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El jueves pasado el Gobierno presentó un nuevo proyecto de presupuesto para 2027, luego de que el Congreso devolviera el anterior (elaborado por la administración Petro). En buena parte, la razón del movimiento fue el faltante de COP 30 billones en un monto total de COP 575,6 billones.
Aunque la jugada que se anticipaba era la redacción de un proyecto con un recorte de unos COP 30 billones (también se habló de COP 20 billones), lo que llegó al Congreso fue un documento con un monto total de COP 634,9 billones, es decir, COP 59,2 billones más que el de Petro.
Si bien desde hace un tiempo 1+1 dejó de dar 2 en las cifras de la macroeconomía, la reacción inicial ante el nuevo proyecto de presupuesto fue un poco como 1+1= verde limón.
Desde la visión del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el primer paso para que los números vuelvan a tener sentido era, justamente, presentar el lado más descarnado de las cuentas.
El segundo, para pocas sorpresas, pasa por efectuar un recorte en el gasto este año de casi COP 22 billones. Y en un tercer momento, algo así como un combo de dos golpes, se busca presentar una ley fiscal que no buscará recursos nuevos, sino seguir adelgazando el tamaño y alcance del Estado: la meta objetiva de esa legislación (que sería presentada en unas semanas) sería poder recortar estructuralmente unos COP 45 billones en gasto (algo así como 2,2 % del PIB).
Cuando nada cuadra
Desde la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en junio de este año, varios análisis fueron esbozando panoramas distintos (y ciertamente más oscuros y difíciles de navegar) que lo que mostraban los cálculos del gobierno Petro acerca del rumbo de las cuentas nacionales.
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Uno de estos análisis fue el del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que estimó en su momento que el déficit fiscal de 2026 estaría por encima del 7 % del PIB, cuando la información del Ministerio de Hacienda de Germán Ávila, último ministro de Hacienda de Petro, hablaba del 5,3 % en este rubro.
Hoy, apenas un par de meses después de la presentación de ese documento (que es uno de los imanes claves en la brújula macroeconómica del país), los cálculos del presupuesto muestran que el panorama se ve muy distinto al que mostraban las cuentas oficiales y ciertamente más cercano a lo que el CARF y otros centros de análisis estimaron. Incluso, la fotografía que muestra el proyecto radicado en el Congreso muestra una situación más crítica de lo que se anticipaba.
Los cálculos de la administración De la Espriella indican que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) se ubicará en 7,2 % del PIB este año, una cifra que, según el Ejecutivo, ya incorpora un ajuste de COP 21,9 billones en recorte y aplazamiento de gasto (de lo contrario, sería del 8,2 %).
Para Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, el nuevo presupuesto parece más responsable y realista: elimina los COP 30,2 billones que inicialmente se condicionaron a una reforma tributaria y reconoce obligaciones que el Estado tendría que pagar de todas maneras, pero no por eso es más sostenible.
Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario, coincide en el punto de sinceridad de los números: “Es como salir sin ropa a la calle. Y parece que el gesto fue bien recibido por el mercado. Y es un paso correcto en la conversación sobre cómo seguimos. Lo que nos tiene que contar el Gobierno ahora es cómo nos vamos a vestir”.
En general, los analistas reconocen como una señal positiva que el país tenga cuentas creíbles, después de tres años de manifestar serias dudas frente a las cuentas que proyectaba el Gobierno. El problema es que a la luz del presupuesto radicado la situación fiscal de Colombia es peor de lo que se esperaba. En palabras de César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, “las finanzas del país están al filo del precipicio”.
La palabra precipicio podría sonar aquí entre el alarmismo y el cliché. Pero la discusión no es de poca monta. El Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez proyecta que en 2027 el déficit fiscal puede llegar al 9,4 % del PIB, cerca de dos puntos porcentuales por encima de 2020, el peor momento de la pandemia.
Esta idea ayuda a echar algo de luz sobre el tamaño del hueco, pues nos estamos comparando con uno de los mayores choques externos en la historia moderna no solo de Colombia, sino del mundo: un tiempo de confinamientos obligados, parálisis económica y social en su máxima expresión, y en la que llegamos a acumular unos 300 muertos diarios durante varios meses, como si cada 24 horas se cayera un avión lleno de pasajeros.
Y aun así, mirando en el retrovisor de los horrores del pasado, el déficit de 2027 superaría cómodamente esa mala marca. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, advierte que, de hecho, sería el peor en la historia de Colombia en 120 años. Eso sí, si se materializan las acciones anunciadas por el Gobierno, el panorama sería “menos grave”, en palabras del analista.
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A pesar de la complejidad y el peso de estas cifras, cuando alguien mira por la ventana de su casa todo se ve medianamente normal: la gente sale a comprar sus cosas (aun con una inflación que cerraría por encima del 6 %), el gas llega a la cocina al girar la perilla (a pesar de un déficit nacional que ya lleva años) y, en general, la economía parece crecer, el desempleo se mantiene en niveles bajos y la pobreza está en mínimos históricos.
¿Cómo se conecta esta historia con el diario vivir? ¿El nivel proyectado de déficit implica que nos quebramos? No necesariamente, y aquí hay que dejar claro un punto: prácticamente ningún país del mundo logra balancear del todo sus cuentas. El Estado es un asunto que siempre va al debe, casi que por definición.
Los déficits son un tema más o menos común al momento de hablar de un país. Déficit no es igual a quiebra. En el nivel de un país, esta ocurre cuando un gobierno deja de pagar sus deudas, algo que comúnmente se conoce como entrar en default. Esto puede tener consecuencias desastrosas para una economía, pues le cierra el camino para buscar recursos por fuera, deuda externa. Y, como ya dijimos, operar un Estado es siempre un ejercicio que involucra endeudarse.
Lo que sí importa con el déficit es la trayectoria: si se repite año tras año sin ningún plan creíble de corrección, la deuda crece más rápido que los recursos para pagarla. Ese es el escenario que empieza a preocupar a analistas y calificadoras.
Es por acá que la cosa no se ve bien en Colombia: llevamos años de déficits altos y, con la sincerada de las cuentas que está presentando el gobierno De la Espriella, vamos de mal a peor, al menos en el corto plazo.
Si bien tener los números claros es el primer punto para intentar salir del hueco, el presupuesto presentado, aunque bienvenido en su ejercicio de reconocer los daños, no por eso se vuelve más sostenible, en palabras de Mejía.
Esto, en esencia, tiene que ver con el tamaño de la deuda que se va a asumir para balancear las cuentas: ya no habría desfinanciamiento (que impulsaría una nueva reforma tributaria automáticamente), pero lo que falta (porque falta) se cubriría al debe.
¿Cómo se ve el presupuesto?
El presupuesto presentado esta semana tiene un monto total de COP 634,9 billones, un incremento del 14,2 % frente al vigente para 2026. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37,3 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.
Frente a la primera versión que había presentado Petro, el funcionamiento creció COP 24,9 billones, servicio de la deuda COP 37,4 billones, mientras la inversión cayó COP 3 billones. El Ministerio de Hacienda explicó que el aumento frente a la versión del gobierno anterior se debe a que en ese documento había rubros desfinanciados.
Según la cartera, faltaban COP 6,5 billones para el pago de pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Sobre el crecimiento de la deuda (COP 37,4 billones, más de la mitad del aumento total), Hacienda argumenta que esto se debe a que el gobierno Petro no incorporó en las cuentas los vencimientos de deuda de corto plazo, con tasas elevadas, que se acumularon por la estrategia de manejo de deuda.
Este punto ya lo habían advertido los analistas. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, explica que, en palabras sencillas, para mostrar un mejor balance en 2025 y 2026 se estaba “pateando” el problema para el futuro, pero en el presupuesto de De la Espriella se asume la realidad del endeudamiento que es más compleja de lo que se esperaba.
Pero entonces, ¿cuánto falta para financiar el presupuesto? Como explica Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, se estima un déficit del 4,4 % del PIB. Para financiarlo se acudiría a deuda interna (COP 150,9 billones mediante subastas y colocaciones de Títulos de Tesorería), deuda externa (COP 87,7 billones con multilaterales y mercados internacionales) y utilidades de empresas del Estado como Ecopetrol (COP 20,7 billones).
La deuda es uno de los puntos que más preocupa a los analistas consultados por este diario. Pérez, si bien reconoce que el Gobierno está planteando el peor escenario y que se anunció un plan de ajuste, también advierte que el mayor desbalance fiscal se traduce en mayores necesidades de financiamiento, con consecuencias en las tasas de interés y en los mercados. De hecho, el viernes, los Títulos de Deuda Pública (TES) aumentaron entre 20 y 30 puntos básicos.
Los mensajes claves
Los anuncios que hizo el ministro Gómez llegaron desde la Convención Bancaria, en Cartagena, que reúne a buena parte de su público más inmediato: creadores de mercado, analistas, la gente que toma decisiones de compra de deuda, emite conceptos sobre qué tan buena paga es el país y libera recursos para acompañar, o no, al Gobierno en su tarea de enderezar el camino. Y se dieron apenas un día después de presentado el presupuesto.
Tanto el lugar como el momento, para hablar de la situación fiscal y para esbozar un plan de salida del laberinto, no son fortuitos. Y van en una línea que no pasa solo por los números duros y crudos: intentar que un grupo de representantes de intereses de todo tipo crea que el Gobierno, en serio, quiere timonear hacia mejores costas fiscales.
Que pueda lograrlo va a depender de una serie de factores: voluntades políticas en el Congreso, que no haya un choque grande en los mercados externos que pueda jugar en contra de los flujos de capital y, como dicen varios analistas, ver si todo el plan puede descansar tan solo en la esquina de los recortes. “Al final, las calificadoras y los inversionistas miran la cifra de ingresos certeros, y ahí usted tiene la tarea del recorte, pero también la de nuevos ingresos, tributarios específicamente. Es muy difícil dar este giro sin los dos componentes”, dijo un analista que pidió no ser citado.
El discurso de Gómez fue insistente en que hay la voluntad de hacer la tarea, aunque sea dolorosa (con seguridad lo será). El funcionario hizo una pregunta que, aunque no es popular, se vienen haciendo analistas de todo color político hace un tiempo: “¿Vamos a seguir poniendo todos los gastos en la Constitución para que sean sacrosantos?”.
Clavijo resaltó la importancia de que la decisión de “sincerar las cuentas” en el presupuesto se haya acompañado de otro mensaje del Gobierno de que habrá recorte. La analista resalta que hay un buen momento de mercado para una estrategia que incluya mayor endeudamiento, considerando que en las últimas semanas la prima de riesgo se ha reducido y la tasa de cambio ha reflejado optimismo de los inversionistas externos, pero además hay interés en los mercados emergentes.
Por su parte, Correa reconoce que para el mercado el incremento en el monto del presupuesto, en principio, parece contradictorio con las promesas de campaña, pero todo dependerá de la capacidad del Ministerio de Hacienda de comunicar tres mensajes: que el incremento se justifica en un ejercicio de saneamiento y sinceridad de las finanzas que se recibieron, que se están incorporando los efectos del terremoto y que hay una propuesta concreta y realista de ajuste fiscal. En el último punto el Congreso cumplirá un papel importante porque, al final, será el Legislativo el que defina si las leyes de presupuesto y de ajuste fiscal se harán, o no, realidad.
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