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El nuevo Gobierno llega con dos prioridades económicas: reducir el tamaño del Estado, tal como lo prometió en campaña, y rediseñar el estatuto tributario, ante la urgencia de encontrar nuevas fuentes de recursos.
Miguel Gómez, quien asume el Ministerio de Hacienda este 7 de agosto, ha sido la voz que ha ido delineando el plan. En líneas generales, así luce la agenda económica del gobierno de La Espriella.
¿Por dónde empieza el recorte del gasto?
Sobre un punto hay consenso entre expertos y analistas: el gasto del Estado debe recortarse. Gómez aseguró esta semana que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno (que podría anunciarse incluso este 7 de agosto) será un recorte de COP 20 billones en la chequera estatal.
Parte de esa discusión se dará alrededor del Presupuesto General de 2027, radicado a finales de julio por la administración de Gustavo Petro. El documento propone un monto total de COP 575,6 billones, con un faltante de COP 30,2 billones que debería cubrirse con una reforma tributaria (ya hay una en curso, aunque el gobierno de La Espriella ha anunciado que presentará una propia) y con recortes por el lado del gasto.
Según explicó un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, una de las jugadas más probables es que el Congreso rechace el monto del Presupuesto para, sobre esa base y de la mano con el nuevo Gobierno, aplicar un recorte de entre COP 15 billones y COP 20 billones.
A fondo: ¿Cómo resolver los problemas fiscales de Colombia?: una hoja de ruta
Durante la campaña, De la Espriella habló de reducciones drásticas al tamaño del Estado. La idea puede ser un atajo hacia resultados fiscales rápidos, pero su implementación choca con la realidad presupuestaria: el Estado es una estructura amplia y difícil de ajustar bajo reglas generales, como un congelamiento inmediato del gasto.
Y no hay que olvidar que buena parte del gasto del Estado es inflexible (está atado a previsiones legales, derechos adquiridos, mandatos constitucionales): según cálculos del Ministerio de Hacienda y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), los montos inflexibles representarían entre 88 % y 91,4 % del gasto total para este año.
Gómez ha planteado pasar de 19 ministerios a 13. El primero en la mira es el de Justicia, que se fusionaría con Interior, una figura que ya existió en el pasado. El obstáculo es que estas decisiones requieren el visto bueno del Congreso, donde los números de la oposición —bajo el llamado a la desobediencia civil— podrían complicar el trámite.
Mientras Gómez mueve estas fichas, que ayudarían a ajustar el cinturón fiscal, expertos de la Mesa Fiscal (convocada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el CARF) han identificado medidas más profundas y con mejores resultados en el largo plazo. Entre ellas, reformar los regímenes especiales de pensiones, en particular el de las Fuerzas Militares y la Policía.
El Estado se reparte: la apuesta por la descentralización
Gómez ha insistido en varios momentos en que otra prioridad es reducir el peso del gobierno central y trasladar parte de esa carga a los territorios.
Ya existe una reforma al Sistema General de Participaciones que transfiere más poder a las regiones en materia de organización presupuestal y ejecución de funciones. A eso se suma la llamada ley de competencias, radicada en semanas recientes, que busca definir quién hace qué y con qué recursos.
El objetivo de fondo es que el Sistema General de Participaciones llegue, en un plazo de 12 años, al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy esa cifra está en 29,5 %.
La medida podría redefinir la relación entre las regiones y el gobierno central, pero también conlleva riesgos de manejo político y corrupción en el largo plazo. Su diseño depende, en buena parte, del Congreso, aunque la nueva administración deberá liderar el proceso.
Además del trámite de la ley de competencias, los expertos de la Red de Trabajo Fiscal señalan que hay una tarea pendiente en el funcionamiento de los sistemas de tributación municipal, distrital y departamental. “Lamentablemente, la ciudadanía debe enfrentarse a la proliferación de tributos como estampillas, contribuciones especiales y tasas que generan una sobreimposición de la actividad productiva; a un laberinto de obligaciones formales por parte de cada municipio del país (sujetas a altas sanciones por incumplimiento), tarifas impositivas arbitrarias (como las del impuesto de alumbrado público en algunos municipios); tributos injustos y contrariedades procesales que solo se explican por la falta de claridad en nuestro sistema y la incapacidad de gestión tributaria de las entidades territoriales”, escribieron en un análisis publicado por este diario.
Menos impuestos, pero más simples: la apuesta tributaria
Para Gómez, el estatuto tributario es excesivamente complicado, un diagnóstico que varias misiones de expertos han validado, con matices. Su propuesta es reducir el número de impuestos de unos 15 a tres: renta, IVA e IVA externo.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y Hacienda, entre otros cargos, calificó la idea de plausible, pero advirtió condiciones: “Para que sea factible, debe ir acompañada de una especie de tabula rasa en todo lo que son minoraciones tributarias (exenciones, deducciones y tratamientos de privilegio fiscal). Tarea ciclópea en el Congreso y contra los grupos de interés”.
Una de las propuestas centrales de la Mesa Fiscal apunta, justamente, en esa dirección: una revisión exhaustiva y una reducción de los beneficios y exenciones tributarias. “Colombia tiene una gama atípicamente alta y costosa de tratamientos tributarios excepcionales”, sostienen los expertos, quienes advierten que muchos de estos beneficios no tienen seguimiento posterior para verificar si cumplieron sus objetivos de política pública.
Los analistas de la Red de Trabajo Fiscal calculan que una decisión estructural sobre estos beneficios “permitiría recuperar la pérdida de aproximadamente COP 130 billones por concepto de recaudo. Esto ha sido sistemáticamente recomendado, como lo sugirió el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios”. Y añadieron: “Este es el problema que en mayor medida afecta el recaudo en el país. Es claro que no existe un grupo de congresistas que analice técnicamente este aspecto. En tal sentido, debería delegarse en un equipo técnico junto con la academia la tarea de analizar cada gasto tributario, analizar la relación beneficio/costo y determinar cuáles se justifican y cuáles no. Esto incluso permitiría reducir la tarifa del impuesto a la renta de las personas jurídicas”.
Un hueco fiscal que ninguna reforma ha logrado cerrar
Colombia atraviesa desde hace un par de años los peores déficits fiscales de su historia reciente, con la excepción de los años de pandemia. Ese deterioro ha venido acompañado de caídas en el recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
A ese panorama se suman rebajas en las calificaciones crediticias, alzas en las tasas de interés que rigen la deuda externa y una inflación que no logra alcanzar la meta del Banco de la República y que, actualmente, se está acelerando.
Al mismo tiempo, el país ha mantenido un mejor ritmo de crecimiento económico —particularmente en el PIB—, un desempleo en niveles históricamente bajos y disminuciones en pobreza monetaria y multidimensional.
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La ecuación fiscal depende de múltiples factores, aunque, en una visión simplificada, pueden agruparse en ingresos y gastos. En ambos frentes hay ajustes pendientes, no solo desde la Casa de Nariño, sino también desde el Congreso y los intereses de los partidos políticos.
Según el Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección superior a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB. Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,5 % del PIB; en 2028, bajar a 3,6 %, y hacia 2037 debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.
La proyección suena razonable, pero su cumplimiento depende de una serie de metas que no son sencillas de alcanzar. Según las cuentas del Minhacienda, se necesitan cerca de COP 30 billones para empezar a estabilizar el panorama fiscal, dar más solidez al Presupuesto y financiar las inversiones que el Gobierno quiera emprender. La cifra —ya de por sí alta, si se tiene en cuenta que la pasada reforma tributaria buscaba recursos por alrededor de COP 20 billones— solo alcanzaría para cubrir 2027. De ahí en adelante, el costo será aún mayor.
Las cifras del Ministerio indican que, para retomar el camino de la regla fiscal hacia 2028, el país necesita incrementar sus ingresos tributarios a un ritmo de 1,4 % del PIB cada año, con miras a llegar a 1,6 % del PIB. La meta luce difícil de cumplir si se considera que, entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios crecieron apenas 0,4 % del PIB.
Con un déficit de 5,3 % del PIB (que podría ser mayor según varias estimaciones), un recaudo que avanzó solo 0,4 % del PIB en seis años pese a tres reformas tributarias, y COP 130 billones perdidos en exenciones que nadie evalúa, el nuevo Gobierno hereda una situación que exige algo más que reingeniería: decisiones que ningún Congreso ha querido tomar, y capital político a dos manos si se busca emprender cambios estructurales.
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