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Nuevo jaque a la salud

La contralora Sandra Morelli denunció que $976.000 millones para el sistema de salud se han desviado de su propósito en 76 municipios.

09 de noviembre de 2011 – 11:52 a. m.

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El desvío de los recursos del sistema de salud en Colombia aún no se detiene y muestra de ello es la pérdida de $976.000 millones en 76 municipios durante el año pasado, según denuncias de la Contraloría General de la República.

Sandra Morelli Rico, jefa del ente de control, denunció que en los recursos para la salud auditados para estos municipios —$1,5 billones del Sistema General de Participaciones, que es el dinero transferido por el Estado a entes territoriales— se encontró malversación de fondos. Entre tanto, señaló que el dinero proveniente de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa, en liquidación) tampoco llegó al sistema.

Dobles afiliaciones de personas al régimen contributivo y al no contributivo, giros de recursos a instituciones prestadoras de salud (IPS) ficticias, personas afiliadas fallecidas o inexistentes y municipios que llevan 10 años sin liquidar contratos, son algunas de las razones del desfalco a la salud según la contralora.

Dentro del listado de hallazgos reportados por el ente de control también se encuentra la omisión del ingreso de recursos a los municipios, interventorías que no hacen su tarea, desvío de dineros destinados a prevención en salud y deficiencias en cuentas maestras de los municipios.

Morelli dijo que en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Medellín, Cali, Bogotá, Villavicencio, Mitú, Neiva, Ibagué, Manizales, Armenia, Cartagena, San Andrés, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Florencia y Pereira se registró desviación de fondos.

Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, dijo que el hallazgo involucra a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado en departamentos y municipios. “Estas noticias afectan mucho la credibilidad del sistema y eso es preocupante”.

Entre tanto, Augusto Galán, exministro de Salud, aseguró que los controles ejercidos en municipios y entes territoriales no son suficientes para evitar la malversación de estos recursos.

“Esto pone un interrogante fuerte sobre la capacidad institucional territorial y cuestiona la descentralización”, dijo Galán, quien consideró que las investigaciones en este caso deben ser llevadas hasta las últimas instancias.

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