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Hace casi 100 años existe el gremio cafetero en Colombia y desde entonces ha manejado los impuestos derivados de la caficultura. Pero esta es la primera vez que el Gobierno Nacional se muestra en contra de que la administración de los recursos parafiscales le sea renovada a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). ¿Quién debería manejar este dinero? ¿Qué papel juega la política y qué tensiones hay entre las instituciones?
Se trata de un momento crítico para este tema, ya que entre junio y julio se vence el contrato de administración que tiene la FNC de los recursos del Fondo Nacional del Café (FONC). Está por verse cómo se da dicha renovación y bajo cuáles condiciones.
Lo que está sobre la mesa
Para entender lo que está en juego hace falta aclarar que el fondo es el destinatario de los impuestos de la contribución cafetera. Consiste en seis centavos de dólar estadounidense por cada libra de café verde exportado, USD 1,08 centavos para café tostado, USD 0,48 centavos para café soluble y USD 0,36 centavos para extracto de café.
El dinero no va a parar al presupuesto general del Estado sino que beneficia a un sector económico, en este caso, a los cafeteros. Aunque son recursos públicos, los administra una entidad privada como Fedecafeteros.
Hay que decir que las historias de la FNC y del FONC han estado entrelazadas desde antes de la existencia misma del fondo. La Federación nació en 1927 y ese mismo año comenzó la parafiscalidad cafetera, ya que los recursos sólo podían utilizarse en beneficio de la caficultura, su promoción y comercialización dentro y fuera del país, entre otras actividades.
Desde ese momento, la Federación administra los recursos, pero la regulación se realizó mediante un contrato suscrito en abril de 1928, con la posibilidad de prorrogarse por períodos de 10 años. Luego llegó el FONC, que se creó el 22 de noviembre de 1940 mediante el Decreto 2078 y la administración se formalizó mediante un contrato suscrito con el Gobierno en diciembre de ese mismo año, de acuerdo con Fedecafeteros.
Y por esa vía, además, se creó el Comité Nacional de Cafeteros, que es el órgano que agrupa representantes del Gobierno (ministro de Hacienda, ministra de Agricultura, ministro de Comercio y director de Planeación Nacional) y del Comité Directivo del gremio (un representante por cada uno de los 15 comités departamentales de cafeteros). Y su existencia es, básicamente, para administrar el fondo.
Los últimos contratos se firmaron el 12 de julio de 2006 y el 9 de julio de 2016. En el acuerdo que está próximo a vencerse, el Gobierno autorizó que con recursos del FONC la Federación reciba, como contraprestación por la administración, una suma anual que no exceda del equivalente a tres centavos de dólar por libra del total de las exportaciones del país (la mitad de los seis centavos que se cobran). De allí proviene buena parte de los recursos de la organización.
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Una tensión que crece
Así es como llegamos a este punto: el contrato puede no ser prorrogado, al menos en teoría, porque en la práctica el panorama es otro.
De todos modos, el Gobierno de Gustavo Petro no es el primero en cuestionar la relación estrecha entre la Federación y los recursos parafiscales cafeteros. Aunque sí ha sido el primero en pedir que se restructure, e decir que “tomará decisiones” y amenazar con ponerle fin al contrato.
El tira y afloje con el Gobierno
La tensión entre el Gobierno Petro y la FNC se remonta a 2023 cuando, según expertos, desde el Palacio de Nariño se pidió la renuncia del anterior gerente, Roberto Vélez, quien se hizo a un lado sin mayores sobresaltos. Esto dio origen a un proceso electoral dentro del gremio para definir quién sería su representante.
La terna de candidatos fue aprobada por el Comité Nacional de Cafeteros (cuando eran ministros José Antonio Ocampo y Cecilia López). Las elecciones las ganó Germán Bahamón, el actual gerente. Analistas consultados coinciden en que el resultado disgustó al presidente Petro porque no fue elegido su candidato y después tampoco pudo llevar personas de su confianza al interior de la entidad, ya que ésta funciona con una estructura controlada por comités departamentales y municipales.
Desde entonces, el presidente ha pedido que la Federación se restructure y que represente el mundo cafetero actual, con sus problemas y realidades. También ha criticado los altos salarios que tiene el gerente de la FNC, asunto en el que algunos sectores campesinos le dan la razón.
Erminsu Iván David, directivo del Instituto Mayor Campesino (IMCA), resalta que una de las mayores inconformidades con la FNC es la burocracia y los gastos de los altos directivos, que contrastan con “un gremio de campesinos empobrecidos”. Lo cierto es que, más allá del glamour de las exportaciones, 97 % de los cafeteros son pequeños productores y 91 % cultiva en menos de tres hectáreas. En otras palabras, no son grandes cultivadores, de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura.
Otro de los reclamos que destaca David es que los beneficios económicos no llegan a todos los cafeteros. Con el dinero del Fondo se cuidan bienes para todos los productores, sin importar si son o no asociados, pero en ocasiones es difícil que le lleguen efectivamente a los caficultores en sus fincas.
Uno de los puntos que más defiende la FNC es la garantía de compra, que fija un precio base para la comercialización. Pero desde el IMCA sostienen que a los productores alternativos no les ayuda porque realizan procesos diferentes que no les son reconocidos. Además, el precio que pagan los privados suele estar por encima del que ofrecen las cooperativas porque el negocio del café es muy rentable.
En ello coincide Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle. Y se pregunta qué hacer con una Federación que en apariencia agrupa a más de 500.000 campesinos, pero que cada vez exporta menos café porque ellos han preferido hacerlo por su cuenta. “La entidad se resiste a dejar un modelo que la ha llevado a asumir otra posición en el mercado”, afirma.
Más allá del manejo de la FNC, hay un problema estructural en mantener el funcionamiento del fondo parafiscal como hasta ahora. Los expertos consideran que el vínculo estrecho entre ambos asuntos es un error. Desde la Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura, realizada en 2016, recomendaron “separar el gremio cafetero del Gobierno” porque permanece “una estructura de épocas pasadas que ya no sirve para nada y no tienen ningún país del mundo”, de acuerdo con Juan José Echavarría, exgerente del Banrep y quien participó del estudio.
Esa cercanía se presta para que el presidente de turno pida la renuncia de los gerentes, por ejemplo, o que se vuelva un gremio político adscrito a alguna entidad del Gobierno. En la misión resaltaron que había que “separar cobijas” y que el gremio debía ser solo de los cafeteros, en lugar de “una mezcla entre lo privado y lo público porque eso es para problemas”, en palabras de Echavarría.
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Las fortalezas del gremio cafetero
Pese a los asuntos mencionados, las fuentes consultadas coinciden en que Fedecafeteros es una institución sólida que ha sabido posicionar el “café de Colombia” como una marca país a nivel mundial.
Luis Fernando Samper, consultor internacional en temas cafeteros, sostiene que los recursos parafiscales han sido utilizados para el beneficio de los caficultores y que la Federación no ha enfrentado escándalos de corrupción en su manejo.
“En mis visitas a numerosos países productores muchos quisieran replicar el modelo cafetero colombiano, en África, en Perú y Centroamérica. En Colombia criticamos mucho y sin duda se puede mejorar, pero lo que se ha logrado el sector cafetero colombiano no tiene parangón en el mundo, tanto en ciencia como extensión agrícola y posicionamiento de marca. Incluso en otros cultivos es difícil encontrar modelos exitosos comparables. Es un caso de estudio muy importante”, resalta Samper.
El gerente Bahamón ha defendido a la entidad al decir que en los últimos 10 años se han recaudado COP 3,7 billones por contribución cafetera, mientras que los cuatro bienes públicos cafeteros han demandado inversiones por COP 6 billones. Se trata de: investigación científica, asistencia técnica, inversión social y las marcas “Café de Colombia” y Juan Valdez.
“La cosecha se ha mantenido estable en alrededor de 13,3 millones de sacos, de modo que la contribución ha crecido apenas 3,3 % anual, frente a un costo de los bienes públicos que avanza a 6,1 %. Esa brecha estructural es la que la Federación cubre con su gestión”, dijo Bahamón en una columna de opinión.
Además, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario le ha dado el visto bueno al manejo de los recursos de la parafiscalidad por parte de la Federación y ha alertado del manejo de los dineros de otros fondos.
¿Quién más puede manejar el FONC?
Modificar el doliente de los recursos trae sus riesgos. Algunas fuentes consultadas por este medio señalan que hay intereses políticos del Gobierno para echarle mano al dinero del fondo en tiempos de déficit fiscal y de elecciones.
“Cambiar el esquema de relacionamiento entre el sector cafetero y el gobierno puede afectar la relación de otros gremios agrícolas con el Estado y eso no es necesariamente bueno. Se debería evitar politizar estas entidades. Los productores no tienen por qué ser neutrales políticamente, porque representan los intereses del sector privado, pero presionar a los gremios a cambiar su interacción con el Estado es riesgoso, un escenario que no es bueno para el país”, dice Samper.
De todos modos, no existe una entidad pública que pueda asumir el rol que ha cumplido la Federación Nacional de Cafeteros hasta ahora. Y tampoco hay un gremio paralelo que represente a más de los 500.000 productores que tiene la FNC.
Lo que sí preocupa es que el contrato traiga consigo muchos cambios se conviertan en un precedente para los demás gremios que administran recursos parafiscales, ya que el del café es el primero y más antiguo de su clase. En Colombia existen 16, de los dineros de las contribuciones realizadas por los productores de actividades agropecuarias, que son de especial protección por su relevancia para el sistema agroalimentario.
Rendón concluye que hay que repensar la entidad. El tema es saber qué quiere el país con la Federación, cómo debe funcionar el Fondo y para quién. “Son preguntas que se hacen los movimientos campesinos y cooperativas. Hay que reinventar la institucionalidad cafetera para que se acomode a las nuevas realidades de la producción y que esté a la vanguardia. Se tiene que dar la discusión”, sostiene.
Queda abierta la pregunta de qué va a cambiar o ajustarse en ese manejo para que los productores reciban el máximo beneficio posible y que la administración de los recursos mantenga su independencia del Gobierno Nacional.
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