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El Congreso de la República dio este miércoles un paso clave en el trámite del Presupuesto General de la Nación 2026. La Cámara y el Senado avalaron el informe de ponencia que recoge los ajustes negociados entre el Ejecutivo y los legisladores. Así fue la votación: 83 a favor y 39 en contra en la Cámara; 50 a favor y 3 en contra en el Senado.
El avance no apaciguó las tensiones en un debate que arrancó a las 2 p.m., pese a estar programado para las 8 a.m. Por el contrario, evidenció un choque directo entre la urgencia fiscal y la presión política regional.
El proyecto que sigue en discusión suma 546,9 billones de pesos. En el primer debate ya sufrió un recorte de 10 billones y la eliminación de ocho artículos del texto original, maniobras que el Gobierno defendió como necesarias para contener el gasto en un contexto de estrechez fiscal. Según el Ministerio de Hacienda, la reducción se concentró en gasto de funcionamiento (unos 6 billones) y en inversión (4 billones), con ajustes que, en términos generales, intentaron preservar programas sociales y prioridades estratégicas.
Sin embargo, el ahorro apareció en un presupuesto con muy poca flexibilidad: el 89,1% de los recursos está comprometido por rigideces legales, advierten congresistas y analistas. Esas rigideces incluyen el Sistema General de Participaciones (16,2% del total), las pensiones (15,5%), las vigencias futuras (5,6%) y el servicio de la deuda (18,4%). Con esos compromisos, los márgenes para reasignar recursos son estrechos.
Lo esencial de la propuesta aprobada en ponencia:
- Gasto de funcionamiento: quedó en 358,1 billones.
- Inversión pública: se fijó en 88,4 billones, con una reducción puntual en partidas específicas.
- Transferencias territoriales: suman 269,1 billones, cifra que los congresistas solicitaron ver desagregada.
- Ingresos proyectados: 303,1 billones.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió los acuerdos en el Senado y describió la negociación como una “filigrana compleja”, necesaria para evitar desfinanciar proyectos sociales y estratégicos. Pero el argumento técnico no apaciguó las críticas territoriales.
El epicentro del conflicto: las regiones
El presupuesto entró en la sección más explosiva del debate cuando diputados y senadores de distintas regiones denunciaron recortes que, a su juicio, hipotecan la gestión territorial. Por ejemplo, Caquetá aparece con apenas 8.000 millones asignados; Antioquia denuncia una merma de 200.000 millones; Santander reclama 97.000 millones menos. Representantes de Meta, Arauca, Risaralda, Amazonas, Valle del Cauca y San Andrés también elevaron su voz.
“Este presupuesto concentra la plata en el gasto nacional, crece el presupuesto, pero castiga a las regiones y centraliza el gasto”, dijo Juan Carlos Lozada. La presión fue tal que el Gobierno terminó radicando el presupuesto regionalizado en pleno debate (el documento fue enviado por correo a los legisladores) para responder al reclamo por un supuesto vicio de trámite. Aun así, el malestar persiste: los gobernadores esperan conocer cómo se repartirán los 269,1 billones en transferencias, que definirán la capacidad de ejecutar salud, educación e infraestructura en 2026.
Los ganadores en la redistribución
Once entidades registraron aumentos significativos. Los Entes Universitarios Autónomos recibieron 1,5 billones adicionales para educación superior, la Procuraduría General de la Nación sumó 587.000 millones, y el Instituto Nacional de Vías (Invías) obtuvo 210.000 millones más para infraestructura vial.
Aunque la Presidencia de la República aparece con un aumento de 286.000 millones, el Gobierno aclaró que los recursos se destinan al Fondo Paz, para financiar compromisos del Acuerdo de Paz.
Entre los sectores con mayores incrementos figuran Transporte (206.000 millones, con énfasis en la Vía al Llano y Catatumbo), TIC (195.000 millones para cerrar brecha digital), Deporte y Recreación (186.000 millones) y Salud (71.000 millones, destinados a infraestructura hospitalaria).
Los sectores con recortes significativos
Cuatro ministerios concentran los mayores recortes. Hacienda perdió 2,7 billones, Trabajo 2,6 billones, Inclusión Social y Reconciliación 2 billones, y Ambiente 85.000 millones, principalmente por ajustes en transferencias monetarias y subsidios.
En Justicia, el recorte fue de 317.000 millones, mientras que en Agricultura se reasignaron recursos hacia la Agencia Nacional de Tierras, como parte de la reglamentación de la SAE para facilitar la reforma agraria.
Según Ávila, en Vivienda, el ajuste responde a un rediseño de subsidios: “concentrar esfuerzos en estrategias de mejoramiento de deficiencias cualitativas de vivienda urbana y rural y, considerando los cambios en la economía, eliminar subsidios a la tasa de interés”.
La amenaza que cambió el eje del debate
La senadora Angélica Lozano lanzó una advertencia: si la ley de financiamiento (tributaria) no prospera, el Gobierno podría intentar compensar la falta de ingresos con endeudamiento por 16 billones, un camino que para muchos significa pagar ese volumen con tasas más altas y elevar la presión sobre el servicio de la deuda. Lozano planteó una propuesta radical: condicionar el permiso de endeudamiento a la aprobación de la reforma tributaria, para evitar que el déficit se financie a costa de nueva deuda.
Lozano apuntó que el endeudamiento acumulado en la presente administración supera 1.138 billones, equivalentes a cerca del 60 % del PIB, y el servicio de la deuda en el año ronda los 144 billones. Si el Gobierno recurre nuevamente al mercado de deuda para tapar brechas, el costo fiscal futuro crecería y la hoja de ruta macroeconómica quedaría más estrecha.
Presión legislativa y límites fiscales
El proceso legislativo ha sido intenso. En el primer debate se estudiaron 213 proposiciones que sumaban 24,9 billones en solicitudes; en el segundo, ya se radicaron 140 proposiciones por 69,6 billones, en su mayoría peticiones para adicionar recursos. Ese empuje desde las regiones y los grupos parlamentarios tensiona a diario la discusión y dificulta el cierre técnico del texto.
El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el Presupuesto General de la Nación. Si no lo hace, entrará en vigencia automáticamente el proyecto radicado por el Gobierno, sin incorporar las modificaciones discutidas en el Congreso, un escenario que muchos legisladores buscan evitar por razones de legitimidad política. Y de paso, se sumaría a lo que pasó frente al decreto presupuestal de este año.
La representante Olga Lucía Velásquez advirtió que 89,1 % del presupuesto está comprometido por rigideces legales: Sistema General de Participaciones (16,2 %), pensiones (15,5 %), vigencias futuras (5,6 %) y servicio de la deuda (18,4 %).
Con ingresos proyectados en 303,1 billones, el margen para nuevos gastos es estrecho.
Mientras los plazos corren, el país observa.
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