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Ordenan a la ANI pagar $1,3 billones a la concesión de Perimetral de Oriente

El Tribunal Internacional de Arbitraje dijo que el privado no es responsable por los problemas que impiden avanzar en las obras. La Agencia Nacional de Infraestructura afirmó que está evaluando las opciones jurídicas.

24 de diciembre de 2024 – 09:04 a. m.
Perimetral de Oriente
Perimetral de Oriente es un proyecto de la cuarta generación de concesiones.
Foto: Perimetral Oriental de Bogotá

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La concesión Perimetral Oriental de Bogotá informó que tras cuatro años de litigio con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Tribunal Internacional de Arbitraje designado para el caso emitió una decisión que pone fin la controversia.

El Tribunal consideró que son fundamentadas las reclamaciones de la concesión en el proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca y le ordenó a la ANI pagar una indemnización de aproximadamente $1,3 billones por los perjuicios ocasionados.

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Además, la decisión exoneró de responsabilidad al concesionario por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones en las unidades funcionales 4 y 5 y señaló que el privado cumplió con el contrato, incluyendo actividades de operación y mantenimiento.

Según informó la concesión, el Tribunal dispuso la terminación anticipada del contrato atendiendo a la solicitud de la ANI, como resultado de las problemáticas asociadas a las Unidades Funcionales 4 y 5 y la imposibilidad de seguir construyendo.

El director de la ANI, Francisco Ospina, dijo en W Radio que este proyecto lo estructuró Fonade. “Presuntamente, en la estructuración no se identificó la presencia de 72 manantiales, ese aspecto es controversial”.

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Ospina dijo que la Agencia seguirá revisando el fallo porque consideran que pudo haber responsabilidad por parte del concesionario que tenía a su cargo los estudios y diseños.

Perimetral Oriental de Bogotá dijo que está “dispuesto a trabajar” junto a la Agencia Nacional de Infraestructura y demás autoridades “para garantizar un avance conjunto hacia la conclusión del proyecto, priorizando el bienestar social, económico y ambiental de Colombia”.

Ospina aseguró que la Agencia ha hecho las gestiones para buscar consensos para poder ejecutar el proyecto, pero sin éxito. “El que pierde es el país. (…) Estamos estudiando aún los caminos jurídicos, la decisión todavía no está en firme, el Estado puede interponer recursos”, dijo.

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