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Para este punto, los analistas dan casi por hecho que el Gobierno no va a cumplir la regla fiscal.
En justicia, este no es un hecho enteramente nuevo, pues desde hace meses se viene advirtiendo que las cifras del Plan Financiero de la administración de Gustavo Petro no parecen cuadrar de a mucho.
Lo que sí es novedoso es la posibilidad (casi certera, según el mercado, al menos) de que el Gobierno aplique una cláusula de escape para suspender la regla, un mecanismo que se puede aplicar hasta por tres años.
Con esta jugada, se liberarían los límites de deuda y gasto en un momento en el que las finanzas del país atraviesan por una aguda crisis porque, como ya se dijo, las cuentas no cuadran: al Estado le está entrando menos dinero del que presupuestó y del que necesita para sostener su nivel de gasto.
Aquí vale aclarar que “Colombia atraviesa una crisis fiscal reflejada en un déficit fiscal solo comparable con la pandemia”, como bien lo dice el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
Para 2024, el déficit se calculó, según el Ministerio de Hacienda, en 6,8 %. Esta es una cifra notable, si se tiene en cuenta que en 2023 el indicador cerró en 4,3 % del PIB y, de hecho, es el peor registro en los últimos 10 años (cuando se excluyen los años de la pandemia, 2020 y 2021, por razones obvias).
Pero antes de entrar en más detalles, bien vale la pena entender un poco mejor cómo funciona la regla fiscal.
¿Qué es la regla fiscal en Colombia?
La regla fiscal es un mecanismo que busca mantener el equilibrio de las finanzas públicas, estableciendo límites al gasto del Estado para evitar niveles excesivos de endeudamiento. Aunque suele ser un tema técnico, usualmente reservado para expertos, se puede entender mejor si se compara con la forma en que funcionan las finanzas de una familia.
En un hogar, cuando no hay límites claros de gasto, es fácil endeudarse más de lo necesario. Cualquier compra puede parecer urgente y, sin una planificación adecuada, los gastos superan los ingresos. De manera similar, la regla fiscal en Colombia impone un marco que obliga al Gobierno a gastar de forma responsable, ajustando su presupuesto a los ingresos disponibles y controlando el endeudamiento.
El funcionamiento de esta regla puede compararse con la elaboración de un presupuesto familiar: se parte de los ingresos, se considera lo que ya se debe y, con base en eso, se fijan límites para los gastos. Este marco ayuda al Gobierno a tomar decisiones informadas, como cuánto invertir en ciertos sectores o cuánto destinar al pago de la deuda. Por eso, cada año se establecen metas específicas de endeudamiento, expresadas como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Colombia adoptó la regla fiscal en 2011, mediante la Ley 1473. Para garantizar su cumplimiento y supervisión, se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Este comité ha explicado que la finalidad de la regla es asegurar una relación coherente entre los ingresos y los gastos del Estado, es decir, que por cada gasto se tenga identificada su fuente de financiación. Así se protege la sostenibilidad fiscal del país a mediano y largo plazo.
“La regla fiscal actúa como un límite que evita que los gobiernos se endeuden en exceso, con el fin de asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, dicen desde el Observatorio.
¿Por qué es importante cumplir la regla fiscal?
Al final de cuentas, volarse la regla es pésimo negocio en el largo plazo, pues equivale a ponerse un gran letrero de neón encima de la palabra Colombia que en letras rojas dice: NO SOMOS CONFIABLES.
“Si se vuelan la regla nadie va a la cárcel”, dice Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y exmiembro del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. “La regla es una medida que nos impusimos para mantener cierta disciplina en el frente fiscal y mediante la cual tratamos de balancear los ingresos que, como sociedad, estamos dispuestos a pagarle al Gobierno en forma de impuestos con los gastos que se pagan con esos dineros. Y volársela es decir que no le hicimos caso a esos balances”.
Y agrega, sobre la posibilidad de llevarse por delante los límites que establece: “Eso tiene costos en cómo nos ven los mercados. Y dada la situación fiscal, pues vamos a seguir pidiendo financiación. Eso lo pagamos con más impuestos, que se van para pagar más tasas de interés a futuro. Eso no le conviene a nadie”.
En la lista de posibles malos efectos de lo que pase con la regla se encuentra la revisión de las calificaciones crediticias por parte de las grandes calificadoras de riesgo, notablemente de Moody’s.
Esta es la única gran firma ante la cual Colombia aún cuenta con el llamado grado de inversión, que es una calificación bajo la cual el país puede acceder a financiación externa con mejores condiciones.
En su revisión pasada, emitida pocos días después de la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo en 2024, el país conservó el grado de inversión, pero la perspectiva de la nota fue degrada a negativa por las condiciones retadoras en el panorama económico, asociadas a “un débil crecimiento económico, un incremento sostenido en el costo de endeudamiento del país que podría deteriorar el manejo fiscal y el perfil crediticio del país hacia adelante”, se leía en el análisis de la firma.
Para varios analistas, la rebaja en la calificación por parte de Moody’s y, con ello, la pérdida del grado de inversión, es un asunto inevitable para este punto.
¿Qué es y cómo funciona la cláusula de escape?
La cláusula de escape es una previsión en la ley que permite suspender la regla fiscal en casos de extrema necesidad, que puedan poner en entredicho la solidez de la economía colombiana.
Vale aclarar que la regla fue suspendida por el gobierno de Iván Duque por cuenta de la pandemia (aunque mediante otro mecanismo legal diferente a la cláusula). Y este es un punto clave, pues actualmente no hay un choque externo del tamaño de la crisis por el covid-19.
Lo que no quiere decir que no haya peligros y presiones sobre la economía nacional: tan sólo que no son situaciones imprevisibles, causadas por factores externos, sino más bien una crisis incubada y alimentada localmente.
La cláusula se puede extender hasta por tres vigencias fiscales, o sea, hasta por tres años.
Pero más allá de su aplicación, que para este punto parece ser un hecho de cara al mercado, lo que puede mover la aguja en términos de reputación financiera, y de costo de la deuda, es lo que se haga después de esto: cuál es el plan para volver a una senda de tranquilidad fiscal.
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