Minagricultura pidió derogar acto que “privatizaría” el ICA

Así lo comunicó el funcionario al finalizar el debate de control político que este martes, en la Comisión V del Senado, se llevó a cabo en relación con este asunto que, por parte de organizaciones como Dignidad Agropecuaria y de diversos sectores políticos —como quedó evidenciado en el debate—, es interpretado como una “privatización del ICA”.

La mayoría de los senadores estuvieron de acuerdo en que delegar funciones del ICA a terceros o privados es inconveniente y más en tiempos de pandemia. El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, afirmó que introducir una visión de “mercado” —autorizando a privados— en las funciones de la autoridad sanitaria puede poner en peligro la calidad de los servicios y su costo para los usuarios (los productores agropecuarios).

En contraste, el senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, sostuvo que la “tercerización” de funciones no debe confundirse con una “privatización” y afirmó que el Acuerdo es importante para el sector en la medida que busca aumentar la cobertura de los servicios del ICA. Pidió que, en caso de que haya cosas que corregir en el Acuerdo, se corrijan, sin echar para atrás la “descentralización” que, según él, se requiere.

Maritza Martínez, senadora del partido de la U, estuvo de acuerdo en que el asunto es trascendental y que no se le dio el debate público que amerita, por lo que para ella es entendible que haya suspicacias al respecto. Asimismo, señaló que en el acto administrativo no es evidente el sustento técnico para creer que es conveniente tercerizar funciones. También señaló que, en últimas, eso puede resultar en que los costos para los productores aumenten, a causa del “componente remuneratorio” que deberá haber para los particulares que presten los servicios, pues “no lo van a hacer gratis, pues es un negocio”.

Al igual que Martínez, Miguel Ángel Barreto, del partido Conservador, y Jorge Londoño, de la Alianza Verde, hicieron un llamado a que la entidad sea fortalecida y que eso quede demostrado en el Presupuesto General de la Nación 2021, que está a punto de empezarse a discutir en el Congreso. José David Name, de la U, por su parte, pidió al ministro Zea acabar con la “corrupción” que, según el senador, actualmente existe en el ICA. Dijo que “actualmente el instituto cuenta con expertos profesionales capaces de seguir prestando de manera correcta, los servicios que pretenden entregarles a privados”.

El representante Erasmo Zuleta, que desde hace semanas ha manifestado su inconformidad con el Acuerdo 002, sostuvo: “esto nos da la razón. No había justificación alguna para entregar para entregar el bienestar colectivo del campo colombiano en cabeza del ICA a unos privados. No podía primar el interés económico de unos pocos a expensas de los campesinos colombianos”. Asimismo, hizo un llamado a que los recursos que se han dejado de invertir “sean ejecutados con eficiencia (…). Solamente en el programa Prevención y Control de Enfermedades y Plagas e Inocuidad, la institución dejó de ejecutar recursos por 42 mil millones de pesos”.

El ministro Zea, por escrito, le expresó a la Comisión, entre otras cosas, que el Ministerio considera “indispensable que la prestación de los servicios siga estando en cabeza del ICA y no sea tercerizada”, pues el seguimiento y control de dicha tercerización, en el escenario actual de pandemia, “se vería ampliamente afectado por las diferentes restricciones actuales a nivel nacional”. Sin embargo, durante el debate, quedó claro que, aunque el asunto se seguirá estudiando y discutiendo, la idea de tercerizar no se descarta.

La gerente del ICA, Deyanira Barrero, que también hizo presencia en el debate, le manifestó a la Comisión que la intención del sistema de autorización a terceros es aumentar la cobertura de los servicios y su eficiencia, teniendo en cuenta, además, el aumento en la demanda que ha habido para esos servicios. Añadió que esta no sería la primera vez que la autorización a terceros es empleada, pues, en el marco de las normas, y múltiples veces en el pasado, así se ha hecho, pero que el Acuerdo actual busca, finalmente, tener un “un mecanismo de gestión organizado, coordinado entre varias instancias (…)”.

Barrero también señaló que, de la mano de Función Pública, se puso en marcha un estudio para definir el futuro de la planta de personal del Instituto y su estructura, la cual, según la gerente no se puede reducir, pues ya está en su “mínima expresión”. Aseguró que no habrá “masacre laboral”, sino que el objetivo, de hecho, es ampliar la planta, a “costo cero”, y que ese plan de “fortalecimiento institucional” se implementaría de forma gradual desde 2021.

Vale la pena recordar que la Contraloría General de la República anunció que se ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002, y que se verificará si hubo una “posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular”. Resaltó que, de privatizarse los recursos, se limitaría la competencia constitucional de la Contraloría en el ejercicio del control.

Finalmente, en la Comisión V se hizo el llamado a que se haga efectiva la derogatoria del Acuerdo 002 que anunció el ministro Zea y se acordó llevar a cabo una audiencia pública en la que se espera que participen otros actores, como los gremios de la producción y organizaciones campesinas, con el fin de escuchar su posición sobre el acto administrativo, así como las necesidades y expectativas respecto a las funciones del ICA. Dicha audiencia se llevará a cabo el jueves 6 de agosto.