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Carlos Tapia está sentado en un espacio de tierra en el que antes estaba su casa. En el piso solo queda un trozo de porcelana y los rastros de un inodoro verde aguamarina. Desde ahí se alcanzan a ver los cambuches en los que él, su familia y otros afectados, en total cerca de 170 personas —en su mayoría indígenas yukpa—, duermen desde hace ocho meses. “Aquí era mi casa, donde está el planchón. Perdimos todo. Queda esto, miseria y ruina. Por esa razón estamos en la parte de arriba, viviendo en estas condiciones”.
Tras las fuertes lluvias que se presentaron en la noche del sábado 22 de octubre, y en la madrugada del domingo 23, Bosconia (Cesar) se inundó. El balance de las afectaciones señala que hubo 7.000 familias damnificadas. El agua destruyó 321 casas, 1.730 quedaron no habitables y otras 2.500 averiadas.
Después de la emergencia, Carlos Tapia, con plástico, bolsas, cartón y retazos de carpas, armó el cambuche. Allí vive con cuatro personas, entre ellas, su sobrina que está embarazada. Se instaló sobre la vía en construcción, específicamente en la variante San Roque-Valledupar, que hace parte de la Ruta del Sol sector III, porque exige que Yuma, la concesión a cargo de la carretera, o la Agencia Nacional de infraestructura (ANI) respondan por los daños. También porque está seguro de que este hecho se va a repetir.
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Desde la madrugada del 23 de octubre las clases de los niños yukpa que viven cerca de la vía no son las mismas. María Pastora López, docente y lideresa, cuenta que cuando empiezan a caer gotas del cielo los niños se ponen inquietos. Miran para todas partes, no se pueden concentrar y le piden que los deje “ir arriba”, refiriéndose a la zona en la que se encuentran los cambuches. Según sus propios registros, 49 familias de esta etnia resultaron afectadas.
El temor, especialmente el de los más pequeños, está presente en los relatos de todas las personas afectadas que fueron consultadas para esta nota. “Los niños todavía lloran cuando llueve”, afirma la abogada Sahaday Brito. Por ejemplo, Diana Rodríguez cuenta que a su hija la marcó la inundación y que ahora, cuando el agua golpea las tejas de zinc, la niña llora. “Mi niña se salvó de milagro porque logró meterse en una caja y allí permaneció dos horas hasta que la comunidad pudo rescatarla”.
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Nadie responde por la inundación en Bosconia
Amaury Arroyo, arquitecto con experiencia en gestión de riesgo de desastres, sostiene que la construcción de la variante San Roque-Valledupar pasó por encima del ordenamiento territorial del municipio, pues este no la incluía. Por el contrario, el documento establece la zona en la que se está construyendo como de protección ambiental. Para el experto, la creciente súbita no se presentó solo por las lluvias, sino que tiene que ver con las intervenciones que se han hecho en la zona. “Se deben buscar responsables porque esto no fue un desastre natural, fue un desastre socionatural en el que hubo intervención de la mano del hombre”.
Arroyo y el abogado, Jhon Smit Garrido, han estudiado las causas de la inundación. Su análisis señala, en palabras sencillas, que la variante fue “la cereza del pastel”. El manejo de aguas en el municipio ya era un problema que, según los expertos, fue agravado por la construcción de la vía. Explican que Bosconia, con las obras en construcción, se convertirá en una especie de pocillo y el fondo, al que irán a parar todas las aguas, será el casco urbano.
Los habitantes de Bosconia culpan a la obra que hace parte del megaproyecto Ruta del Sol. Más allá de las explicaciones técnicas, la comunidad argumenta que aunque el municipio se había inundado en el pasado, nunca había ocurrido un hecho de esta magnitud, que describen más como una “avalancha”.
Sobre estas afirmaciones, Lyda Milena Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la ANI, responde que la entidad le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la interventoría realizar un análisis técnico. Ambos estudios concluyeron que la variante no tiene nada que ver: “Estamos absolutamente tranquilos porque las obras que estamos haciendo no tuvieron esos impactos negativos sobre la comunidad”.
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La Concesionaria Yuma también afirma que las obras se han realizado “de manera diligente y dando cumplimiento a todas las exigencias técnicas”. También que la ANLA entregó la licencia ambiental correspondiente y que, en los estudios realizados para obtenerla, “se contempló la capacidad hidráulica”, considerando eventos extremos de acuerdo con las recomendaciones del manual de drenaje del Invías.
El análisis de la ANLA concluye que “no es posible establecer con certeza la relación entre el evento registrado y las obras viales del proyecto Ruta del Sol”. El informe de la interventoría tampoco responsabiliza a Yuma. Todo lo contrario, sugiere que la concesión le recomiende a las autoridades municipales y departamentales acciones para mitigar futuras crecientes súbitas.
Aunque la versión oficial señala tajantemente que la Ruta del Sol no tiene nada que ver con la inundación, la comunidad ahora intentará demostrar lo contrario ante la justicia. La abogada Brito y el abogado Álvaro Díazgranados de Pablo, en nombre de más de 350 personas, presentarán una acción de grupo en contra de Yuma, de la ANI, de la interventoría Consol y de todas las autoridades que tuvieron relación con los hechos. Los estudios que han contratado estos abogados indican que no hubo suficiente planeación en las obras de drenaje.
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Fuentes que viven en los cambuches, y que pidieron no ser citadas por su seguridad, aseguran que han recibido amenazas para abandonar la vía por parte de personas que se identificaron como miembros del Clan del Golfo. El concesionario dijo que no tiene conocimiento sobre estos hechos.
La discusión técnica y jurídica hasta ahora está comenzando, pero mientras los procesos siguen su curso, los niños siguen llorando en Bosconia cuando llueve. Y Carlos Tapia sigue viviendo en un cambuche de plástico bajo el sol del Cesar.
*El Espectador recorrió los tres sectores de la Ruta del Sol, desde Guaduas (Cundinamarca), hasta Ciénaga (Magdalena). Visite el especial:
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