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El Gobierno tomará las decisiones que más convengan al país y que no pongan en riesgo nuestra soberanía energética, dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la suerte de los futuros contratos petroleros. En entrevista con El Espectador sostuvo que en materia de nuevos contratos de búsqueda de gas, “el Gobierno está analizando los escenarios y las necesidades que vaya presentando el país”.
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A su colega, el ministro de Hacienda, le ha tocado explicar en diferentes escenarios internacionales que no se ha tomado una decisión final sobre la posible negativa de firmar nuevos contratos petroleros y de gas, lo que ha llevado a analistas e inversionistas a preguntarse: ¿el Gobierno por qué insiste en esa posición?
El gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió con el país a realizar unas transformaciones de fondo en términos de justicia social, económica y ambiental para alcanzar la “paz total”. Y en ese pilar de la justicia ambiental está la gran apuesta que le hacemos a una transición energética justa. En ese sentido, el Gobierno tomará las decisiones que más convengan al país y que no pongan en riesgo nuestra soberanía energética. En sintonía con lo que ha dicho el ministro de Hacienda, tendremos una política macroeconómica responsable. En cuanto a la exploración de petróleo y gas, este es un tema que está en análisis para ver qué necesita el país mientras se lleva a cabo esa transición.
Si con los contratos petroleros firmados no se alcanzaran a reponer las reservas que se van gastando, ¿es válido correr ese riesgo de que nos quedemos sin hidrocarburos en el mediano plazo?
Reitero que cualquier decisión se tomará con responsabilidad para el país y los ciudadanos. Hoy el Ministerio, de la mano de la Unidad de Planeación Minero-Energética, se encuentra trabajando en los escenarios temporales de estimación. Sabemos que las reservas cambian presentemente, así que este es un ejercicio que debemos realizar de manera constante para entregar la información técnica relevante. Estos estudios los consideramos un soporte necesario de la hoja de ruta que vamos a construir, con los cuales podremos establecer el tiempo que requerimos para realizar este proceso de transición energética justa.
Actualmente contamos con más de 147 contratos en fase de explotación que producen 750.000 barriles de petróleo-día y alrededor de 1.100 millones de pies cúbicos/día de gas. Contamos con ocho años en reservas probadas, 9,7 en posibles y 11,4 en posibles en materia de gas. También contamos con 207 contratos con áreas en exploración, de los cuales 117 se encuentran en ejecución y el 56 % queremos reactivarlos para poder contar con estos recursos y aprovecharlos correctamente. Aún tenemos unos recursos gasíferos importantes en el Caribe colombiano, que potencialmente pueden volverse reservas y aumentarían significativamente el horizonte de autoabastecimiento del país. Con los pozos Gorgón, Uchuva y Orca buscaremos que se ajusten los recursos gasíferos a nuestro plan de transición energética.
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Con este panorama, el problema se presentará para los futuros gobiernos. ¿Es cortoplacista la política petrolera de la actual administración?
Como lo dije anteriormente, el Gobierno tomará las decisiones que más convengan al país y que no pongan en riesgo nuestra soberanía energética. Buscamos que Colombia transite de una matriz energética primaria, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una diversificada, descarbonizada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables, las cuales son las mejores fuentes energéticas para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva. Este Gobierno pondrá en marcha esta transición de manera gradual y garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético, las fuentes de empleo y los recursos económicos provenientes del sector.
Usted ha dicho que regiones ricas en hidrocarburos y minería tienen altos índices de pobreza y miseria. ¿El problema es del petróleo y la minería o de la politiquería corrupta?
Creemos que 30 años de política extractivista nos lleva a replantear el modelo en términos sociales. Paradójicamente, las comunidades que habitan las zonas de influencia de proyectos de explotación minera y de hidrocarburos son las más empobrecidas. Sufren afectaciones de toda índole: falta de agua potable, problemas de salud, contaminación, eso también es pobreza.
Países como Noruega, que tiene mejores programas ambientales que Colombia, siguen buscando petróleo en regiones como el Ártico porque necesitan esos recursos para garantizar puestos de trabajo, creación de valor y producción. ¿Por qué Colombia quiere frenar en el futuro la exploración y explotación petrolera?
Nos encontramos en el proceso de construcción de la hoja de ruta para la transición energética justa en Colombia, que anunciaremos muy pronto al país. Esta ruta contendrá el desarrollo de la nueva matriz electrificada con fuentes renovables variables, por ejemplo, las relacionadas con la generación solar y eólica en el Caribe o el uso de la biomasa en la región Pacífico y en la Amazonia.
La ACP dice que una política de debilitamiento de las inversiones y la producción de petróleo y gas llevaría a que el país y las regiones pierdan $18 billones en aportes fiscales entre 2022 y 2026, ¿qué otra fuente se va a desarrollar para llenar ese hueco?
En el corto plazo, para evitar esto, primero, nos hemos comprometido a respetar los contratos vigentes para exploración y explotación de hidrocarburos y estamos trabajando de la mano de las empresas, como aliados, para potenciar la exploración y producción de los contratos suscritos actualmente. Si bien nuestra región ha contado históricamente con un gran potencial de energía de origen fósil, que ha marcado en gran parte la economía extractivista, disponemos al mismo tiempo de un enorme potencial de fuentes de energías renovables, que nos permite implementar procesos robustos de transición energética y hacia economías productivas. Tenemos un potencial alto en energía solar, eólica (en tierra y costa afuera), biomasa, geotérmica y pequeñas centrales hidroeléctricas. Estas características nos ofrecen la ventaja de no ser dependientes de la energía fósil. Entonces lo que pretende este Gobierno es que, a la vez que vamos poniendo en marcha la transición energética, se deben asegurar otras salidas económicas en términos de producción, turismo y otros frentes que el Gobierno en conjunto está analizando.
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Si el gas es un combustible vital en el proceso de transición energética, ¿por qué se insiste en frenar la exploración y explotación futura cuando, en momentos como los actuales, gozamos de precios bajos gracias a la autosuficiencia?
El Gobierno está analizando los escenarios y las necesidades que vaya presentando el país. Como lo hemos señalado en diferentes oportunidades, Colombia goza de soberanía y estabilidad energética, dado que cuenta con reservas probadas en hidrocarburos para los próximos ocho años. El gas es útil para la renovación de la matriz energética y por eso se mantendrá el curso de los proyectos vigentes, enfocados tanto en identificar y determinar el potencial de nuevos recursos, como en potenciar comercialmente las reservas ya justificadas para su desarrollo.
¿Qué metas se ha planteado el Gobierno para avanzar en la transición energética?
En el marco de los pilares de la “paz total”, que son la justicia social, la económica y la ambiental, haremos que Colombia transite de una matriz energética primaria, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables, las cuales son las mejores fuentes energéticas para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva. Nuestro Gobierno sentará las bases de esta transición de manera gradual y garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético, las fuentes de empleo y los recursos económicos provenientes del sector.
Se instaurará un modelo energético de acceso universal, justo e incluyente, en el que el usuario final será protagonista activo de la cadena energética del país y la energía será asumida como un bien común, orientado al impulso de la productividad y la protección de la naturaleza y el buen vivir de la población colombiana.
¿Se podría pensar que con las energías renovables tendríamos tarifas eléctricas más bajas?
La diversificación de la matriz energética y la expansión de las renovables van a tener un programa de comunidades energéticas, que incluye lo que el presidente Petro ha denominado el estallido solar. Este programa va a tener un impacto directo en la democratización del acceso al sistema energético, tanto en la generación como en la operación y uso de la energía.
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Al involucrar las comunidades energéticas, a través de la tecnología solar fotovoltaica, las personas van a poder gestionar su propia energía eléctrica y tener un servicio que no era asequible o al cual no se tenía acceso, porque las redes no llegan hasta los sitios donde habitan los usuarios. En ese sentido, las renovables, particularmente la energía solar, van a ocupar un papel importante, ya que van a permitir tener un servicio que antes no se tenía y con una gestión propia de la energía eléctrica.
Sin embargo, no podríamos plantear todavía un estimado de la tarifa porque aún no se ha definido cómo se van a entregar esos sistemas y cómo se van a cobrar; entonces, lo que podemos decir es que va a ser importante la energía solar en el Pacto por la Justicia Tarifaria, porque el usuario va a poder gestionar su propia energía, instalar los sistemas y va a tener capacitación para operarlos y mantenerlos.
¿Quedó satisfecha con los resultados del pacto por la justicia tarifaria?
Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes. Sin embargo, reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto. 82 empresas se sumaron a las medidas para reducir los componentes de generación, transmisión y distribución. En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54 % se asocian al mercado regulado y el 46 % al no regulado. Debemos seguir trabajando para frenar esa tendencia al alza en el futuro y garantizar que el usuario se vea beneficiado, no transitoriamente sino con medidas sostenibles en el tiempo.
¿Ve verdadero compromiso de las empresas en desprenderse de una parte de sus ganancias para compartirlas con los usuarios?
Debemos reconocer que la mayoría de las empresas aceptaron esta renegociación de sus contratos, en mayor medida las generadoras. No obstante, especialmente en la región Caribe, nos quedó faltando más compromiso de las empresas del componente de transmisión y distribución de energía.
En principio los usuarios se sintieron frustrados, porque no era lo que ellos esperaban y el alivio parece no se sentirá. ¿Cómo procederá el Ministerio con las empresas del sector eléctrico?
Como lo dije, este es solo el primer paso de muchos que debemos dar todos los actores del sector energético para que el usuario tenga una tarifa justa. Con la GREG estamos analizando cuáles pueden ser las medidas para proceder en este tema, con especial atención en el Caribe.
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