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Queda solamente un día, este miércoles, para que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprueben en primer debate el Presupuesto General de la Nación de 2026. Si no se cumple el trámite, estaremos ante una anomalía histórica: por segundo año consecutivo el Gobierno decretará las cuentas del año siguiente sin tener el visto bueno del Congreso.
A finales de julio, la administración radicó un presupuesto por $556,9 billones que necesita una ley de financiamiento (que en la práctica es una tributaria) por $26,3 billones. La principal crítica a las cuentas del Gobierno es que no se compadecen con la realidad fiscal. En junio, en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Germán Ávila, ministro de Hacienda, se comprometió a presentar un presupuesto austero, pero al final el documento fue un baldado de agua fría. Con 46 días de diferencia (entre el Marco Fiscal y la radicación del presupuesto), el Gobierno aumentó en $18,2 billones el gasto previsto para el otro año.
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Este presupuesto ambicioso, que crece un 3,7 % real frente al de 2025, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Javeriana, llega en un momento en el que ya fue necesario suspender la regla fiscal y en el que se espera un déficit fiscal del 7,1 % del PIB al cierre de 2025, uno de los más altos de la historia reciente, con excepción de la pandemia. Cálculos no oficiales lo sitúan en más del 7,5 %.
Los analistas también cuestionan que el Gobierno repitiera la misma fórmula del año pasado, pese a que no le funcionó: atar el presupuesto a una reforma tributaria. Esta vez el monto es tan ambicioso, que duplica la radicada el año pasado e incluso está por encima de la tributaria de 2022, que el Gobierno presentó cuando el presidente Gustavo Petro recién se estaba instalando en la Casa de Nariño.
Para recaudar $26,3 billones, el Gobierno propone cambios en el IVA y en el impuesto al consumo para algunos productos y servicios, aumentos en las tarifas de renta para personas de mayores ingresos, cambios en el impuesto al patrimonio y ajustes en los impuestos para sectores ya golpeados, como el de minas y energía. El camino de la reforma también es cuesta arriba, considerando que los impuestos no gozan de popularidad, y mucho menos en un año preelectoral.
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El ministro anunció el 11 de septiembre, ante las comisiones económicas, que el Ejecutivo estaba dispuesto a bajar ambos montos en $10 billones. Pese a las intenciones de conciliar, varios parlamentarios insistieron en un presupuesto más austero: sobre la mesa había 15 proposiciones, algunas apostaban por restar de un plumazo los $26 billones del recaudo total de la tributaria y otras incluso iban por $39 billones, una cifra que se acerca a las estimaciones de déficit del otro año del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Todo se quedó en propuestas, porque la sesión se levantó por falta de quórum, cuando todavía no se había votado ninguna proposición. Como no hubo más sesiones, y el monto podía modificarse hasta el 15 de septiembre, la cifra quedó tal como la radicó el Gobierno: $556,9 billones (65 % se destina a funcionamiento, 18,4 % a deuda y 15,9 % a inversión). Fuentes del Congreso consultadas por este diario aseguraron que en cualquier caso ninguna de las iniciativas habrían conseguido los votos suficientes, teniendo en cuenta que las cuatro comisiones tenían que dar el sí para que se pudiera modificar la cifra global. Algunos congresistas tildaron la movida de “jugadita”.
Después de varias reuniones entre Gobierno, ponentes y coordinadores ponentes, el martes se radicó la ponencia mayoritaria para el primer debate y se anunció el proyecto para este miércoles. El debate arrancará al mediodía.
La ponencia mayoritaria, aunque mantiene el monto de $556,9 billones, trae algunos cambios por sectores. Incluye más presupuesto para el Ministerio de Comercio ($100.000 millones más que en la versión original), Ministerio de Deporte ($200.000 millones más), Ministerio de las TIC ($200.000 millones más) y para el Instituto Colombiano Agropecuario ($50.000 millones más).
Para lograr esos aumentos, se baja el presupuesto de otros sectores, puntualmente: $1.000 millones menos para la modernización del Ministerio de Ambiente, $190.000 millones menos en sentencias y conciliaciones en la gestión general del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, $15.000 millones menos en el rubro de sentencias y conciliaciones del sector Hacienda, $2.000 millones menos en sentencias y conciliaciones provisionales para fallo final en la UNP, $260.000 millones menos para la Rama Judicial en el rubro de sentencias y conciliaciones y $81.900 millones menos para gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud.
De todas formas, congresistas y expertos advierten que es probable que se repita la misma película de 2024 y que el tercer acto termine con el hundimiento de la tributaria y el presupuesto desfinanciado.
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En 2024, ante la falta de acuerdo en las comisiones económicas, el gobierno de Gustavo Petro decretó el presupuesto, algo que no había pasado en la historia reciente del país. Más adelante, el Congreso hundió la ley de financiamiento, que buscaba $12 billones, dejando ese hueco en las cuentas de 2025.
El panorama en este punto es similar, pero esta vez, si no hay tributaria, el hueco sería mayor. Si el presupuesto se queda tal como está y la tributaria se hunde, o el Legislativo aprueba un monto menor, el Minhacienda tendría que hacer un aplazamiento o recorte de gasto por la cifra pendiente. Por ejemplo, si no se aprueba nada, la tijera pasaría por $26,3 billones.
Como explicó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, un presupuesto por decreto significa que el Ejecutivo toma la decisión, sin un necesario debate sobre si el monto del presupuesto y sus lineamientos son los adecuados para las necesidades del país.
Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario y planeación patrimonial, dice que la aprobación del presupuesto por decreto es un “mecanismo extraordinario”, y que aunque la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto la permiten, “es un claro indicador de una ruptura en el diálogo y la concertación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Aunque en el Congreso se da por hecho que el presupuesto se irá por decreto si no hay una aprobación este miércoles, Correa señala que el plazo del 25 de septiembre no parece preclusivo, es decir, considera que podría existir alguna opción. “En cualquier caso, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, el Gobierno tiene la facultad de expedirlo mediante un decreto con fuerza de ley”, dijo.
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Como a principios de este año, el Ministerio de Hacienda hizo una suspensión de gasto (no un recorte) por $12 billones, Pérez advierte que el presupuesto de 2026 se construyó sobre un presupuesto de 2025 inflado. Para el experto, la situación puede generar un problema en los próximos años, pues la discusión partiría de un histórico de presupuestos que no estaban financiados y que no se ajustaron a tiempo.
Correa advierte que sin tributaria se generaría un hueco que pondría en riesgo la ejecución de programas sociales y de inversión, así como aumentaría la deuda pública y el déficit fiscal. En el otro lado de la balanza, señala que si se aprueba la propuesta del Gobierno, habría cambios en impuestos nacionales y territoriales que afectarían tanto a empresas como a personas naturales.
Este miércoles se define si el presupuesto 2026 pasa a su segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado, para eso es necesario que las cuatro comisiones económicas le den el sí al proyecto. En cualquier caso, el camino está lleno de incertidumbre, principalmente ante la duda de si el Gobierno podrá aprobar una reforma tributaria por $26 billones. Si no lo logra, considerando el panorama político, se complicará todavía más el panorama de las finanzas públicas.
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