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Al anunciar un paquete de aranceles sin precedentes en la historia moderna, el presidente Donald Trump se refirió al 2 de abril como el “día de la liberación”. Quizá deberíamos aceptar la invitación y empezar a plantear nuestra propia liberación económica.
El sur de América ha vivido demasiado tiempo encadenado a un sistema comercial que limita el desarrollo industrial y tecnológico de la región. En vez de lamentarnos o buscar migajas en negociaciones bilaterales, deberíamos ver esta disrupción como una oportunidad histórica para repensar nuestra inserción en la economía global. Porque si algo está claro es que el viejo orden está cambiando y la coyuntura ofrece oportunidades para avanzar hacia una integración regional efectiva y una mayor autonomía tecnológica.
Indudablemente, los aranceles adoptados por el nuevo Gobierno estadounidense generarán una gran disrupción económica. Es posible que sea el mayor cambio al orden económico global desde que en 1971 Richard Nixon, otro presidente republicano, pateó el tablero al tomar la decisión unilateral de acabar la convertibilidad entre dólares y oro. Algunos países han anunciado su intención de incrementar los aranceles sobre bienes estadounidenses para defender sus exportaciones. Sin embargo, esta no sería una respuesta adecuada por parte de la región.
Sudamérica ha asumido la posición de exportadora de commodities a países con economías más complejas, como la estadounidense. Según el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, ningún país sudamericano está en el ranking de los 50 países con mayor complejidad en su canasta exportadora, índice que está asociado con mayores niveles de ingreso y crecimiento económico.
Una de las pocas ventajas del statu quo es que los productos que exportamos a Estados Unidos no son fácilmente sustituibles por producción doméstica. Petróleo, oro, café y flores conforman el 60 % de la oferta exportadora de Colombia a Estados Unidos. Los nuevos aranceles exceptúan importaciones de petróleo y minerales, incluyendo el oro. En cuanto al café y las flores, en la medida en que los países con los que Colombia compite en estos productos también enfrentan aranceles, el riesgo de pérdida de mercado es menor. Otros países de la región están en una situación similar. Por ejemplo, la mitad de las exportaciones chilenas destinadas a Estados Unidos corresponden a cobre, salmón y uvas.
Así las cosas, no pareciera que las exportaciones de los países de la región vayan a ser las más golpeadas por el remezón arancelario. Razón por la cual reciprocar con aranceles no se ve como una necesidad aparente. Además, al adoptar aranceles retaliativos países como Colombia se pondrían en primera fila para recibir la segunda ola de aranceles que el gobierno Trump ha anunciado en contra de países que respondan con aranceles en contra de sus productos.
El hecho de que la mayoría de nuestra oferta exportadora no se vaya a ver particularmente afectada por los aranceles anunciados el 2 de abril también debe aconsejar en contra de buscar un acuerdo con Estados Unidos.
En una guerra comercial abierta con todas las grandes economías del mundo, negociar un acuerdo con Colombia no figurará en las prioridades de Estados Unidos. Incluso en el caso de que se diera una negociación, el precio que tendría que pagar el país a cambio de una reducción de aranceles sin duda sería alto.
Un potencial objetivo de los negociadores estadounidenses sería la eliminación del impuesto a las plataformas digitales multinacionales con presencia económica significativa en el país, adoptado mediante la reforma tributaria de 2022. Desde su paso por el Congreso, este tributo causó una fuerte presión diplomática de Estados Unidos. El Gobierno y el Congreso se mantuvieron firmes y la tributaria pasó con este nuevo impuesto y a finales de 2023 salió el decreto para implementarlo, pero nunca dejó de ser una fuente de descontento para los intereses tecnológicos estadounidenses. Dada la preocupante situación fiscal del país, lo último que necesitamos es que el Gobierno estadounidense aumente la presión para eliminar esta fuente de recaudo.
Algunos argumentarán que el hecho de que los países sudamericanos salieron relativamente bien librados de la arremetida arancelaria presenta una oportunidad de nearshoring o friendshoring y que Sudamérica, Centroamérica y el Caribe podrán ocupar los espacios que dejarán los productos asiáticos, pero estas esperanzas son vanas. El proyecto de integración regional de Estados Unidos pareciera no extenderse más allá de Norteamérica. Prueba de ello es que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido el único acuerdo comercial que ha sido respetado —a medias— por las medidas proteccionistas de la administración de Donald Trump.
En otra columna expliqué cómo el gran arreglo de los años 90 que dio como resultado a la hoy maltrecha Organización Mundial del Comercio (OMC) implicó un intercambio: el libre acceso al mercado estadounidense a cambio de protecciones y privilegios para las grandes corporaciones farmacéuticas, agroquímicas y tecnológicas de ese país. Pues bien, una de las consecuencias de otorgar privilegios a las compañías estadounidenses ha sido la renuncia a la autonomía tecnológica en países como Colombia. En pocos momentos las carencias de nuestro aparato productivo fueron más visibles que durante la crisis sanitaria causada por el covid-19. Solo con la pandemia tomamos consciencia de los riesgos que implica que el país hubiera perdido su capacidad de hacer vacunas, las cuales dejaron de producirse en el país en 2002.
Pero no solo se trata de medicamentos. Desde productos electrónicos a autos, pasando por químicos y pesticidas, Colombia y sus vecinos son importadores netos de bienes de alto valor agregado y dependen de las divisas obtenidas por la exportación de commodities para costear las tecnologías del siglo XXI. Es por ello que la respuesta de la región en materia comercial no debería enfocarse en tratar de causar daño económico en Estados Unidos, de eso se está encargando el mismo Trump: más bien deberíamos revaluar los compromisos que hemos asumido en materia de propiedad intelectual y protección a las inversiones, que han contribuido a la consolidación de los monopolios tecnológicos estadounidenses.
Desarrollar industrias de alta sofisticación tecnológica también requiere políticas industriales sostenibles y mercados en los que empresas domésticas puedan alcanzar economías de escala. Es ahí donde la integración regional juega un rol clave.
Sudamérica representa un mercado de más de 400 millones de personas, equiparable a Norteamérica o la Unión Europea. No obstante, los niveles de integración regional dejan mucho que desear. La Comunidad Andina de Naciones juega un papel regulatorio importante, pero su funcionamiento se ha visto afectado por las diferencias políticas de los mandatarios de cada país. Algo similar le pasa al Mercosur. Dejar a un lado las diferencias políticas y enfocarnos en profundizar la integración regional generaría los mercados necesarios para el desarrollo de muchas más empresas multilatinas con ambiciones tecnológicas.
Si bien el nuevo cerco de aranceles propuesto por Trump es la medida proteccionista más drástica del último siglo, mal haríamos en pensar que se trata de un callejón sin salida temporal. La administración de Joe Biden tampoco le apostó al libre comercio, demostrando que el consenso político en Estados Unidos dista mucho del que aprobó la OMC y los acuerdos de libre comercio en los años 90 y principios de los 2000.
Los tiempos están cambiando y debemos ajustarnos. Las crisis traen oportunidades y esta permite revivir el elusivo ideal de un continente integrado y tecnológicamente soberano.
* Director de investigaciones de Rethink Trade, centro de pensamiento, con sede en Washington, enfocado en política comercial.
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