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Los arroceros se preparan para salir a paro este lunes 14 de julio. Se trata de la segunda vez en el año que el sector programa movilizaciones, aunque las razones siguen siendo las mismas.
La principal preocupación va por cuenta de los bajos precios que está pagando la industria. Algunos productores denuncian que están en niveles más bajos que los que tenían cuando sé dio el primer paro en marzo.
La situación afecta a unos 215 municipios que dependen del arroz y a más de 500.000 familias en Colombia que viven de la actividad.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) reporta que el año pasado la carga del grano (125 kg) se vendió alrededor de $225.000 y este año está alrededor de $170.000 en el Tolima y $158.000 en los Llanos Orientales. La caída promedio del valor ha sido cercana al 25 % frente a 2024.
El precio actual está muy por debajo de los costos de producción que tienen los agricultores, por lo que la actividad económica solo les dejaría pérdidas, dadas las condiciones actuales. Y nadie quiere trabajar para perder dinero.
Además, la situación llega en el peor momento: los arroceros están a las puertas de la recolecta del segundo semestre, que es también la de mayor volumen en el año para abastecer al país.
“El paro no es la mejor salida porque se anuncia para el 14 de julio y el 15 empieza la recolección de la cosecha. Entonces, si se bloquean las vías, sería una medida que se vendría en contra de los mismos productores” porque les impediría transportarla, expresa Rafael Hernández, gerente de Fedearroz.
Por eso las esperanzas están puestas en que los diálogos avancen pronto para lograr un acuerdo entre el Gobierno, la industria y los productores antes de que llegue el día del paro.
De todos modos, la situación para los arroceros es tan preocupante que no ven otra salida. Al tiempo que sufren el bajonazo han visto incrementado los precios de la gasolina, los insumos, la maquinaria, la mano de obra y los tributos, de acuerdo con uno de los líderes del sector en Casanare, que pide no ser citado en este artículo.
Por eso las esperanzas están puestas en que los diálogos avancen pronto para lograr un acuerdo entre el Gobierno, la industria y los productores antes de que llegue el día del paro.
De este modo se podría solucionar la contingencia antes de que llegue la fecha límite. Y más porque se trata de un alimento fundamental para la mayoría de los colombianos.
De hecho, el consumo de arroz en Colombia ha venido en aumento durante los últimos años. Fedearroz estima que una persona come 46 kilos al año, según datos de 2023.
Lo que hay detrás del bajo precio del arroz
Ahora, el grano lo compran las empresas de la industria para vendérselo al consumidor final que lo adquiere en el supermercado o tienda de barrio.
El Espectador buscó a la industria, representada en la Asociación Nacional de Industriales y la Federación Nacional de Comerciantes, para consultar los motivos por los que está pagando menos por el producto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Fedearroz es el que conoce sus motivos y sostiene que les han dicho que todavía hay inventario de la recolección pasada. Esto significaría mucha oferta frente a la demanda, por lo que se castigaría el precio.
“La verdad es que estamos llegando a mitad de año con un inventario un poco más alto que el del año pasado, pero se puede normalizar esta situación si el Gobierno facilitara sacar los excedentes de la presente cosecha”, dice Hernández.
Lo que sucede con el cultivo es que, al ser estacional, se produce un excedente temporal entre agosto y septiembre, que salía de circulación con el incentivo al almacenamiento que ofrecía el Gobierno. La medida terminó el año pasado y ahí fue cuando vinieron los problemas porque produjo “un desorden en el mercado“, en palabras de Hernández.
Y es que el 70 % del arroz que crece en suelo colombiano se siembra bajo el sistema de secano (que depende de las lluvias), principalmente en los Llanos Orientales. Lo anterior no quiere decir que se produzca más arroz del que se consume, sino que se debe guardar para el abastecimiento de los meses venideros, en los que no hay cosecha. Aunque sí hay un excedente que es el que afecta los precios.
De todas formas, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, asegura que están revisando las distorsiones de mercado y que ya se le pidió al Mincomercio estudiar salvaguardas.
El Gobierno también le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que revise si hay prácticas anticompetitivas en el sector. Y con el Ministerio de Hacienda se estudia si se puede ofrecer alivios tributarios a grandes superficies que paguen el cereal a precios justos a los productores.
Alternativas para el sector arrocero
Durante el paro de principios de año se contempló la opción de planificar las siembras para evitar sembrar más arroz de la cuenta y así no arriesgar el precio.
Pero aunque se hable del ordenamiento de la producción, es muy difícil materializarla. “Para que funcione debe ser vinculante, no solo decirle a la gente que no siembre más de ciertas hectáreas y tendría que ser obligatorio. Si no, es difícil porque el arroz es de los cultivos semestrales que tiene buena oferta tecnológica”, resalta el gerente de Fedearroz.
Y añade que otra opción ideal sería buscar exportar a otros países para darles salida a los excedentes. El reto en ese frente es que en el mercado internacional los precios están distorsionados por los subsidios que otorgan lugares como Estados Unidos.
Aunque el sector puede ser competitivo en costos, no le alcanza para enfrentar los subsidios internacionales que tienen otros países. Por esa vía los arroceros también se han visto perjudicados por el tratado de libre comercio (TLC) con EE. UU. Allí hay auxilios indirectos a productores estadounidenses, lo que dificulta demostrar la práctica para poner una salvaguarda al arroz nacional, que “no se hace por temor a represalias en otros sectores que exportan a ese mercado”, según Hernández.
¿En qué van los acuerdos logrados?
Al ser esta una segunda parte del paro arrocero, las negociaciones no arrancan desde cero. Todo lo contrario, vale la pena revisar cuáles fueron los acuerdos logrados entre el Gobierno, los productores y la industria para solucionar la crisis.
El Ministerio de Agricultura destinó $7.000 millones en apoyo económico para comprar fertilizantes. Hace dos semanas se lanzó la campaña del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) para productores de 23 departamentos y cinco zonas arroceras.
También ofrecen apoyos económicos por tonelada comercializada entre el 9 de abril y el 30 de junio de 2025, con montos diferenciados: $120.000 por tonelada para pequeños productores de bajos ingresos y $78.000 para medianos productores. A julio de 2025, el programa ha procesado más de 2.600 registros con una proyección total superior a los $15.700 millones.
Aunque desde el sector reclaman que todavía no han recibido el dinero prometido de dichos apoyos. “Ese compromiso se firmó en marzo y debía desarrollarse máximo dos meses después. Ya estamos en julio y todavía no se ha cumplido”, dice el gerente de Fedearroz.
Otro de los puntos acordados tenía que ver con las compras públicas de arroz por parte de entidades del Gobierno. Ya se avanzó con el Bienestar Familiar y se busca que se sumen más entidades como las Fuerzas Militares, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el PAE (Programa de Alimentación Escolar).
Finalmente, el aspecto de libertad vigilada de precios quedó en firme con la Resolución 085 de 2025 del MinAgricultura. Pero la implementación ha tenido dificultades porque requiere que los actores de la cadena reporten la información de su eslabón con transparencia y algunos se han resistido a hacerlo.
Pese a los avances, los productores opinan que la materialización de lo acordado va muy despacio y hay puntos que no se han cumplido. Además, el mal momento que pasa el sector se ha vuelto una carrera contra el tiempo, pues el precio cae conforme pasan los días y se acerca la cosecha.
Para Hernández hacen falta políticas públicas, especialmente en lo relacionado con el incentivo al almacenamiento, que era el mecanismo que tenían para sacar los excedentes del mercado. “Esperamos que el Gobierno le cumpla a los agricultores y que nos apoyen porque a este es un país que le falta infraestructura de vías secundarias, terciarias y distritos de riesgo. Tiene que haber unas políticas a mediano y largo plazo para que haya un buen desarrollo de la actividad”, concluye el gerente del gremio arrocero.
Por lo pronto, los productores se reúnen con el Ministerio para buscar salidas y los gobernadores de los departamentos afectados le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para convocar a la Mesa Nacional por el Sector Arrocero. Esto con el fin de esquivar el paro y así evitar un impacto negativo en la producción, la economía y el orden público del país.
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