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El agro se ha convertido en uno de los motores de la economía, tanto por sus aportes en el PIB, como por su participación en las exportaciones. Pero también es una de las actividades con mayor informalidad laboral y en la ruralidad se concentran las brechas más amplias en cuanto al acceso de tierras, la seguridad alimentaria y, en general, a los bienes del Estado.
¿Qué hace falta para seguir impulsando el renglón y qué tanto se ha avanzado en el tema de tierras en el marco de la Reforma Agraria? Hablamos con Martha Carvajalino, ministra de Agricultura desde 2024 y quien dejará el cargo la próxima semana.
Se habla de la importancia de proteger la producción, pero estas actividades a veces no son tan rentables, como pasó con los arroceros y los paperos el año pasado. ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces para protegerlos?
El campo enfrenta problemas estructurales, como acuerdos comerciales que afectaron la competitividad. Uno de ellos fue la apertura económica que sometió a las principales cadenas a la desgravación con Estados Unidos y al acuerdo de la Comunidad Andina. También había retos que se manejaban con inercia, como la parafiscalidad: hemos cambiado su estructura para ampliar la representación de productores y mejorar el control estatal. Así lo hicimos con palma, hortofrutícola, papa y tabaco.
También intervenimos directamente en mercados en crisis, como el arroz, donde regulamos precios y apoyamos a los productores para garantizar ingresos y estabilidad.
Adoptamos medidas similares en papa, leche y huevo, incluyendo compra directa y canalización hacia programas sociales. Esto permite estabilizar precios y evitar pérdidas.
La conclusión es clara: se requiere una mayor intervención estatal para garantizar la producción, abastecimiento y comercialización justa para que se dé la soberanía alimentaria y se estabilice el sector, cuando sea necesario.
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¿Y qué se necesita hacia el futuro para fortalecer el sector agropecuario?
La base es mantener el crecimiento económico y usar la redistribución de la tierra para fortalecer sistemas productivos campesinos. También es clave que el crédito le llegue a todo el sector, que históricamente ha favorecido a grandes productores. Adoptamos medidas para favorecer a pequeños y medianos.
Aumentamos el financiamiento, fortalecimos el Banco Agrario y creamos líneas de crédito específicas para pequeños productores. Además, intervenimos para estabilizar precios de insumos como fertilizantes. Así lo hicimos a principio de año con COP 110.000 millones para contener la presión que generó la guerra en Oriente Medio. Eso nos ha permitido mantener los precios de producción en un nivel controlado.
Sin embargo, el sector presenta debilidad institucional, con entidades fragmentadas, poca presencia territorial y un funcionamiento centralizado, así como la falta de articulación. El ICA debería recuperar su fuerza administrativa; se necesita que las investigaciones de Agrosavia estén al servicio de los sistemas agroalimentarios y no de intereses gremiales.
En resumen, se necesita fortalecer las instituciones para consolidar un campo eficiente.
También es fundamental garantizar el empleo, los ingresos y avanzar en la justicia agraria. Nosotros lamentamos que el Congreso de la República no haya querido dar el debate. Eso nos pone hoy frente a un escenario complejo para 2027 con la implementación de esa ley estatutaria.
¿Considera que es viable que el agro mantenga un crecimiento sostenido?
Sí, pero dependerá de varios factores. El sector ha crecido por encima del PIB en algunos periodos, aunque enfrenta riesgos climáticos y estructurales. La variabilidad climática es uno de los mayores desafíos. Sin embargo, la diversificación productiva ha permitido compensar caídas como la del café con otros productos como frutas.
Más allá de la ideología política, debería haber un acuerdo sobre asentar la economía nacional en la producción agropecuaria. Y hay que decir que Colombia lo que frenó la producción agroalimentaria fue la violencia estructural de la disputa por la tierra, que no es algo de reciente de los últimos años. El desplazamiento masivo del campesinado conllevó a que el campo se dejara sin quien lo trabaje.
Demostramos que Colombia puede ser una gran potencia agroalimentaria y se puede hacer de la economía agropecuaria el motor del crecimiento. Eso se hace con una redistribución de la tierra, consolidación de sistemas agroalimentarios y la necesaria intervención y acompañamiento del Estado.
Si el país permite que haya nuevamente desplazamientos, masacres y que se derrame la sangre del campesinado, sin duda los indicadores económicos del campo van a decrecer. Esperemos que esto no se permita.
El Gobierno puso una meta inicial de comprar tres millones de hectáreas, como parte de la reforma agraria y del Acuerdo de Paz. ¿En qué va este tema?
Los tres millones de hectáreas, que es una meta del Acuerdo, son para redistribución y tienen un paralelo en la formalización, que son siete millones de hectáreas. Pero no sólo es un asunto de tierra; la reforma incluye ordenar la producción agropecuaria, cumplir el régimen agrario, cerrar la frontera, avanzar en reglamentos de uso y mecanismos para el bienestar y el crecimiento económico.
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Entonces, ¿en qué se avanzó y qué queda faltando?
Podemos dividir los avances en varios mecanismos principales. El primero es la formalización, lo hicimos con los territorios colectivos de comunidades negras, pueblos indígenas y del campesinado. Tenemos gestión sobre 2,3 millones de hectáreas formalizadas. De estas, 1,2 millones corresponden a títulos de este gobierno ya registrados; 705.000 están en proceso; 298.000 están registrados por gobiernos anteriores y 76.000 hectáreas corresponden a playones y sabanas comunales.
El segundo mecanismo es la gestión de tierras hacia el Fondo Nacional de Tierras, creado por el Acuerdo de Paz. Allí llegan tierras recuperadas, adquiridas o donadas para su redistribución. Actualmente, tenemos una gestión de 806.000 hectáreas en ese fondo. Estas provienen de varias fuentes: compra directa, donaciones y recuperación de baldíos. Hemos adquirido 233.000 hectáreas a particulares, incluido el acuerdo con Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos). Además, buena parte de las mejores tierras, de las que están dedicadas a ganadería extensiva, están en fondos públicos como el FRISCO (administrado por la SAE) y el Fondo de Reparación de Víctimas. Allí hemos adquirido 30.000 hectáreas y avanzado en convenios por 138.000 hectáreas. En total, la adquisición directa suma 462.000 hectáreas. También contamos con 26.000 hectáreas entregadas gratuitamente por la SAE y 314.000 hectáreas recuperadas como baldíos indebidamente ocupados, que suman en gran total unas 806.000 hectáreas para el Fondo de Tierras.
El tercer aspecto es la redistribución de dichas tierras. Ya se han entregado 94.000 hectáreas plenamente registradas, 48.000 en proceso de registro y 206.000 entregadas provisionalmente. Este proceso requiere una parcelación cuidadosa, porque implica dividir grandes propiedades entre múltiples beneficiarios y hay que evitar conflictos.
Además, avanzamos en la restitución de tierras, de la justicia transicional: más de 6 millones de hectáreas están en el registro, 7 millones en procesos judiciales y ya se han restituido 59.000 hectáreas individuales y 168.000 colectivas.
También fortalecimos territorialidades campesinas con más de 2 millones de hectáreas entre zonas de reserva campesina y territorios agroalimentarios y ampliamos reglamentos de uso para comunidades en playones y sabanas. Recibimos siete Zonas de Reserva Campesina y hemos constituido 21.
¿Cómo ve el panorama con la siguiente administración?
Viene un proceso de contrarreforma. Hemos visto la presencia de actores armados pidiéndole a los campesinos que salgan de las tierras que les dio la reforma agraria, so pena de ejercer violencia e intimidación sobre ellos. En algunos lugares ya hemos visto hechos de violencia. Esto puede poner en riesgo el alcance que hemos tenido y pone en riesgo la paz en Colombia.
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