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Uno de los grandes problemas del sector de la salud es la intermediación, lo que no sólo genera sobrecostos, sino que se presta para actos de corrupción. Pero esto podría terminar si el Gobierno toma la decisión de asumir el manejo de $6 billones que actualmente ejecutan las alcaldías en la contratación del régimen subsidiado de salud con las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Esta es una de las iniciativas que tiene en mente el ministro de Protección Social, Diego Palacio, para atender los problemas del sector de la salud en el marco de la declaratoria de emergencia social anunciada el jueves en la cumbre de gobernadores por el presidente Álvaro Uribe.
Esta medida estaría acompañada de un decreto con fuerza de ley que tiene como objetivo endurecer los impuestos a las bebidas alcohólicas y al cigarrillo, que no sólo generaría mayores recursos, sino que desincentiva el consumo de estos dos productos.
Palacio señaló que la emergencia social se declaró para poder generar unos recursos adicionales para cumplir con el fallo del Consejo de Estado, que ordena unificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los menores de 12 años, lo que le significará anualmente al Estado $800 mil millones.
De acuerdo con el Ministro, hay muchas propuestas encaminadas a consolidar dicho proceso y que mejora el sector, pero lamentablemente no han podido pasar por el Congreso.
Es muy difícil decirles a los congresistas que la plata no vaya a los entes territoriales. Que esos $6 billones no se les giren a los municipios para que después se los tramiten a las EPS. Los alcaldes que tienen poder político, pelearán por el suculento plato y “le van a decir a los representantes y senadores que no nos acompañan en estas elecciones. Entonces el Gobierno dice: ‘Perfecto, nosotros asumimos la responsabilidad’, y así lo vamos a hacer”, dijo Palacio.
Para ello lo que se tiene pensado es que sea el Ministerio de la Protección Social el que contrate la salud subsidiada para los municipios. Incluso, el Gobierno podría comprar los medicamentos directamente a los laboratorios, con lo cual se reduciría la intermediación.
Además, Palacio sostuvo que se tiene proyectada la implementación de mecanismos de regulación de precios de medicamentos y tratamientos ya que existen muchas diferencias al respecto entre las EPS, lo que finalmente termina en un recobro al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
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