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El Gobierno radicó en el Congreso la segunda versión del Presupuesto General de la Nación 2027. El pasado 11 de agosto el Legislativo devolvió el proyecto que había radicado la administración de Gustavo Petro para que el Ministerio de Hacienda le hiciera cambios. La nueva versión trae sorpresas.
Petro radicó un presupuesto por COP 575,7 billones, con un hueco de COP 30,2 billones que debía llenarse con nuevos ingresos, principalmente de una reforma tributaria. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, afirmó que esa versión era una “chambonada” y defendió que el nuevo Gobierno presentaría un proyecto más sensato.
La versión definitiva contempla gastos por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que el proyecto que radicó Petro. “Es una sorpresa. Realmente hemos oído hablar al ministro de Hacienda de un ajuste, lo cual implicaba que el mercado esperaba una reducción del monto de presupuesto, pero por el contrario vemos que incrementó”, señaló César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Sin embargo, como reconoció el analista, el nuevo Gobierno sostiene que se están “sincerando” las cuentas frente a estimaciones que no se compadecían con la realidad fiscal.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, aseguró a El Espectador que el presupuesto “es más realista, pero no más austero”. Frente al monto del presupuesto de 2026 (COP 555,8 billones), el de 2027 presenta un incremento del 14,2 %. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.
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El ministro Gómez defendió que no se pueden comparar los dos presupuestos, porque en el del gobierno Petro había partidas mal calculadas u omitidas.
El Ministerio de Hacienda mencionó algunos de los rubros que estaban desfinanciados en las cuentas que proponía Petro, principalmente COP 6,5 billones para el pago de pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Sobre el aumento en el servicio de la deuda, de COP 37,4 billones, la cartera sostiene que se debe a “la estrategia irresponsable de endeudamiento del gobierno pasado, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo, cuyas tasas fueron más elevadas, y que sin embargo la administración previa no incorporó en sus cuentas”.
Para José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, el nuevo presupuesto refleja la realidad fiscal del país, pues los analistas y los inversionistas ya sabían que el gobierno Petro había presentado cifras para 2026 y 2027 que no eran creíbles. El problema, dice, es que al “sincerar las cifras” se evidencia que la situación es “mucho peor” de lo esperado. Ahora, desde su análisis, la pregunta es cuál es el esfuerzo fiscal que este Gobierno tendrá que hacer en recorte de gasto para que el presupuesto sea financiable.
De acuerdo con Mejía, el déficit que tendría que financiar el Gobierno sería cercano a los COP 200,4 billones, una cifra inédita. “Al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiamiento llegarían a unos COP 266,3 billones. La principal fuente serían COP 238,6 billones de nuevo endeudamiento, aproximadamente COP 150,9 billones de crédito interno, principalmente mediante TES, y COP 87,7 billones de crédito externo. También se contemplan ingresos tributarios, dividendos de entidades públicas, cooperación internacional y otros recursos de capital”, explicó el exdirector de Fedesarrollo.
El experto insiste en que parece ser una versión más responsable, pues elimina los COP 30,2 billones de ingresos condicionados a una reforma tributaria incierta y reconoce obligaciones que, de todas maneras, el Estado tendría que pagar. Eso no quiere decir, en palabras de Mejía, que sea más sostenible por dos razones: primero, aumenta considerablemente el tamaño del presupuesto, y segundo, sustituye esos ingresos hipotéticos con mayor endeudamiento.
En uno de los documentos que acompañan el presupuesto, el Gobierno estimó que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) se ubicará en 7,2 % del PIB este año, una cifra que, según el Ejecutivo, ya incorpora un ajuste de COP 21,9 billones en recorte y aplazamiento de gasto. Sin esa modificación, el déficit habría alcanzado el 8,2% del PIB. Ambas cifras superan ampliamente lo que se había estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, presentado por la administración anterior.
El panorama se complica todavía más si hablamos del déficit fiscal estimado para 2027: 9,4 % del PIB. Este sería el nivel más alto de la historia reciente, incluso por encima del dato de 2020, el peor año de la pandemia (7,8 % del PIB).
Minhacienda defendió que el presupuesto es un “ejercicio de honestidad” y que se hizo un esfuerzo de austeridad en COP 17,5 billones, con reducciones en compras de bienes y servicios (COP 2,8 billones), inversión no prioritaria (COP 2,5 billones) y otras 250 líneas de gasto (COP 12 billones). El ministro Gómez también anticipó que se radicará en el Legislativo la “ley rescate”, que incluirá medidas para contener el crecimiento del gasto público y la deuda.
Cómo se reparte el dinero entre sectores
Como ya es costumbre en los presupuestos nacionales, el gran ganador en la repartición de la torta es el servicio de la deuda. Este rubro crece 54,7 % frente al presupuesto de 2026, pero también lo hace frente a la propuesta que dejó radicada la administración Petro (una expansión de casi 33 %).
Este crecimiento tiene sentido cuando, en aras de tener unas cuentas balanceadas (aun cuando en total están creciendo), se contempla una consecución de un nivel de deuda que, en palabras de un analista que prefiere no ser citado, “es una locura”.
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El siguiente renglón que captura la mayoría del crecimiento es el propio Ministerio de Hacienda, cuya asignación de recursos llega a cerca de COP 41 billones, con un crecimiento nominal de COP 14 billones frente al primer proyecto de presupuesto (52,8 % de más y casi 43 % más que en el documento aprobado para 2026).
Esto llama la atención si se tiene en cuenta que es una de las carteras desde donde se mueven rubros algo menos transparentes del presupuesto, conocidos como “de libre destinación”.
El tercer gran ganador es el Ministerio de Trabajo, que recibirá 12,4 % más que en el primer proyecto de presupuesto (bordeando los COP 59 billones), algo que se puede explicar, en parte al menos, por las cargas alrededor de iniciativas como la reforma pensional.
En el otro extremo de la recta, la entidad que más perdió nominalmente en esta repartición de recursos fue el Departamento de Prosperidad Social, con un recorte de más de COP 1,6 billones. Esto implica una disminución de recursos de apenas 0,5 % frente a lo que se presupuestó en 2026, pero representa una baja del 16 % de cara al proyecto del gobierno anterior.
Si se mira el asunto desde las disminuciones porcentuales, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sufrió una baja del 37 % en su asignación de recursos frente al presupuesto de 2026 y del 39 % en comparación con la propuesta presupuestal de Petro.
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