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Sin mayores sobresaltos, dramas ni contratiempos, la reforma laboral pasó su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Si hay que adjetivar la sesión de este martes, exprés puede calar mejor que compleja o caldeada.
De entrada, es toda una noticia que el procedimiento haya sido sencillo, dentro de lo que cabe para un proyecto que no daba señales de vida desde diciembre. La contraposición con el caos y la confusión de la sesión de aprobación final de la reforma pensional es tan evidente como bienvenida.
Por otra parte, también es noticia que la laboral queda viva para pelear una legislatura más, luego de que se hundiera en su primer intento de discusión en el Congreso y de que en esta segunda oportunidad pasara unos seis meses sin moverse un centímetro (pues en diciembre del año pasado fueron aprobados algunos artículos en la misma Comisión).
Y en esta suerte de acumulación de titulares también habría que decir que este primer paso de la laboral se logró con acuerdos entre los representantes afines al Gobierno y los de oposición, así como con la redacción de nuevos artículos que tuvieron el aval de la administración del presidente Gustavo Petro.
El camino de la reforma laboral
La laboral ha seguido una ruta algo accidentada (tortuosa, dirían algunos), pues en su primera versión, después de ser presentada con gran pompa y espectáculo, se hundió en el Congreso.
Su segunda introducción para debate fue bastante más modesta y sus avances en 2023 fueron pocos, aunque sustanciosos. En las sesiones de diciembre del año pasado, con la aprobación del artículo 15, se realizaron cambios a las jornadas laborales diurnas y nocturnas, estableciendo que el trabajo diurno va desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, mientras que el nocturno va desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana (actualmente se concibe como trabajo nocturno el que se realiza después de las nueve de la noche).
Así mismo, se le dio el visto bueno al artículo 19, que se refiere a la remuneración del trabajo suplementario, reconociendo un recargo del 100 % para las labores que se realizan en días dominicales (o el día de descanso) y festivos. Hay que tener en cuenta que el recargo vigente es del 75 %, por lo que los trabajadores, con esta reforma, recibirán un 35 % más.
Sin embargo, la transición hacia ese 100 % será gradual. A partir de julio de 2024 este se incrementará a 80 %, en julio de 2025 al 90 % y al año siguiente se elevará al 100 %. No obstante, el empleador puede acogerse a la medida del 100 % tan pronto entre en vigencia este proyecto de ley.
Entre los más de 12 artículos aprobados en ese momento se cuenta también la inclusión de uno que establece la necesidad de que los trabajadores de plataformas digitales (cuando sean dependientes o subordinados de estas) tengan acceso a seguridad social.
Los peros
La principal queja de las empresas y gremios es que la reforma hace más costosa la contratación formal de personal. En otras palabras, que encarece la formalidad laboral en un mercado dominado por la informalidad.
De acuerdo con los datos más recientes del DANE, 55,8 % de la fuerza de trabajo en Colombia labora sin las protecciones de ley que brinda un contrato formal.
Según datos de Fenalco, si la reforma se aprueba en su condición actual, esta podría representar 30 % más de costos en nómina para una mipyme.
En su momento, un informe del Banco de la República situó en poco más de 6 %, aproximadamente, el aumento en costos para la contratación por cuenta de las modificaciones en las jornadas laborales.
Por otra parte, la línea argumentativa del Ministerio de Trabajo, y del Gobierno en general, es que la reforma es necesaria pues busca poner a Colombia a tono con reglamentaciones internacionales, como convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así mismo, frente a los costos de las contrataciones, algunos analistas también han anotado que no es posible promover el empleo en el país, sin que este sea de calidad, con mayores protecciones y mejores marcos de remuneración. En otras palabras, que no solo se trata de cantidad, sino de calidad (en pro de los trabajadores).
Los artículos que salieron de la reforma
En total, se eliminaron 23 artículos de los 98 que tenía la ponencia positiva del proyecto. La mayoría de estos se hizo en acuerdo con legisladores de oposición, algo que, como ya se dijo, es notable para este proyecto y en este momento del país.
Los primeros en salir fueron el artículo 9, que aborda las sanciones a las que sería sujeto un empleador por la mora en el pago de la liquidación a un empleado tras la terminación del contrato, y el 10, que hablaba de la ineficacia del despido discriminatorio.
Una supresión importante fue la del artículo 50, que pretendía ponerle límites al uso de la contratación por prestación de servicios. En su momento, los ponentes habían argumentado que en este punto la reforma buscaba evitar el abuso que algunos empleadores le dan a esta figura para negar estabilidad laboral a los trabajadores. En la norma se leía: “No podrán celebrarse contratos de prestación de servicios ni cualquier tipo de contrato civil o mercantil con personas naturales, para realizar actividades subordinadas en empresas privadas”.
Además de esto, a mediados de la semana pasada se decidió salir de un bloque de 20 artículos, relacionados con los derechos asociativos. Si bien no se arrancó de tajo todo el articulado pensado para los sindicatos (algunos que los benefician ya fueron aprobados), el recorte que se le hizo a la laboral en esta materia fue sustancial.
Lo que entró nuevo
Las mayores adiciones se dieron en la sesión definitiva de este martes, cuando se aprobaron seis nuevos artículos, todos con el aval del Gobierno.
Entre estos se cuenta la extensión a 18 días hábiles las vacaciones para el personal operativo de servicios de vigilancia y seguridad privada. También se aprobó la creación de un programa de acompañamiento para las micro y pequeñas empresas en la implementación de la ley. Así mismo, se incluyó un nuevo artículo para la formalización de madres y padres comunitarios.
La Comisión Séptima también determinó que siete artículos que aplican para las plataformas digitales de reparto solo empezarán a regir seis meses después de que el Gobierno reglamente lo establecido en la reforma (lo que, en pocas palabras, extiende en un tiempo no determinado la entrada en operación de estas previsiones).
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