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Hasta el 15 de junio se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, la 104ª edición de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde básicamente se definen las tendencias de los derechos laborales en el mundo. Colombia, que trabaja en conjunto con la oficina de la OIT para la región Andina, hace parte del encuentro. Entre otras cosas, el país presentará sus avances en la aplicación de los convenios internacionales en la materia en lo que tiene que ver con la inspección del trabajo y el fomento de la labor decente. Según el Ministerio del Trabajo, “la planta de personal de inspectores del trabajo aumentó en 113%, en cuatro años y mediante negociación colectiva con los empleados públicos del Ministerio se acordó una nivelación salarial para los inspectores del 8,34%, medida que reconoce la importancia de esta función y mejora sustancialmente las condiciones” laborales. Estos funcionarios, dice la OIT, tienen como propósito, entre otros, “el cumplimiento de todas las normas de protección laboral, así como desarrollar las relaciones en una forma ordenada y constructiva”. El investigador Iván Daniel Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, asegura que, en efecto, “la planta de personal de inspectores aumentó, pero esto se deriva del acuerdo Obama-Santos para la suscripción del TLC con Estados Unidos. Sin embargo, hace falta el control en la fase preventiva para evitar que los procesos sean meros castigos económicos y no haya acompañamiento para que las empresas que tengan algún proceso informal lo formalicen”. Las cifras de la cartera laboral señalan que entre 2011 y 2014 se impusieron multas por el incumplimiento de las normas laborales que ascienden a los US$26,7 millones en sectores como palma, azúcar, puertos, flores y el minero, mientras que en otros la cifra llega a los US$139,5 millones. La ampliación de la garantía de confidencialidad, es decir, que los trabajadores puedan imponer querellas sin temor a represalias por parte del empleador cuando consideren que sus derechos laborales fueron violados, constituye un avance que el país presentará en esa cita anual. Percy Oyola, vicepresidenta de la Confederación General del Trabajo (CGT), asegura que “aunque han aumentado los mecanismos para recibir las quejas, las represalias contra quienes denuncian se mantienen. Además se han instaurado querellas y se demoran en ser resueltas entre seis meses y un año. Luego de denunciar, algunos trabajadores son retirados por diferentes métodos”. Por su parte, el director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, Stéfano Farné, manifiesta que “en Colombia hay más conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien. Los empresarios entienden que deben formalizar y respetar los derechos de sus trabajadores. Y los trabajadores tienen mayor conciencia de los derechos que tienen y tratan de hacerlos valer. Más o menos, Colabora (centro de orientación laboral) está atendiendo 140.000 consultas mensuales, y aunque no todas sean sobre quejas, esto quiere decir que el trabajador sabe y se está informando”. Si bien el Gobierno apunta a atender con mayor celeridad los casos de violaciones de derechos laborales, dos de los temas que, coinciden los expertos consultados, solicita la OIT, la lucha contra el trabajo infantil y la libertad de asociación, siguen implicando mayores riesgos. En 2014 la cifra de trabajadores que se asociaron a un sindicato no superó el 5%. “Muy baja con respecto al panorama internacional”, coincidieron. Oyola considera que las sentencias de la Corte Constitucional sobre este particular han sido positivas porque ahora existen más sindicatos, pero eso ha generado una “atomización” de la fuerza laboral, confundiendo esa libertad de asociación con “libertinaje”, el cual evita que se construya un diálogo social entre empleadores y trabajadores. Mientras tanto, en términos de combate contra el trabajo infantil, Jaramillo considera que los índices “siguen siendo preocupantes, por decir lo menos”, pues hoy más de 1’092.000 niños trabajan en el país, reveló el DANE, “cifra que, según las mediciones de nuestro observatorio, podría superar el 1’700.000”. El país irá a Ginebra a presentar los avances que ha habido en materia laboral, pasos que no se han dejado de reconocer. Sin embargo, los problemas de fondo persisten. oguesguan@elespectador.com