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El Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el Presupuesto General de la Nación 2026. La administración de Gustavo Petro, por segunda vez consecutiva, presentó una propuesta que depende de la aprobación de una ley de financiamiento, que en la práctica es una reforma tributaria, pero para financiar el presupuesto. El monto total sorprendió a los analistas, pues el Gobierno había prometido austeridad.
El gobierno Petro presentó un presupuesto por $557 billones. Para financiarlo faltan $26,3 billones que esta administración espera conseguir con la reforma tributaria. La cartera anunció que la polémica iniciativa, con la que dobló su apuesta de 2024, llegará al Congreso a finales de agosto.
Esta es una historia que ya hemos visto. El presupuesto de 2025, por $523 billones, no fue aprobado por el Congreso, principalmente porque las cuentas del gobierno no convencieron al Legislativo. En ese momento, la financiación del presupuesto también estaba atada a la aprobación de una ley de financiamiento por $12 billones. Como el Congreso hundió la propuesta en diciembre pasado, el presupuesto de este año quedó desfinanciado. En enero, el Gobierno aplazó los $12 billones, dejando el presupuesto en $511 billones, pero el recorte no se ha hecho formalmente.
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Los datos presentados por el Minhacienda indican que el presupuesto de este año, de hecho, quedaría en $525,8 billones, incluyendo los aplazamientos y los recursos que se sumaron por los impuestos por la conmoción interior en Catatumbo. A partir de ese dato, el incremento del presupuesto en 2026 frente a 2025 sería del 5,9 %. Como porcentaje del PIB, el presupuesto pasaría del 29 % este año al 28,9 % el próximo.
Pese a todas las dificultades que generó un presupuesto desfinanciado, el Gobierno decidió volver a atar su presupuesto a una ley de financiamiento y esta vez con una cifra mucho más ambiciosa, que incluso supera la tributaria de 2022.
Una fuente que conoce de cerca el Ministerio de Hacienda sostiene que si no fue posible aprobar una ley de financiamiento por $12 billones, en un año preelectoral aprobar una de $26 billones es “imposible”.
Aunque todavía no se conoce el contenido de la tributaria, los expertos han advertido que es complejo que el Legislativo apruebe en el último año un proyecto de este tipo. Aun con ese riesgo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no ha planteado alternativas en caso de que se hunda. “El ambiente de la tributaria lo determina las finanzas estatales. Si el Congreso no quiere condena al país”, dijo el presidente Petro en su cuenta de X.
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César Pabón, director ejecutivo de Corficolombiana, pone sobre la mesa que, nuevamente, tendremos un presupuesto desfinanciado, y esta vez por un monto más alto que en 2025. “Vemos que en vez de corregir el problema fiscal y hacer un plan de austeridad, el Gobierno incrementó el presupuesto. De nuevo caemos en la trampa de un presupuesto desfinanciado y dependiente de una la ley de financiamiento”.
Gonzalo Hernández, PhD en economía y exviceministro Técnico de Hacienda, sostiene que después de suspender la regla fiscal, este presupuesto es la “segunda escena en el guion de mal manejo de las finanzas públicas”. Para el experto, el gobierno Petro busca responsabilizar “de su desorden” al Congreso, con la posibilidad de que el presupuesto, nuevamente, salga por decreto, como ocurrió con el de 2025.
En el presupuesto 2026, según el documento que radicó el Ministerio de Hacienda este 29 de julio, se destinarán $365,7 billones a funcionamiento, $102,4 billones a deuda y $88,7 billones a inversión. El rubro que más crece es funcionamiento, con 11,1 %, seguido por inversión, con 5,7 % y cae 9 % el presupuesto para el servicio de deuda.
Para Pabón, sorprende que el gasto en funcionamiento aumente tanto. Asegura que “no es coherente con la coyuntura macroeconómica actual” que el funcionamiento crezca por encima de la inflación. Para el experto, no se observa un plan de austeridad por parte del Gobierno.
Por medio de un comunicado, la cartera de Hacienda defendió que el proyecto permite una gestión fiscal que es compatible con la estabilidad macroeconómica: “Un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública: reduciría la base del recaudo tributario y la capacidad de pago del país”. Para el Ministerio, si se hace un ajuste abrupto, con contracción del gasto público, la economía se vería afectada y habría consecuencias en empleo, inversión y calidad de vida de los colombianos.
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El monto global del presupuesto se debe aprobar antes del 15 de septiembre. En primer debate, las comisiones económicas conjuntas deberán dar el visto bueno al proyecto antes del 25 de septiembre y en segundo debate, las plenarias de Senado y Cámara, deberán aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre. Si para esa fecha no hay luz verde del Legislativo, el presidente Petro podrá expedirlo por decreto.
La crisis fiscal
En junio, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó una noticia que marcará el rumbo económico del país en los próximos años: la suspensión por tres años de la regla fiscal, un mecanismo para garantizar equilibrio entre ingresos y gastos, y tener una deuda sostenible, con la activación de la cláusula de escape.
Aunque en febrero el Gobierno estableció que en 2025 el déficit fiscal (la brecha entre ingresos y gastos) quedaría en 5,1 %, en el Marco Fiscal los cálculos se ajustaron a una realidad dolorosa y preocupante: quedaría en 7,1 %, uno de los peores en 100 años, exceptuando la pandemia. Después de que se conoció el documento, Moody’s y de Standard & Poor’s redujeron la calificación de Colombia.
La ley establece que la cláusula de escape de la regla fiscal se puede activar ante eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica. El Minhacienda sostiene que postergar el ajuste que se necesita contribuye a la estabilidad, pero como señaló el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), “el principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal”, y aplazarlo puede aumentar las primas de riesgo, las presiones sobre el dólar, los costos de financiamiento, entre otras cosas.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sostiene que el desfinanciamiento de más de $26 billones en el presupuesto de 2026, que equivale al 1,4 % del PIB, “contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias para retomar una senda sostenible de deuda y déficit”. Advierte que si no se toman medidas estructurales en ingresos y gastos, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los que se registraron en la pandemia.
Al ver el retrovisor, parte de esta crisis fiscal tiene que ver con las proyecciones de recaudo tributario que no se han cumplido. Para la muestra, un botón: en el Presupuesto General de la Nación 2024, publicado en octubre de 2023, se estimó que los ingresos tributarios de la DIAN serían de $314,9 billones. En febrero de 2024, en el Plan Financiero, el Gobierno bajó su apuesta en $25,7 billones, por un fallo de la Corte Constitucional y un proyecto de ley que nunca llegó al Congreso. Al cierre del año el recaudo sumó $243,6 billones (el recaudo bruto fue de $267,2), muy por debajo de la meta original.
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Este año no se ve un panorama considerablemente mejor. Según un análisis del CARF, entre enero y mayo de este año el recaudo bruto estuvo $6,4 billones por debajo de la meta del Plan Financiero de febrero y el recaudo neto estuvo por debajo de la meta en $11,4 billones. Para este punto ya es evidente que las proyecciones iniciales no se van a cumplir. Los expertos han advertido que para 2026 es vital que el gobierno sea realista en las metas de recaudo.
A todo esto se suma la ambiciosa reforma tributaria que el gobierno Petro quiere sacar adelante en su último año. Preocupa que el Ministerio de Hacienda no esté siendo realista en un momento en el que las proyecciones demasiado optimistas de los últimos años y la ley de financiamiento que no se materializó ya le han pasado factura al país.
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