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El martes 31 de marzo, mientras buena parte de la población gozaba las calles vacías, el descanso de Semana Santa o trabajaba a un ritmo más ligero, la junta directiva del Banco de la República presenció una tensión inusual tras la decisión mayoritaria de subir la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos.
No es la primera vez que se toman decisiones mayoritarias que no coinciden con la posición del ministro de Hacienda. Pero sí es la primera vez que, frente a esa decisión, el ministro se retira de la sesión, no asiste a la rueda de prensa y da su propia declaración anunciando una ruptura con la junta.
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Lo que se esperaba fuera una explicación sobre las razones del incremento y sus efectos en la economía terminó convertido en un interrogatorio sobre el comportamiento del ministro: por qué se fue, por qué rompió la coordinación, por qué decidió señalar a los miembros de la junta de seguir intereses particulares.
Al “yes man”, acostumbrado a decirle sí a cualquier solicitud de su jefe —el presidente de la República—, le dijeron no. Claro, no le dijeron a él. La decisión de subir 100 puntos básicos no es una respuesta al ministro ni al presidente. Es una decisión de política monetaria orientada a evitar presiones inflacionarias.
Pero la lectura del “yes man” parece ser otra: como si se tratara de un acto de desobediencia personal. Como si un grupo de técnicos independientes se hubiera atrevido a no hacerle caso. Y ahí está el problema. La institucionalidad no funciona sobre la lógica de “hacer caso o no”. Funciona sobre deliberación, evidencia y mandato. La junta está compuesta por expertos —tres de ellos nombrados por el actual Gobierno— que analizan datos, discuten escenarios y toman decisiones orientadas a cumplir un objetivo constitucional.
Sin embargo, la atención terminó puesta en la reacción del ministro quien confrontó la institucionalidad de la junta del Banco de la República y su necesidad de cambios.
La institucionalidad económica en Colombia tiene varias patas. El Ejecutivo define el Plan Nacional de Desarrollo, que es validado por el Congreso mediante una ley que, a su vez, pasa por control de constitucionalidad. El presupuesto lo propone el Ministerio de Hacienda y también debe ser aprobado por el Congreso. El manejo fiscal —donde confluyen ingresos, gastos y deuda— sigue una regla fiscal establecida por ley. Y la política monetaria es independiente, en cabeza del Banco de la República.
Este arreglo no es accidental. Busca evitar un hiperpresidencialismo en el que el mandatario de turno concentre todas las decisiones. Obliga a tramitar diferencias. Introduce fricción.
Sin embargo, en los últimos años hemos visto algo distinto. Esa institucionalidad ha sido señalada como “perversa” o contraria al interés popular cuando no produce los resultados esperados por el Gobierno. Ocurrió con el presupuesto, con la ley de financiamiento y también con la regla fiscal, que se ha tensionado sin una senda clara de retorno.
El mensaje empieza a ser claro: ninguna regla sirve si no es funcional al Gobierno, lo cual es perverso. A esto se suma el señalamiento a la supuesta inoperancia del Banco de la República.
Por supuesto, las normas no son intocables. Muchas de estas reglas tienen más de 30 años y es legítimo revisarlas. La composición de la junta, el alcance de la regla fiscal, los instrumentos de política pueden discutirse. Pero no bajo la lógica de la conveniencia inmediata. No cuando las decisiones no “obedecen”.
Los cambios institucionales no se construyen desde la frustración de una decisión puntual. Se construyen con argumentos, con evidencia y con consistencia en el tiempo. El “yes man” debe entender que su función no es exigir la misma obediencia que él tiene frente a su superior, ni desbordar el mandato constitucional.
Así las cosas, claro que se pueden pensar cambios, pero no juzgar a quienes actúan bajo el andamiaje actual. Los cambios vendrán y ojalá sean producto de discusiones serias, donde confluyan corrientes teóricas, enfoques económicos y evidencia empírica y no sólo el afán por convertir a la institucionalidad en una “notaría del yes man”.
Además, pensar hoy en ajustar el Banco de la República resulta contrario a los mensajes que envía. No hay señales de deslegitimación que sustenten la necesidad urgente de desmontar o confrontar su arquitectura. Si existiera una crisis de confianza, la discusión sería otra. Ojalá volvamos a centrarnos en lo que importa: la inflación, y no en la “desobediencia” que el “yes man” reclama. Esa no es la respuesta que exige el momento monetario.
*Exviceministra técnica de Hacienda y catedrática de la U. Nacional
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