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Esta semana, la Superintendencia de la Economía Solidaria intervino a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir), administradora de Drogas La Rebaja, la misma cadena de farmacias que una vez fue propiedad de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.
En 2022, el Tribunal de Bogotá ratificó que las droguerías debían pasar al Estado por su origen ilícito, teniendo en cuenta los nexos que tuvo en su momento con el Cartel de Cali. Los Rodríguez Orejuela cedieron la propiedad a sus familiares, quienes luego vendieron la empresa a Copservir, creada por los empleados de la cadena en los noventa. Desde 2005 la cooperativa estuvo intervenida por la Supersolidaria, pero en 2020 la entidad dijo que ya estaba en condiciones de desarrollar su “objeto social”.
Aunque las droguerías son propiedad del Estado, la mayoría las sigue administrando Copservir. En 2021 la cooperativa suscribió un contrato con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ―entidad que se encarga de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio― para poder administrar 880 establecimientos de Drogas La Rebaja, a cambio de pagar una suma de $7.000 millones como bono de firma. Justamente, irregularidades en la firma de ese contrato motivaron la nueva intervención, también los reportes de información financiera que, según la Superintendencia, no reflejan la realidad de la cooperativa.
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En entrevista con este diario, María José Navarro, superintendenta de la Economía Solidaria, explicó las causas y alcances de la medida. También aseguró que el interventor, Yobany Montilla Meza, quien es licenciado en pedagogía artística, especialista en gerencia de Gobierno y gestión pública y fue candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, si cumple con los requisitos. En el escenario de una liquidación, sostiene que se cambiaría al agente interventor.
¿Por qué la Supersolidaria decidió intervenir a Copservir?
Nos regimos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que plantea unas causales, y cuando hay incumplimiento debemos intervenir. Este proceso tiene origen en 2022, cuando la Superintendencia de la época hizo una visita en la que se encontraron dos irregularidades. La primera es que no hubo autorización del juez de extinción de dominio para la firma del contrato de preposición entre la cooperativa y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La segunda es que se convocó a una asamblea extraordinaria y terminaron votando la aprobación de ese contrato que no estaba en el orden del día. Ambos hallazgos se presentaron en un informe que se trasladó a la cooperativa, esta respondió y determinamos que efectivamente hubo irregularidades.
Copservir era la dueña de los establecimientos de comercio de Drogas La Rebaja, de la marca, del inventario, de los contratos, pero en 2004 la Fiscalía ordenó una medida cautelar con la que inició el proceso de extinción de dominio, en 2016 salió una sentencia que estableció la extinción de dominio de los establecimientos y en 2022 se confirmó esa sentencia. Es decir, Drogas La Rebaja es del Estado desde ese año. La cooperativa debía informar a la Superintendencia su estado y viabilidad financiera después de esa decisión, pero 18 meses después no evidenciamos la realidad en los reportes.
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¿Qué encontraron en los informes?
Evidenciamos que desde el año pasado el margen operacional de la cooperativa empezó a dar pérdidas y aumentaron significativamente los gastos de funcionamiento, de salarios y de comisiones. En los reportes de noviembre de 2023 encontramos una disminución de más de 1.000 empleados y asociados, lo cual nos generó una alerta, de ahí que decidimos revisar cuáles eran las consecuencias de la sentencia que le quita a Copservir la propiedad de los establecimientos de comercio, pero no encontramos ningún informe que sugiera que está informando su realidad.
La tercera causal, justamente, es que evidenciamos inconsistencias en la información reportada, y por eso necesitamos hacer un diagnóstico a través de la intervención para conocer el estado financiero de la cooperativa -porque Drogas La Rebaja ya es del Estado- después de la extinción de dominio.
¿Por ahora qué muestran los estados financieros?
La cooperativa tiene nivel 1 de supervisión, eso significa que debe informarnos cada mes de sus estados. Desde el año pasado se evidencian pérdidas, inicialmente de $9.000 millones, posteriormente de $15.000 millones y ya vamos en $19.000 millones.
¿Cuál es el alcance de la toma de control a Copservir?
Una intervención tiene tres etapas, no necesariamente una depende de la otra. La primera fase es una intervención diagnóstica, dura dos meses, en ese tiempo el agente interventor debe dar un informe a la Superintendencia sobre lo que encontró. Luego está la intervención para administrar, si después del informe vemos que hay una alternativa viable y que la cooperativa puede subsanar los hallazgos podemos entrar a administrarla en un período. Finalmente está la intervención para liquidar.
Cuando tengamos el diagnóstico determinaremos cuál es el paso a seguir, si se devuelve la cooperativa a sus asociados -en caso de que encontremos que hay solvencia que permita la sostenibilidad financiera de la cooperativa una vez entregue la totalidad de los establecimientos de comercio al Estado- o si es otro el panorama.
¿En total son 880 establecimientos?
Cuando arrancó la medida cautelar en 2004, la Fiscalía habló de 334 establecimientos de comercio ―los que compró la cooperativa inicialmente, que la Fiscalía dijo que tenían un origen ilícito. En 2016 la sentencia en primera instancia dijo que eran 880 porque ya se había mezclado la actividad ilícita con la operación de la cooperativa y era difícil determinar cuáles eran de origen ilícito y cuáles no. En 2022 la sentencia estableció que son todos los establecimientos de comercio, ya sin plantear un número; la SAE y el agente interventor tendrán que determinar qué hace parte de la sentencia de extinción de dominio para saber cómo queda la cooperativa y cuál es su realidad financiera.
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¿Qué les respondieron sobre la irregularidad en la firma del contrato?
Preguntamos al tribunal que estaba llevando el caso si la cooperativa debía obtener la autorización de un juez, nos dijo que sí porque hay una medida cautelar que implica la indisponibilidad de los bienes. También preguntamos a la cooperativa si obtuvo la autorización del juez y respondió que no.
¿La SAE dio una respuesta?
La SAE ve a la cooperativa como un depositario de los bienes de la extinción de dominio, nosotros estamos vigilando que la cooperativa cumpla. Lo que haya pasado en 2021 con el contrato lo determinará un juez, si fue legal o ilegal, si existe o no.
Preocupa la hoja de vida del interventor, Yobany Montilla Meza. ¿Es apto para el cargo?
La pregunta es si cumple o no con los requisitos, y puedo decir con total tranquilidad que sí cumple. De hecho, la Superintendencia tiene requisitos más rigurosos que los que le pide la ley. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero nos dice que los agentes deben ser profesionales universitarios con cinco años de experiencia, en cambio, en la Superintendencia los requisitos son que sea profesional universitario, con posgrado, con experiencia en el sector y en cargos directivos o de nivel asesor directivo.
Analizamos la hoja de vida, certificamos que cumple con los requisitos, ya que el señor Yobany Montilla Meza es especialista en gerencia de gestión pública, tiene 15 años de experiencia en el sector solidario y ha sido directivo de cooperativas y, además, fue subdirector técnico de la Secretaría de Integración Social por tres años. Otra cosa es que tenga o no experiencia en liquidación. Antes de nuestra llegada el enfoque era intervenir para liquidar, nuestro enfoque es intervenir para recuperar, por eso no nos interesa que haya una persona experta en liquidaciones, sino en administración, que conozca el sector solidario y que esté dispuesta a asumir el reto de salvar la cooperativa.
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¿Y en intervenciones tiene experiencia?
No, pero él no va solo en la intervención, está acompañado de un equipo y de una revisoría fiscal que tiene mucha experiencia en intervenciones y en auditoría forense. En este diagnóstico queremos hacer una auditoría completa de la cooperativa.
Si es necesaria una liquidación, no tendría la experiencia para hacerlo…
En ese caso cambiaríamos al agente interventor.
Su nombramiento se ha leído como un movimiento político, considerando que fue candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. ¿Cómo eligen las hojas de vida y quién ocupará el puesto?
Está a discrecionalidad de la Superintendencia, en este caso del despacho; se eligen de un listado de agentes que tenemos. Que haya sido candidato no lo inhabilita para ser agente especial, eso también lo revisamos.
Además de un escenario de intervención, ¿en qué otro caso podría considerar un cambio de agente interventor?
En ningún caso. Sin embargo, esperemos la fase diagnóstica a ver qué pasa. El agente está enfocado en este momento en ese diagnóstico y en determinar cuál es la realidad financiera de la cooperativa.
¿Hay algún indicio de a qué se deben los $19.000 millones en pérdidas y los 1.000 despidos?
Por ahora no, hasta este miércoles el interventor arrancó el empalme y la intervención. Esperamos tener noticias pronto sobre los hallazgos financieros de la cooperativa.
¿Desde hace cuánto tiempo están planteando esta intervención?
La ley exige que si se configura una de las causales debemos intervenir inmediatamente. Se configuraron las causales, agotamos el debido proceso, convocamos a un comité asesor y ahí se determinó.
¿Por qué si ya se habían configurado las dos causales en 2022 la intervención se hace hasta ahora?
Porque estábamos agotando el debido proceso y solicitando la información.
¿Todos los casos de intervención han terminado en liquidación?
Lamentablemente, al llegar nos encontramos con ese panorama. Sin embargo, hemos dispuesto un plan para que las intervenciones que encontramos, que son además de cooperativas muy grandes, como la Cooperativa de Algodoneros del Cesar (Coalcesar) y la Cooperativa de Caficultores de los Andes, terminen en la devolución a sus asociados. El plan incluye la remoción de agentes especializados en intervenir para poner agentes especializados en administrar y en recuperar.
¿Es posible que estas dos cooperativas se salven?
Estamos haciendo todo lo posible, intermediamos con los agentes, hicimos un llamado al Ministerio de Agricultura, hemos visitado constantemente las cooperativas. Tratamos de involucrar a las otras entidades para que todas apoyemos la recuperación.
¿Se ha planteado alguna otra intervención?
Por ahora no, estamos analizando informes, haciendo análisis con toda la rigurosidad del caso para tomar este tipo de decisiones, que no son fáciles, lo que menos queremos es intervenir.
¿En algún punto de esta intervención participará el Ministerio de Salud?
Convocamos a una mesa técnica con el Minsalud, la SAE y CISA, que se realizará el próximo martes, para conocer cuáles son las acciones que cada entidad está adelantando y articularnos en ese sentido.
¿Cuáles son las otras prioridades de la Supersolidaria?
Teníamos un marco integral de supervisión que se enfocaba en vigilar la actividad financiera de las cooperativas, pero no todas son de ahorro y crédito, hay de productores, comercializadores, etc. Nuestro principal reto es que ese marco se ajuste a la heterogeneidad del sector, no podemos medir con la misma vara a una cooperativa grande que pone créditos, que capta ahorros, con una cooperativa de pescadores del Magdalena.
El segundo es la transformación tecnológica de la entidad, encontramos un sistema de información con un software de 1998, a través del cual las entidades reportan la información a la Superintendencia. Sin tecnología no es posible hacer una supervisión efectiva, estamos adelantando el proceso de transformación para darles herramientas a las vigiladas para cumplir con los requerimientos. También creamos hace dos meses del centro de analítica de datos, queremos ser un eje central en materia de políticas públicas para el sector solidario, articular con otras entidades el sector solidario, que es un eje central en el Plan Nacional de desarrollo.
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