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Desde la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro venía hablando del incremento del salario mínimo y de cómo aprovecharía la última oportunidad que tenía para fijarlo. En meses siguientes, varias figuras del Gobierno fueron hablando de un incremento sustancial. Y en la mesa de negociación los sindicatos pusieron sobre la mesa un alza de 16 %. Lo que pasó este lunes superó todas las expectativas, para bien y para mal.
A través de una alocución, el presidente Petro anunció que el aumento del mínimo para 2026 será de 23 %, sin contar el auxilio de transporte. La inflación cerraría el año apenas por encima de 5 %, lo que implica que el alza del mínimo anunciada por el mandatario está un 18 % por encima del crecimiento en los precios nacionales.
Según el presidente Petro, el aumento del mínimo favorece al conjunto de la economía, pues los trabajadores que están por encima de ese umbral tratan de que sus salarios se incrementen en ese porcentaje, por ejemplo. Y, a su vez, también pone a circular más dinero que, según el mandatario, redunda en beneficios en ventas para trabajadores de la economía popular que están por debajo del umbral del mínimo.
Para ver el dato en contexto, y siguiendo cifras recopiladas por el Observatorio Laboral de la U. del Rosario, desde 1984 ha habido 12 ocasiones en las que el incremento del mínimo ha estado en el reino del 20 %. Todas fueron entre los años 80 y 90 y ninguna superó a la inflación del momento por encima de 4 %. En otras palabras, un aumento real de 18 % es inédito.
Esto implica que los trabajadores que devengan un salario mínimo recibirán COP 1.750.905 a partir del 1° de enero de 2026. El subsidio de transporte aumentó en 24,5 %, quedando en COP 249.095. En suma, los trabajadores que dependen directamente de este ingreso recibirán, mensualmente, COP 2.000.000 en 2026.
Las celebraciones
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, celebró esta decisión. En entrevista con El Espectador, dijo, sin mayores sorpresas, que “estas son buenas noticias para los trabajadores”. Y añadió: “Ningún gobierno, en ningún momento” se había atrevido “a hacer un incremento de esta magnitud y de esta naturaleza para ayudarle a los trabajadores y ayudar especialmente a cerrar esa brecha tan grande que se ha acumulado históricamente en el país”.
En buena parte, el alza inédita que anunció la administración Petro se fundamenta en el informe que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregó este año al Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo vital y móvil, una referencia distinta al salario mínimo legal, ya que mide el ingreso necesario para garantizar el acceso real a la canasta básica familiar.
Según lo explicado por el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, se estableció que como mínimo un adulto debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra llega a los COP 1.288.654. En costos de vivienda (durabilidad, espacio, instalaciones y accesorios), tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.
Finalmente están los rubros de salud, educación y otros gastos esenciales (transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones). Por persona son COP 154.606, mientras que las otras necesidades del hogar son COP 827.549.
En suma, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960. Lo que el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras sostienen con estas cifras es que el ingreso más básico que hoy reciben los trabajadores en Colombia está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como un umbral mínimo.
El aumento del mínimo para 2026 es, de cierta forma, una noticia anunciada: se completan tres negociaciones en las que las partes no se han podido poner de acuerdo, pero con el ingrediente extra de intervenciones de Gobierno (desde mediados de año) dando por hecho que se impondrían dos dígitos por voluntad presidencial. Días después del discurso del 20 de julio un usuario en redes lo definió de esta forma: “Una negociación por decreto”.
Pero más allá del proceso estéril de concertación (en el cual los empresarios propusieron 7,2 % como aumento), hay consideraciones extra alrededor del mínimo, que escapan a las celebraciones de los sindicatos y el discurso oficial.
Las malas proyecciones
Un aumento de este calibre marca un gran contraste incluso con las alzas anteriores del mínimo en la presente administración, en la que sólo se ha logrado una concertación. Pero también introduce al conjunto de la economía en un terreno que no parece ser del todo certero o predecible.
“Estamos hablando de un incremento impresionante, ya que es cuatro veces la inflación. El aumento real es del 18 %, lo cual implica una reestructuración de costos para las empresas”, explica María Elena Ospina, presidenta ejecutiva de ACOPI, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta voz es importante en esta discusión porque más de 90 % del tejido empresarial en Colombia se compone de este tipo de unidades, en donde un aumento de este calibre en el mínimo se siente bien distinto de lo que puede experimentar un conglomerado con cientos o miles de puntos de venta a nivel nacional. Aquí no hablamos tanto de impacto, sino de golpe con un guante lleno de piedras, envuelto en alambre de púas.
“En una restructuración pueden pasar varias cosas. Las compañías comenzarán a buscar otras alternativas de contratación para el personal. Muchas empresas podrían empezar a contratar por horas o a tiempo parcial. La informalidad se convierte en un gran riesgo, el más grande, ya que al subir el salario mínimo se sube la barrera para hacer las cotizaciones, lo que podría derivar en que muchas empresas, para mantener su nómina, terminen en la informalidad”, argumenta Ospina.
Y agrega: “La mayoría de nuestras micro son unipersonales. Solamente tres empleados, con sus respectivos pagos a seguridad social, son cerca de COP 10 millones”.
La tensión entre formalidad e informalidad es uno de los puntos ciegos en la discusión del mínimo. Si bien el país cuenta hoy con una tasa de desempleo en un dígito y en mínimos históricos, este crecimiento en puestos de trabajo se ha dado, principalmente, en posiciones de cuenta propia, como se les conoce oficialmente. Estos son empleos que suelen ser asociados con la informalidad, cuyo último registro se situó para octubre en 56,1 %, la misma cifra registrada en enero y muy cerca del máximo del año, 57,7 % (marzo).
Los críticos del aumento decretado por el Gobierno se centran también en la perspectiva de la OIT o, más bien, en cómo la administración Petro está usando esos datos. “La OIT efectivamente plantea que el salario mínimo debe permitir un nivel de vida digno, pero siempre bajo dos condiciones explícitas: que sea consistente con la productividad laboral, y que no ponga en riesgo el empleo ni la sostenibilidad macroeconómica. No se trata de una recomendación aislada para fijar salarios por decreto, sino de un marco integral que equilibra bienestar, empleo y viabilidad económica”, dice Luis Fernando Mejía, saliente director de Fedesarrollo.
Mejía explica que “en el caso colombiano, un aumento de dos dígitos no es coherente con ese marco. La productividad laboral está cayendo, la inflación sigue siendo elevada y el espacio fiscal es muy limitado. En ese contexto, un ajuste de esa magnitud terminará afectando justamente a los trabajadores más vulnerables, vía menor creación de empleo formal, mayor informalidad y mayores presiones inflacionarias”.
El otro punto sensible en la ecuación es el de la inflación. Y sobre estas aguas no hay claridad absoluta. Los sindicatos, y el Gobierno, han dicho en varias ocasiones que, a pesar de las considerables alzas que ha decretado el gobierno Petro en los últimos años, el desempleo ha caído a sus niveles más bajos en décadas y la inflación no se ha disparado.
Parcialmente cierto, al menos. Sí, la inflación está en menos de la mitad del pico pospandemia, de poco más de 13 % en 2023. Pero la pregunta que algunos se hacen es cuánto más podría haber bajado si el mínimo no hubiera sido lo que ha sido en años recientes; actualmente se ubica en 5,3 %, por encima del cierre de 2024.
Según cálculos de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, si el mínimo hubiera crecido unos dos puntos porcentuales por encima de la inflación del momento en años recientes, el Índice de Precios al Consumidor estaría llegando a 3,6 %, lo que lo ubicaría en el rango meta del Banco de la República.
Hay un punto en esta conversación en el que también se conectan centrales obreras y el Gobierno: en pedirle al Banco de la República que baje (a sombrerazos, por momentos) sus tasas de interés. En esencia, la junta ha mantenido relativamente elevadas las tasas justamente porque la inflación no termina de ceder.
“Parte importante de la persistencia inflacionaria reciente no obedece solo a choques externos o de oferta, sino al propio diseño de la política salarial. Un nuevo desvío significativo en 2026 prolongaría ese sesgo inflacionario y retrasaría aún más la convergencia hacia la meta”, explica César Pabón, director ejecutivo del centro de análisis de Corficolombiana.
Bajo la mirada de esta unidad, con el alza de 23 % en el mínimo proyectan una inflación por encima de 6,5 % para finales de 2026, duplicando (y un poco más) la meta del Banco de la República, que se sigue manteniendo en 3 %.
De acuerdo con José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, “durante el trienio reciente los incrementos definidos han generado una presión adicional de 76 puntos básicos sobre la inflación anual. Como resultado, el proceso de convergencia inflacionaria hacia el rango de tolerancia del Banco de la República ha sido desafiante y durante el 2025 estas presiones alcistas contribuyeron al estancamiento de la inflación por encima del 5 %”.
Por su parte, el examen que hace el equipo de Investigaciones Económicas de Davibank es que el efecto del mínimo sobre la inflación se ha visto, especialmente en la canasta de servicios, que “pasaron de contribuir con el 27% de la inflación en 2022 a 57% en 2025, ya que de acuerdo con nuestros análisis es el que absorbe el mayor efecto de indexación asociado a incrementos de costos laborales y a cierres anuales de la inflación por encima del rango objetivo del banco central en años anteriores. Dicha recomposición se traduce en un rezago en el avance hacia el rango meta en comparación con países de la región como México (3,8% Nov-25) Chile (3,4%), Brasil (4,46%), y Perú (1,37%) que han logrado acercamientos al rango objetivo de forma más rápida que Colombia”.
Aunque hoy por hoy unos 200 ítems se han desligado de aumentos del mínimo (aunque la lista exacta parece no tenerla nadie, ni su evolución en años recientes), el alza en este salario sobrepasa, por mucho, la sola conversación sobre remuneración de trabajadores y se extiende al conjunto de la economía.
De hecho, según datos del DANE, menos de 2,5 millones de empleados dependen directamente del mínimo en Colombia, de casi 24 millones de trabajadores que hay en el país. Más de 11 millones están por debajo de este umbral. Y la conversación sobre formalidad e informalidad se centra, justamente, en esta población.
Pero los impactos del mínimo se trasladan hacia la inflación en “servicios relacionados con la copropiedad (administración de edificios), la educación no escolar y servicios personales como las guarderías o el servicio doméstico”, según explica Pabón.
Por otra parte, el traslado del mínimo hacia el bolsillo de todos los consumidores se hace vía las empresas que, ante un alza en sus costos, trasladan esos nuevos valores hacia el público, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, “como la vigilancia y el comercio”, dice Mejía.
Desde Acopi, Ospina advierte que con el alza anunciada “los costos productivos en las mipymes podría aumentar entre un 65 y 70 %. Hoy, por cada COP 100 que reciben estas empresas, en promedio tan solo COP 30 se quedan como ganancia, sin tener en cuenta que de ese dinero también salen los recursos para inversiones”.
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