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Para dos terceras partes de un grupo de personas que fueron consultadas en diferentes partes del mundo, el cambio climático —aunque cada vez es más común hablar de crisis climática— es un problema tan grave como el coronavirus. Así lo mostró una encuesta de Ipsos, hecha en catorce países, en abril, apenas un mes después de que Europa fuera declarada epicentro de la pandemia. De allí también se concluyó que la mayoría de la gente estaba de acuerdo con que los gobiernos prioricen la crisis climática en sus estrategias de recuperación económica.
Esos resultados pueden tener algo que ver con el hecho de que el confinamiento despejara las calles y permitiera volver a oír el canto de los pájaros y avistar especies salvajes en varias ciudades. Las personas pueden estar preguntándose si “podemos ser mejores” en relación con el medioambiente, como señalaron investigadores de la Smith School de Oxford, que, en mayo, plantearon en un documento varias propuestas para que los paquetes fiscales de recuperación contribuyan a la lucha contra la crisis climática.
Según los autores de ese documento (titulado “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?”), las medidas que tomen los países en los próximos seis meses para responder a la crisis económica desatada tras el coronavirus serán trascendentales para el futuro de la crisis climática. Señalan, entonces, no solo que se debería apuntar a combatir ambos problemas, sino que una recuperación económica con enfoque verde puede traer beneficios de corto plazo (como generar empleo) y, por supuesto, también de largo plazo.
Con la advertencia de que hay que tener en cuenta los contextos y particularidades de cada país, los investigadores recomendaron formular políticas que fomenten, por ejemplo, la inversión en infraestructura limpia (energías renovables, modernización de redes eléctricas y tecnologías de captura de carbono, entre otras) y en educación y capacitación para enfrentar el desempleo y los cambios estructurales que traería la descarbonización.
En un sentido similar, una publicación del Boston Consulting Group (BCG) hizo un llamado a tomar medidas que eviten un rebote indeseado en las emisiones de carbono como consecuencia de la reactivación económica. Estas, dice el documento, han visto su mayor reducción desde la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, se corre el riesgo de que, al igual que en la recuperación de la crisis de 2008-2009, vuelvan a dispararse, por la dependencia de muchos sectores de los combustibles fósiles, con el agravante del apretado espacio fiscal y de los bajos precios de commodities como el petróleo.
También señalan la oportunidad que hay para crear empleos al tiempo que se reducen emisiones, fomentando las energías renovables, la transformación de las industrias y la readecuación de edificios, por mencionar algunos. Asimismo, que se debería priorizar el rescate de industrias y sectores sostenibles y, en general, condicionar los apoyos a mejores prácticas en el futuro relacionadas con el ambiente. A empresas e inversionistas —y recordando que todos tenemos un papel en este asunto— les recomienda ser más exigentes con sus cadenas de suministro y dirigir las inversiones a soluciones verdes.
El de Oxford y el de BCG son apenas dos de los documentos que han llamado la atención no solo sobre la necesidad, sino la urgencia de que la reactivación económica se haga con un enfoque de sostenibilidad. Ahora, si incluso los ciudadanos de a pie, como mostró la encuesta de Ipsos, están de acuerdo con eso, ¿por qué la necesidad de insistir en ello? Precisamente porque se corre el riesgo de que, con las decisiones equivocadas, las iniciativas nacionales y globales contra el cambio climático sean también víctimas del COVID-19.
Señal de eso, como escribieron dos miembros de Human Rights Watch (HRW) en abril pasado, fue la postergación de la cumbre anual sobre la acción climática de la ONU que se iba a llevar a cabo en Glasgow, en noviembre, y en la que 196 países presentarían “nuevos y más ambiciosos planes para cumplir con las metas de reducción de emisiones establecidas conforme al Acuerdo de París de 2015”. Pero, más allá de lo anterior, preocupan las peticiones que se han hecho en varios países para aplazar metas o relajar normas ambientales.
Ponen como ejemplo, entre otros, la flexibilización en la aplicación de normas ambientales que dio la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Sin embargo, “los gobiernos tienen una obligación de derechos humanos de proteger a las personas del daño ambiental, y esto incluye el deber de abordar el cambio climático”, escribieron Luciana Téllez Chávez, investigadora de HRW, y Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto.
¿Qué está pasando en Colombia?
Para Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, Colombia no se puede “dar el lujo de retroceder” en la lucha contra la crisis climática, y afirmó que “el COVID-19 nos ha recordado lo vulnerables que somos. La pregunta ya no es si hay que incorporar esto en la recuperación, sino cómo”. Cuenta que, en el gremio, desde antes de la pandemia, se venía trabajando en iniciativas en los ejes de economía circular, energías renovables y ecosistemas y biodiversidad, que ahora hay que reforzar. Agrega, por cierto, que la pandemia no es “excusa” para bajar estándares de sostenibilidad.
La viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, María Claudia García, aseguró, en diálogo con este diario, que es consciente de que entre las más importantes recomendaciones que han dado los expertos de cara a la reactivación económica es ser cuidadosos con el cumplimiento de la normatividad y tener buenas prácticas ambientales. Sostiene que no se están contemplando relajamientos en ese sentido y que las empresas “tampoco nos lo están pidiendo”. No obstante, al igual que Herrera, reconoce que hay algunas iniciativas que, a causa de la pandemia, han estado temporalmente en pausa.
“Algunos de los programas que estábamos haciendo están suspendidos por la pandemia; por ejemplo, teníamos varios miles de puntos de recolección de residuos posconsumo y, según el dato de finales de mayo, el 76 % estaban parados (…). Tienen que ajustarse a la nueva realidad, pero no bajar el estándar”, explicó el ejecutivo de la ANDI. Tanto él como la viceministra resaltaron el trabajo conjunto que se está desarrollando, coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para sacar adelante un documento Conpes destinado a la reactivación económica, en el que, según García, hay un “enfoque de recuperación económica con sostenibilidad”.
“La pandemia del COVID-19 ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico, confirmando la necesidad de repensar el desarrollo”, dijo Daniel Gómez, subdirector general sectorial del DNP, la semana pasada en el marco de un conversatorio sobre reactivación económica con sostenibilidad. Gómez añadió, en respuesta a El Espectador, que hay que tener en cuenta la relación que existe “entre las enfermedades emergentes y reemergentes y la pérdida de la biodiversidad, ya que la destrucción de hábitats naturales por deforestación y el tráfico de fauna, favorecen el intercambio de patógenos entre especies silvestres y comunidades humanas”.
En ese sentido, contó que “el objetivo de la política es consolidar transformaciones positivas resultado de las respuestas a la emergencia, incluyendo la transformación digital, la simplificación de trámites y modernización del Estado, los avances en política social, y acelerar la reactivación rápida y sostenible del sector productivo para así lograr un crecimiento incluyente y resiliente”. Esto último tiene que ver con la necesidad de implementar medidas para “superar esta crisis y otras que puedan presentarse en el futuro”.
Herrera, efectivamente, comentó que la expectativa con el Conpes, entre otras cosas, es que sea un “marco adecuado, que muestre las prioridades” y que permita que la recuperación y la transición hacia prácticas más limpias pueda hacerse con facilidad y pocos trámites, entre otros incentivos. Tanto él como Gómez destacaron el potencial de generación de empleos “verdes”. “Algunos de los ejes contemplados en este documento Conpes son la bioeconomía, la transformación del sector agrícola, el desarrollo de la economía forestal, ciudades inteligentes y el aprovechamiento de los ecosistemas marino-costeros”, puntualizó el subdirector del DNP. La entidad resalta el dato de New Climate Economy según el cual las inversiones en energía renovable, eficiencia energética y restauración de tierras pueden generar hasta el doble de empleos por dólar gastado que las inversiones en combustibles fósiles.
Las inversiones en energía renovable, eficiencia energética y restauración de tierras pueden generar hasta el doble de empleos por dólar gastado que las inversiones en combustibles fósiles”.
New Climate Economy, citado por el DNP.
Por otro lado, Helena García, vicepresidenta general del Consejo Privado de Competitividad (CPC), contó que esa organización también está trabajando en un documento con recomendaciones para la recuperación económica, teniendo en cuenta el potencial para aumentar la productividad y la resiliencia del sistema, así como la generación de empleo (en actividades como la reforestación o aprovechamiento de residuos, algo que también menciona Herrera), que ofrece abordar el reto con un enfoque de sostenibilidad ambiental. Asimismo, señaló la necesidad de pensar en las necesidades particulares de empresas como las pymes.
Lo anterior tiene que ver con que las pymes —que representan más del 90 % de las empresas— pueden tener mayores necesidades gerenciales y dificultades para acceder a financiamiento, por ejemplo. De manera que facilitar su transición hacia modelos más sostenibles requiere políticas diferenciales. Herrera, de la ANDI, afirmó que las empresas más grandes pueden contribuir con “gestiones a través de la cadena de valor”; es decir, “no es suficiente con que una empresa tenga un manejo adecuado en su planta si no logra que sus transportadores y proveedores mejoren. Por ejemplo, tenemos un programa de huella hídrica en el que hay trabajo conjunto, entre grandes y pequeños, para el manejo eficiente del recurso”.
Para Rosmery Quintero, presidenta del gremio de pequeñas y medianas empresas Acopi, la crisis por el COVID-19 ha mostrado que hay que cambiar la idea de desarrollo y calidad de vida: alejarla del consumismo y buscar mayor sostenibilidad. Aseguró que lo que se “venía aplazando no da más espera”, como la transición a energías limpias y menor consumo, para poder reducir costos y ser más competitivos. Hizo un llamado a los empresarios a capacitarse y aprovechar la formación gratuita que hoy es más accesible a través de internet, e incluso a ir formando equipos especializados en asuntos como economía circular, así como se tienen para gestión de calidad, salud y seguridad en el trabajo, entre otros.
A partir de estas visiones, podría decirse que la sostenibilidad y la reactivación económica o superación de la crisis no solo son inseparables sino fundamentales. A la pregunta de por qué este asunto no ha tenido mucha visibilidad en medio de la coyuntura, la viceministra explicó que lo prioritario fue la comunicación de las medidas de choque. Ahora, cuando se habla de reapertura, considera que se hará “uso de los instrumentos de difusión adecuada” para hablar de las necesidades en materia de sostenibilidad, así como se ha hecho con las medidas de bioseguridad, por ejemplo. El Conpes de reactivación económica estaría listo en unos meses, antes de finalizar el año. De su contenido, aplicación e involucramiento de los actores en la sociedad dependerá la respuesta a la pregunta del principio: ¿podemos ser mejores?
Nota del editor: este artículo, de nuestra edición impresa, fue actualizado en su edición digital para incluir las respuestas del subdirector del DNP Daniel Gómez.
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