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Los cambios de gobierno suelen ser momentos que no están exentos de cierto drama. Si bien hay todo un andamiaje institucional para asegurar que el engranaje del Estado se siga moviendo, los cambios incluyen algún grado de incertidumbre y hasta de traumatismo.
Y esto resulta un poco más cierto para el panorama actual colombiano, tanto en lo político como en lo económico. La administración del presidente electo Gustavo Petro llega no solo con grandes expectativas sobre sus hombros, sino también con responsabilidades y proyectos que implicarán algunos quiebres con la popular frase “business as usual”.
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Uno de los ámbitos en los que se esperan mayores transformaciones es en el sector minero-energético, pues en el proyecto del presidente electo la economía colombiana debe comenzar a alejarse drásticamente de su dependencia de la extracción de productos energéticos.
En total justicia, esta no es una idea nueva. Así como la transición energética es un término muy popular por nuestros días, la transición productiva o económica también lo ha sido por décadas. Y si bien se ha avanzado en varios frentes, lo cierto es que sin el grifo abierto del petróleo la economía colombiana puede entrar casi que de inmediato en cuidados críticos.
Ahora bien, en los tiempos relativos y misteriosos de la política, el período entre la campaña y el triunfo electoral puede ser de apenas días, pero opera como si fueran meses en la evolución de las ideas de gobierno.
“El ajuste del sector petrolero y de gas tiene que ser gradual. En el caso del gas, necesitamos más reservas: eso es bastante claro. El país no puede reemplazar las exportaciones de petróleo súbitamente. Colombia tiene un déficit en cuenta corriente y no puede arriesgarse a que aumente, y la prioridad absoluta es la diversificación de las exportaciones. El objetivo básico es cómo vamos reemplazando nuestra fuente de energía”, dijo en entrevista reciente con este diario José Antonio Ocampo, designado ministro de Hacienda por Petro.
De fondo, algunos analistas han anotado que, al calor de la campaña y las cadenas de Whatsapp, se ha consolidado una especie de falso dilema entre no explotar petróleo o tener una economía (y un país) funcional.
El problema de fondo, dicen, es que hay que solucionar la relación del país con los hidrocarburos: representan ingresos, traen divisas al país y financian el gasto del Estado (más aún cuando se quiere aumentar el gasto social), pero no durarán para siempre y esto se sabe desde hace mucho, así no se haya corregido la ecuación.
La gradualidad es la clave
“En un plazo más largo, cuando el mundo desarrollado, que causa la mayor parte de las emisiones, encuentre la manera de reducirlas drásticamente, los ingresos petroleros colombianos caerán. Entonces será bueno haber disminuido la importancia de estos ingresos. Pero no tiene sentido que Colombia se anticipe a esto, porque no pesa lo suficiente como para influir sobre el cambio climático”, escribió Rafael Rivas, columnista de este diario.
Un cambio gradual en la estructura productiva del país es, a todas luces, una necesidad vital. Y esto lo sabe prácticamente todo el mundo. En la más reciente rendición de cuentas del sector energía de la administración de Iván Duque buena parte de las cifras puestas en la vitrina de los resultados tenían que ver con la transición energética y la adopción de fuentes no convencionales de energías renovables.
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“Pasamos de tener solo dos proyectos de energías renovables cuando llegamos, en agosto de 2018, a contar hoy en día con 24 granjas solares, dos parques eólicos, diez proyectos de autogeneración a gran escala y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala. Además, gracias a las dos subastas de energías renovables que llevamos a cabo, logramos adjudicar proyectos por 2.888 MWp, multiplicando por cien veces la capacidad instalada de estas fuentes”, dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, durante la rendición de cuentas.
Actualmente, se estima que cerca de 30 % de las ventas externas del país corresponden a exportaciones de crudo. De acuerdo con cifras de Fedesarrollo, 1,7 % del PIB de Colombia proviene de la actividad petrolera. De este porcentaje, 1,2 % corresponde a dividendos de Ecopetrol. El restante 0,5 % son ingresos petroleros tributarios.
Es bastante elocuente en este panorama que la mayor empresa del país sea, justamente, Ecopetrol. El año pasado, la petrolera registró $16,7 billones en utilidades netas. Y, de acuerdo con cálculos de Acipet, por cada peso que se genera en el sector se estima que se genera $1,65 para el resto de la economía
La pregunta acá es: ¿qué pasaría con esos recursos financieros sin explotación petrolera? La respuesta obvia es que seguirá habiendo exploración petrolera en el corto y mediano plazo, si se quiere. Pero también es obvio que la economía colombiana no puede depender de las rentas petroleras, volátiles y ancladas a factores que en muchas ocasiones no tienen relación con el país, pero sí terminan afectándolo.
El otro punto que resulta evidente en esta discusión es que varios productos energéticos, como el carbón y el petróleo, tendrían una caída estrepitosa en su demanda si el mundo, en efecto, cumple con sus metas de descarbonización de las economías para 2030, según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Los cálculos de la AIE dicen que, incluso si no se llega al cero de emisiones para ese momento, los cambios en las políticas internacionales de todas formas significarían una baja en la demanda mundial.
De cierta forma, lo que estos cálculos indican es que los problemas financieros por la dependencia de las industrias extractivas llegarán, tarde o temprano.
Esta es una opinión que comparte Antonio Hill, asesor del Natural Resource Governance Institute en temas de transición energética justa, quien en una entrevista reciente con este diario dijo: “Es importante recalcar que las reservas que tiene Colombia en gas y petróleo no son significantes, entonces si la excusa es que emprender una transición energética va a implicar un hueco fiscal, hay que saber que ese hueco fiscal igual se va a dar. Incluso, en el mismo plazo que una transición justa debería darse. Las ganancias del petróleo no van a ser para siempre y la lógica de pensar una transición justa, precisamente, es ver las posibilidades que existen”.
El propio Ocampo ha resaltado la necesidad de dar un salto en el desarrollo productivo del país más allá del horizonte de la explotación minero-energética. “La necesidad de políticas de desarrollo productivo más activas ha sido reconocida por los últimos gobiernos, pero las que se han puesto en marcha son todavía modestas y con una fuerte apropiación regional apoyada por los gobiernos locales. Eso resalta la necesidad de adoptarlas en forma más firme, y dar un salto en materia de investigación y desarrollo, y un impulso decidido a la banca de desarrollo, para avanzar hacia actividades con mayor contenido tecnológico, productividad en todos los sectores y lograr diversificar significativamente nuestro sector exportador, que sigue dependiendo excesivamente de las exportaciones de petróleo y carbón”.
El dilema del “fracking”
La explotación de yacimientos no convencionales, conocidos popularmente como fracking, es quizá la línea roja que, al parecer, no cruzaría la administración Petro en política energética.
En entrevistas radiales, Susana Muhamad, designada ministra de Ambiente por el presidente electo, le cerró la puerta a la exploración de fracking, pues afirmó: “Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos es acelerar una transición energética responsable, pero que también sea una oportunidad productiva para el país”. Y añadió: “El fracking no es una alternativa para un complejo tan delicado como son los ecosistemas colombianos”.
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Ahora bien, en el sector energético esta postura no cae bien, pues, dicen los gremios, la solución para aumentar las reservas de hidrocarburos en el largo plazo (y sostener los ingresos petroleros) pasa necesariamente por el fracking.
Según José Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, “Si les damos vía libre a los no convencionales vamos a tener un impulso que no le puede dar ninguna industria a este país. Debemos ser prácticos. En el futuro inmediato tenemos la tabla de salvación a la mano: es el fracking. Eso significaría liderar la recuperación económica, porque es un recurso sustancial”.
De fondo, la decisión acerca de la exploración petrolera es mucho más grande que una conversación del sector. Lo que las tensiones y los cambios en las visiones sobre la política denotan es que no hay salidas fáciles o soluciones únicas. Lo que hay es una conversación sobre cómo se desarrolla más y mejor el país, de manera sostenible, además. El debate comenzará en estos cuatro años y seguirá, casi con seguridad, por muchos más.
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