Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Cada año y medio, casi como un ritual, Colombia discute una nueva reforma tributaria, entre 1990 y 2022 se hicieron 22. Los gobiernos justifican el ajuste en nombre de la “responsabilidad fiscal” y nos advierten que, sin más ingresos, el Estado no podrá cumplir con sus compromisos. El resultado es conocido: sube el IVA, se ajustan tarifas en la renta. Y, de nuevo, la carga recae sobre trabajadores, consumidores y pequeñas empresas.
Lo que nunca cambia es la evasión ni los privilegios o gabelas tributarias que disfrutan los sectores más poderosos. En un reciente foro de la Red de Trabajo Fiscal, se puso sobre la mesa la magnitud del problema: Colombia pierde más de COP 230 billones al año entre evasión y beneficios tributarios.
Son casi tres veces el presupuesto de educación, o de diez reformas tributarias. Con esos recursos, el país no necesitaría una nueva ley de financiamiento; sin embargo, el nuevo proyecto de reforma ni siquiera se atreve a enfrentar este elefante en la sala.
También lea: ¿Qué sigue para el presupuesto y la tributaria tras acuerdo Gobierno-Congreso?
Privilegios disfrazados de incentivos
En teoría, los beneficios tributarios existen para estimular la inversión y el empleo. En la práctica, se han convertido en un enorme boquete fiscal por el que se escapa el 8,8 % del PIB, alrededor de COP 130 billones al año. La mayor parte de esa pérdida se concentra en el impuesto de renta y en las exclusiones del IVA, que por sí solas representan más de la mitad del recaudo que nunca llega al Estado.
Los beneficios por sí mismos no son inadecuados. LA OCDE y la CEPAL insisten en que pueden ser herramientas válidas siempre que cumplan dos condiciones básicas. Primero, una evaluación ex ante de beneficio/costo que demuestre que el estímulo económico —ya sea en generación de empleo, exportaciones o desarrollo sectorial— supera el costo en términos de impuestos no recaudados. Segundo, evaluaciones ex post que confirmen su pertinencia en el tiempo. Además, deben ser temporales, con reglas claras de entrada y salida.
El problema no es solo el tamaño del gasto, sino la falta de reglas y evaluaciones. Casi no hay evidencia sobre su eficiencia, y muchas veces surgen más del lobby empresarial en el Congreso que de estudios técnicos. Así, lo que se presenta como estímulo a la economía termina siendo, en realidad, la perpetuación de privilegios que benefician a unos pocos.
Las cifras son elocuentes: el 10 % de las empresas más grandes concentra el 95 % de las rentas exentas y el 98 % de los descuentos tributarios. La comparación sectorial también es reveladora. Según Cedetrabajo, mientras la industria manufacturera paga en promedio una tarifa de renta 12 puntos más alta que el sector financiero —a pesar de generar más empleo y valor agregado— el sistema premia la especulación sobre la producción.
Un caso emblemático son las Zonas Francas. Aunque se concibieron para atraer inversión y empleo, no hay evaluaciones de impacto que confirmen ese propósito. Sin embargo, gozan de amplias ventajas: no pagan aranceles ni IVA y tributan renta al 20 %, frente al 35 % de las demás empresas. Más polémicas aún son las Zonas Francas Permanentes Especiales, creadas para una sola compañía, casi siempre multinacional. A pesar del costo de estos beneficios, la información disponible es mínima: el Ministerio de Comercio la clasifica como “semiprivada” y la DIAN alega “reserva tributaria”. Lo que refuerza la necesidad de un estudio profundo sobre su conveniencia real.
El problema va más allá de las empresas. También alcanza a sectores privilegiados del Estado. No es razonable que el 50 % del salario de los magistrados —entre COP 40 y COP 50 millones mensuales— se registre como gastos de representación exentos de impuestos, mientras un trabajador que gana un salario mínimo apenas supera los COP 1,4 millones. ¿Qué beneficio social justifica semejante exención?
Le puede interesar: ¿Qué piensan los Nobel de Economía 2025 sobre el crecimiento económico?
La evasión: el otro hueco negro
A los beneficios tributarios se suma la evasión, que ronda los COP 100 billones al año. Pagar impuestos parece opcional para quienes tienen la capacidad de mover ingresos al exterior o aprovechar vacíos legales. Con más de 290 beneficios vigentes, el sistema es tan enredado que la fiscalización se vuelve casi imposible. El resultado es un doble castigo: los cumplidos cargan con el peso de los evasores, y quienes evaden saben que el riesgo de sanción es mínimo, además en cada reforma que se hace cada año y medio, por lo general siempre existen amnistías a las que les colocan nombres como normalizaciones u otros diferentes.
Otra oportunidad perdida
El nuevo proyecto de ley de financiamiento repite la historia: más recaudo a costa de los mismos de siempre, mientras se evita la pregunta incómoda: ¿por qué seguimos perdiendo COP 230 billones al año y nadie se atreve a cortar de raíz las causas? No se trata de eliminar todos los beneficios ni de satanizar los incentivos que sí funcionan, sino de dar tres pasos urgentes: evaluar con rigor cada beneficio, publicar la información para permitir el control ciudadano y simplificar un sistema que hoy favorece la evasión.
El verdadero debate no es cuántas reformas hacer, sino cuánta valentía política tenemos para enfrentar la evasión y los privilegios que sostienen este círculo vicioso: déficit tras déficit, más impuestos para la mayoría y un Estado incapaz de financiar lo que promete. El nuevo proyecto de Ley parece otra oportunidad perdida. Al ignorar la evasión y los beneficios tributarios, el país se condena a más inequidad y a nuevas reformas en el futuro.
*Docente investigador en el Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la Universidad Nacional de Colombia
**Investigadora principal de justicia fiscal en Dejusticia
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más