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En Colombia hay entre dos millones y dos millones y medio de predios sin formalizar. Al menos esa es una de las cifras que citan los congresistas impulsores de una iniciativa legislativa que busca dar títulos de tierras a campesinos que no los tienen y que, por tanto, no cuentan con las condiciones para acceder a créditos o subsidios, ni al mercado de tierras, entre otras posibilidades para el desarrollo de su economía.
Se trata del proyecto de ley 165 de 2018 del Senado, que se prepara para su segundo debate en el Congreso. No obstante, pese a la buena intención que manifiestan los autores —de la Alianza Verde—, la iniciativa ha causado preocupación entre expertos en asuntos de tierras que temen que se abra la puerta a la acumulación y al desconocimiento de la institucionalidad existente, lo que llevaría a más problemas.
Según Jorge Londoño, senador de la Alianza Verde y uno de los autores del proyecto, la idea es resolver un problema histórico en departamentos como Boyacá y Nariño, en donde pequeños productores no han formalizado tierras que pasaron de generación en generación o que nunca se legalizaron por desconocimiento, entre otras situaciones. “Son personas que están en el limbo y se les desconoce el derecho fundamental a la propiedad”, dijo el senador.
Sin embargo, una de las principales inquietudes de expertos que han analizado la propuesta es que permitiría legalizar acumulaciones de tierras baldías de la nación, debido a que no establece un límite de hectáreas para formalizar. Asimismo, no ven muy clara la definición de lo que se entiende por “campesino”, por lo que también se podría terminar beneficiando a personas adineradas o a empresas.
Al respecto, Londoño es enfático al decir que el proyecto de ley “nada tiene que ver con baldíos, sino con la propiedad privada” o particular. No obstante, el proyecto de ley habla de “habilitar a los campesinos como titulares de derechos de propiedad y/o dominio, incorporar a su patrimonio los inmuebles que ocupan y trabajan”, y al referirse a “ocupación” puede dar a entender que se habla de baldíos.
El senador también argumenta que sí se da una definición respecto a campesinos, pues la propuesta se refiere a los productores de “escasos recursos quienes poseen activos cuyo monto no supere los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Además, “si ese límite no sirviera, estamos dispuestos a que se ponga otro”, afirmó.
Para Jhenifer Mojica, experta en temas de tierras, esta ley “quitaría las salvaguardas” que existen en el marco jurídico vigente para proteger los baldíos de la nación. Menciona la ausencia de los límites de la Unidad Agrícola Familiar, “la unidad base de todas las políticas de tierras”. En consecuencia, “si se aprueba, se podría prescribir cualquier extensión de tierra”. Además, señala que no se recogen definiciones de campesino que ya existen, “solo dicen el tope de los activos. Todo esto generaría un caos y no se sabría qué norma aplica”.
Del mismo modo, ve como problemático que el camino para formalizar la tierra quede “a discreción del cliente”, ya sea por vía administrativa (a través de la Agencia Nacional de Tierras, que debe adelantar estos procesos de forma gratuita) o acudiendo a los jueces. “Lo que ha hecho eso es que haya inseguridad jurídica, porque los jueces fallan de formas distintas al desconocer la norma agraria, ambiental y de ordenamiento territorial. Por eso lo ideal sería crear una jurisdicción agraria que unifique la manera de resolver los conflictos y que tenga una lectura integral”, añade.
Respecto a la preocupación de que no se hagan salvedades en el proyecto sobre la protección ambiental de zonas especiales, de territorios étnicos o en procesos de restitución, Londoño afirmó que esto será tenido en cuenta para el segundo debate. De todas formas, considera que el proyecto debe seguir adelante, pues para él ha quedado demostrado que las normas actuales no han dado los resultados esperados.
Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), afirmó que apoyan la iniciativa, entre otras razones porque “se generan mecanismos de acción de distintas instituciones para que se puedan adelantar en los municipios los procesos de formalización de la propiedad a través de jueces”. Se refiere a que los personeros, consultorios jurídicos y municipios y departamentos, entre otros, estarían llamados a acompañar a los campesinos en estos procesos.
No obstante, desbordar la capacidad de la Agencia de Tierras para hacerse presente en estos procesos, o incluso que no sea tenida en cuenta, es otra de las inquietudes. El Espectador intentó conocer la posición de la ANT respecto a este proyecto de ley en varias ocasiones, sin embargo, al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Desde el Viceministerio de Desarrollo Rural, por otro lado, se está “pensando en lograr un gran acuerdo en materia de tierras que recoja todas las iniciativas que están en curso”, fue la respuesta del viceministro Javier Pérez.
Jiménez, por su parte, manifestó que también les interesa que este proyecto de ley no se “preste para malentendidos”, por lo que estarían de acuerdo con que se elimine la expresión de “ocupantes” en el próximo debate, para evitar cualquier interpretación que dé para hablar de baldíos. No obstante, la preocupación por los baldíos también emana de que el proyecto presume que las tierras, por el hecho de ser explotadas, son privadas, cuando la misma Corte Constitucional ha dicho lo contrario en sentencias como la T-407 de 2017.
Hay relativo consenso en que hay un problema de formalización por resolver; la cuestión es el cómo. Este proyecto avanza hacia su segundo debate en medio de la expectativa de que se eviten acumulaciones de tierras y de forma expresa se garanticen salvaguardas para proteger los baldíos de la nación y las zonas que necesitan especial protección ambiental, por mencionar un ejemplo. En últimas: que se abra el debate y se escuchen las distintas voces involucradas.
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