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Decir que el incremento del salario mínimo despertó un intenso debate sería señalarlo por lo bajo, una especie de murmullo cuando en realidad lo que vino fue un grito con altavoces tipo concierto.
El alza del 23 % decretado por el Gobierno, y anunciado por el presidente Gustavo Petro mediante una alocución este martes, ha sido interpretado por gremios y analistas como una suerte de granada sin espoleta contra la economía.
Y aunque hay una serie de argumentos y proyecciones que ponen en seria duda la conveniencia o lo saludable de la medida, también hay otros ángulos y perspectivas para considerar.
El vaso medio lleno
El Gobierno ha defendido reiteradamente la medida tomada bajo una serie de argumentos, que se pueden agrupar en dos grandes categorías, si se quiere.
La primera es la de una remuneración más justa y adecuada para los trabajadores, especialmente los que están atados al mínimo (unos 2,4 millones de un total que ronda los 24 millones).
Para el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, “estamos inaugurando una nueva era en la discusión del salario mínimo en Colombia”. No le falta razón para decir esto, más allá de los eslóganes preelectorales y la sobrecarga retórica y simbólica propia de los políticos.
Del umbral puesto por el Gobierno no hay regreso, a menos de que haya medidas legales contra el decreto. Pero esa harina es de otro costal.
“Nosotros nos situamos en una perspectiva keynesiana, que es la que nos dice que a mayores ingresos hay mayor consumo, mayor demanda, mayor producción y más empleos. El factor salarial es solo un punto de producción, que podría tener un impacto en los precios finales de los productos del 0,6 %. Es marginal”, sostuvo Sanguino durante una rueda de prensa al día siguiente de la alocución presidencial.
Y por acá entramos al otro grupo de razones detrás del alza en el mínimo. Según el presidente Petro, el aumento favorece al conjunto de la economía, pues los trabajadores que están por encima de ese umbral tratan de que sus salarios se incrementen en ese porcentaje, por ejemplo.
A su vez, también pone a circular más dinero que, según el mandatario, redunda en beneficios en ventas para trabajadores de la economía popular que están por debajo del umbral del mínimo.
De cierta forma, el argumento es: más plata circulando es mejor para todos, impulsa ventas, compras y crédito. Y mediante este motor (el de la demanda) se puede generar un crecimiento integral.
El vaso en llamas
Las críticas en contra del alza, como era previsible, llegaron pronto y a raudales.
“Estamos hablando de un incremento impresionante, ya que es cuatro veces la inflación. El aumento real es del 18 %, lo que implica una reestructuración de costos para las empresas”, explicó esta semana María Elena Ospina, presidenta ejecutiva de Acopi, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La voz de este gremio es particularmente sensible en este debate, pues más del 90 % del tejido empresarial en Colombia pertenece al renglón de las mipymes. Y en éstas un aumento de este calibre en el mínimo se siente bien distinto de lo que puede experimentar un conglomerado con cientos o miles de puntos de venta a nivel nacional.
Las tensiones que se activan con el alza en el mínimo están atadas a dos factores esenciales: posibles problemas con la inflación y con el empleo (especialmente con el manejo de la informalidad).
Aunque actualmente el país presenta una tasa de desempleo de un solo dígito, y en niveles históricamente bajos, el aumento del empleo se ha concentrado sobre todo en trabajos por cuenta propia, según su denominación oficial. Este tipo de ocupaciones suele vincularse a la informalidad, que en octubre alcanzó el 56,1 %, igualando el nivel de enero y quedando muy próxima al punto más alto del año, registrado en marzo, con 57,7 %.
El aumento en el valor de las contrataciones por el mínimo, dice una porción de las críticas, puede ponerle barreras extra a la formalización del empleo. Esto se sumaría a las exigencias extras que llegaron con la reforma laboral, aprobada en 2025 por el Congreso e impulsada por la Casa de Nariño.
Otro aspecto delicado dentro en este escenario es la inflación, un terreno en el que persiste la incertidumbre. Tanto los sindicatos como el Gobierno han reiterado que, pese a los aumentos significativos decretados por la administración Petro en los últimos años, el desempleo ha descendido a mínimos de varias décadas y la inflación no ha registrado un repunte descontrolado.
La inflación está en menos de la mitad de su pico pospandemia, cuando superó levemente el 13 %; actualmente está en 5,3 %. Y si bien la cifra es una mejoría, está por encima del cierre de 2024.
Algunas proyecciones aseguran que sin las presiones extras del mínimo (cuyo anterior aumento fue del 9,5 %), el Índice de Precios al Consumidor ya estaría en el rango meta del Banco de la República (que la ubica en 3 %).
El salario mínimo: una jugada entre varias
En medio del debate vale la pena decir algo que, no por obvio, es menos importante: el salario mínimo no es la única bola de billar en la mesa en la que se juega la partida de la economía.
Y si bien tiene el potencial de pegarle a otras, impulsarlas, hacerlas retroceder, es apenas una variable en una ecuación que tiene tantas otras, tanto en el lado público como en el privado.
Nada de esto agranda o ensombrece los argumentos a favor o en contra del aumento del 23 %, pero apenas ajusta un escenario en el que puede abundar tanto el tremendismo como el triunfalismo.
Lo cierto es que los meses que vendrán, incluso los años, irán acomodando las cuentas que se deriven del aumento del mínimo (este y los siguientes). Claro, esto sucederá de la mano con decisiones alrededor del consumo de los hogares, determinaciones (o frenos) en la inversión de negocios privados.
Pero también se deberá dar en paralelo con políticas públicas que vayan en la vía de suavizar impactos negativos en renglones claves (el Gobierno habla de acciones en vivienda y control de precios), que estimulen la creación de empleo y riqueza.
De nuevo, suena algo evidente, pero buena parte del juego que viene para la economía estará en manos de los millones de decisiones individuales y colectivas que se tomen de aquí en adelante. El bienestar económico no se decreta, claramente, pero tampoco se dinamita de forma inmediata con una alocución.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque todas estas variables entrarán al baile en un año pleno en incertidumbre electoral, pero en el que también hay poco espacio fiscal para que papá Estado siga pagando por la fiesta.
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