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Como ya lo había hecho la Superintendencia de Industria, ahora el turno es para el ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien se opone al Proyecto de Ley que pretende regular el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
De acuerdo con el Gobierno, «contiene disposiciones altamente inconvenientes para la apertura y preservación de las reglas de juego respecto de la inversión extranjera en nuestro país y viola derechos adquiridos de algunas empresas que actualmente concurren al mercado colombiano».
¿A qué se refiere? A qué un artículo de dicho proyecto busca que las empresas extranjeras presentes hoy en Colombia no puedan renovar sus licencias de funcionamiento y, además, frena la «capacitación y entrenamiento, lo cual no se justifica en estos momentos de plena globalización de nuestra economía».
La ministra María Claudia Lacouture aseguró que dicho proyecto contiene disposiciones que implican un retroceso en la política pública de protección la libre competencia económica, y criticó lo dispuesto en el artículo 85 que pretenden limitarle funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio en su función de autoridad única de protección de la libre competencia económica y que según las denuncias públicas del Superintendente Pablo Felipe Robledo, incluso, podrían poner en alto riesgo las actuales investigaciones administrativas y penales que hoy se adelantan en la Superintendencia y en la Fiscalía General de la Nación en lo que el país conoce como el «presunto cartel de la seguridad privada en licitaciones públicas».
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