno entregando bienes públicos, trabajando por cohesión, hay legitimidad del Estado”, afirma.
La diferencia entre los dos casos es exactamente la diferencia entre medir para reportar y medir para decidir.
Como concluye el panel de la ONU: “Lo que medimos moldea lo que valoramos”.
“El reto es que esas mediciones entren en el presupuesto, en la evaluación de políticas y en las decisiones del alto gobierno”, responde Mejía.
Colombia lleva décadas mirando el dinero que circula en sus centros financieros. El lodo que asfixia sus caminos veredales no aparece en ningún lugar prominente. El hambre que habita los platos en sus fronteras tampoco. La brújula nueva que propone la ONU no promete resolver eso. Promete, al menos, que lo veamos.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
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