Presentan Agencia que blindará al Estado contra lluvia de demandas

«Yo sé que ésta es una cifra tan grande que resulta difícil de imaginársela», dijo Santos.

Remarcó que esta cifra «representa casi dos veces el producto interno bruto de nuestro país y, más o menos, resulta equivalente al PIB de Suiza«.

El Mandatario de los colombianos hizo un ejercicio preocupante: «si dividiéramos el monto de las pretensiones entre los 46 millones de colombianos, nos correspondería a cada uno – ¡a cada uno de los habitantes de este país: hombre, mujer o niño! – 22 millones de pesos de riesgo por las demandas contra el Estado«.

El Ministerio de Hacienda ha calculado que el monto que podría tener que asumir el Estado ante una eventual sentencia condenatoria, es de unos 430 billones de pesos, explicó, al destacar que para pagar esa deuda «tendríamos que aprobar 430 reformas tributarias».

«Hay que aclarar, sin embargo –y para ser más precisos–, que este cálculo incluye un antiguo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación individual –ella sola– supera los 594 billones de pesos», dijo.

Recordó que de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, desde 2000 hasta la fecha, la Nación ha pagado 3,6 billones de pesos como indemnización a particulares.

Para el presidente Santos es claro que «la falta de información impide realizar una adecuada planeación presupuestal basada en una valoración de la contingencia, por lo que más de una vez el Gobierno nacional se ha visto obligado a endeudarse para cumplir con fallos judiciales que se encontraban por fuera del presupuesto».

Indicó que en 2006 el Estado se vio obligado a emitir títulos de deuda por 200 mil millones de pesos para cancelar dos procesos que se perdieron en el sector transporte, y que hace tres años «fue necesario emitir bonos por otros 90 mil millones de pesos para los mismos fines».

Según el sistema de información sobre litigios administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a julio de este año la defensa del Estado contaba con unos 2.700 abogados, cada uno con un promedio de 56 casos, rrecordó Santos, según el informe de prensa de la Casa de Nariño. En la Policía Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por ejemplo, el promedio excede los 300 expedientes por abogado, dijo.

El caso del Seguro Social «es crítico», dijo el presidente Santos al indica que actualmente tiene más de 68 mil procesos, que maneja con algo más de 300 apoderados, para una carga promedio de más de 200 procesos por abogado.

Ante este panorama el mandatario de los colombianos insistió en que la defensa jurídica del Estado sigue representando un desafío central para el país y para enfrentar este desafío «hoy (martes) presentamos al país», la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo al Mandatario, el objetivo de la agencia es lograr un orden cohesionado y racionalizado en la representación jurídica del Estado en las instancias nacionales e internacionales.

“Con la Agencia buscamos unificar las políticas de defensa e información y, además, coordinar –y en determinadas ocasiones ejecutar- la defensa del Estado en casos de interés estratégico, mejorando nuestro desempeño en los estrados judiciales”, dijo el Presidente Santos, según el informe de prensa.

Explicó que esta agencia se creó haciendo uso de las facultades extraordinarias que el Congreso confirió al Gobierno para modificar la estructura de la Administración Pública en el sector justicia.

“Hemos trabajado por más de un año, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo –que nos dio un crédito de 10 millones de dólares para la puesta en marcha de la agencia- y con un equipo multidisciplinario del Gobierno liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para diseñar no sólo la entidad sino el sistema de defensa judicial de la Nación”, indicó el Jefe de Estado.

A la cabeza de la entidad estará un Consejo Directivo, conformado por el Ministro de Justicia, quien la presidirá; y los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Comercio, así como el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y dos asesores externos.

“El Consejo Directivo será el encargado de formular los lineamientos generales en materia de defensa de la Nación, y determinará los criterios que hacen obligatoria la intervención de la Agencia Jurídica en determinados casos. Habrá un Director General, quien será un verdadero gerente de la defensa del Estado, y será el encargado de ejecutar las líneas generales dadas por el Consejo Directivo”, afirmó el Presidente Santos.

Explicó que el director contará, a su vez, con un Consejo Asesor conformado por tres abogados expertos de las más altas calidades, quienes recomendarán la formulación de políticas de prevención del daño de la Nación, así como los perfiles de los abogados a contratar y las estrategias a seguir en casos específicos que sean de interés para el Estado.

Además habrá tres direcciones: de Defensa Jurídica, de Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica y de Gestión de la Información, al igual que una Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, que será la encargada de impulsar todo el proceso de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades.

“En síntesis, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado será una agencia moderna, innovadora, con gran apoyo en las tecnologías de la información, que recoja las buenas experiencias internacionales y evite dificultades ya experimentadas tanto a nivel interno, como a nivel internacional”, expresó el Mandatario.
Beneficios de la nueva agencia

Aseguró que esta nueva agencia incrementará el número de casos conciliados, ahorrando los costos y contingencias de los procesos largos .

“Y será una agencia que nos evitará, hacia el futuro, el pago de más impuestos, y que –si es eficaz– nos puede significar más recursos, muchos más recursos, para la educación, para la vivienda, para la salud de los colombianos que más lo necesitan”, dijo Santos.

Esta agencia tendrá además a su cargo el control y la coordinación de los casos adelantados ante organismos y tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre otras.

“Situaciones insólitas, como las recientes revelaciones de víctimas falsas que se enriquecieron –con sus abogados- con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre de Mapiripán, no hacen más que confirmar la importancia de este control”, expresó el Mandatario.

También hará el ordenamiento y sistematización de la información disponible de todos los casos adelantados en contra de la Nación.

“Con esta información se podrá hacer un seguimiento a los procesos adelantados directamente por las entidades del sector central y plantear políticas de prevención del daño antijurídico”, destacó el Presidente Santos.