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Durante este periodo presidencial, el asunto fiscal fue un importante foco de tensión entre el Gobierno, el Congreso, las cortes y los órganos de control. En estos cuatro años fuimos testigos de una reforma tributaria (2022); el hundimiento de dos proyectos de reforma (2024 y 2025); cinco estados de excepción, algunos de ellos declarados inconstitucionales, con sus respectivos efectos fiscales; niveles históricos de emisión de deuda; y múltiples demandas y sentencias de las Cortes sobre la materia.
La volatilidad que hemos vivido plantea una prioridad en la agenda del siguiente gobierno: ¿qué debería hacerse en términos fiscales?
Sin perjuicio de otros temas, la cuestión fiscal es indispensable para el correcto funcionamiento del Estado y para la garantía de derechos. Las cifras dan cuenta de la magnitud del reto. Según el CARF (2026), la deuda bruta, aunque disminuyó 1,1 % entre febrero y marzo de 2026, aún se ubica en 60,8 % del PIB. Esta reducción se debió principalmente a una caída de 1,2 % en la deuda externa. Sin embargo, los intereses todavía pesan 36,9 % respecto al recaudo tributario neto del Gobierno Nacional Central (GNC), tasa superior al promedio de 22 % observado entre 2004 y 2026. Al cierre de 2026 se prevé un déficit total acumulado del GNC de 5,1 %.
En este contexto, la nueva presidencia tendrá que resolver qué tipo de reforma tributaria impulsará; cómo afrontará los compromisos financieros adquiridos; cómo definirá sus prioridades de gasto para cerrar las brechas de desigualdad que existen en nuestro país; y qué propondrá frente al manejo fiscal de las entidades territoriales, un asunto relegado durante décadas en el país.
Desde la Red de Trabajo Fiscal queremos llamar la atención sobre algunos asuntos que deberían ocupar un lugar central en la agenda de quien llegue a la Casa de Nariño.
Una reforma estructural
El sistema tributario colombiano muestra señales claras de agotamiento. La reforma de 2022 intentó avanzar hacia una mayor progresividad fiscal, pero los siete intentos posteriores de reforma, entre proyectos de ley y estados de excepción, retomaron la lógica recaudatoria.
A pesar de tres reformas tributarias, el recaudo sólo aumentó 0,4 puntos del PIB entre 2019 y 2025 (14,4 %), lejos del 17,1% que esas reformas prometían alcanzar. Esta orientación ha profundizado la inestabilidad normativa y ha reproducido respuestas de corto plazo que no atienden los problemas estructurales del sistema. Por eso, el próximo Gobierno no debería insistir en reformas recaudatorias, sino tramitar una iniciativa estructural, progresiva y estable, capaz de corregir las distorsiones acumuladas, fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión, simplificar obligaciones tributarias y eliminar beneficios injustificados.
Eliminación urgente del gasto fiscal injustificado
Entendemos por “gasto fiscal” aquellos recursos que el Estado deja de percibir por cuenta de la existencia de beneficios fiscales. Desde la Red hemos insistido en la necesidad de que el Gobierno sea responsable y elimine el exceso de beneficios que carecen de razonabilidad y medición. Una medida estructural permitiría recuperar la pérdida de aproximadamente COL 130 billones por concepto de recaudo. Esto ha sido sistemáticamente recomendado, como lo sugirió el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.
Este es el problema que en mayor medida afecta el recaudo en el país. Es claro que no existe un grupo de congresistas que analice técnicamente este aspecto. En tal sentido, debería delegarse en un equipo técnico junto con la academia la tarea de analizar cada gasto tributario, analizar la relación beneficio/costo y determinar cuáles se justifican y cuáles no. Esto incluso permitiría reducir la tarifa del impuesto a la renta de las personas jurídicas.
Atención urgente al sistema tributario territorial
Como lo hemos expresado en otras oportunidades, consideramos necesario atender con inmediatez las recomendaciones del informe de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial y repensar el funcionamiento del sistema de tributación territorial (municipal, distrital y departamental).
Lamentablemente, la ciudadanía debe enfrentarse a la proliferación de tributos como estampillas, contribuciones especiales y tasas que generan una sobreimposición de la actividad productiva; a un laberinto de obligaciones formales por parte de cada municipio del país (sujetas a altas sanciones por incumplimiento), tarifas impositivas arbitrarias (como las del impuesto de alumbrado público en algunos municipios); tributos injustos y contrariedades procesales que sólo se explican por la falta de claridad en nuestro sistema y la incapacidad de gestión tributaria de las entidades territoriales.
Fortalecimiento del impuesto al patrimonio
Colombia se ubica entre los tres países más desiguales del mundo, donde el 0,01 % de los declarantes concentra patrimonios superiores a los COP 9.500 millones (DIAN, 2024). La riqueza conjunta del 1 % de las personas más ricas de Colombia se encuentra en USD 214.000 millones de dólares, mientras que la mitad más pobre de la población sólo llega a USD 26.000 millones de dólares (Oxfam Colombia, 2025).
Para atender este problema, en 2022 se creó el impuesto al patrimonio de forma permanente. Sin embargo, este tributo ha suscitado muchas discusiones porque algunos consideran que podría tener efectos negativos, como la relocalización de las personas o los activos, o efectos confiscatorios, e incluso algunos han cuestionado su eficacia. Para atender a estos cuestionamientos, vale la pena revisar si se puede robustecer el impuesto al patrimonio tomando como referente la construcción presentada a nivel global por el Observatorio Fiscal Internacional, en el cual se presenta el diseño de un impuesto a la riqueza que busca resolver estas consideraciones a la vez que ayuda a nivelar la balanza de desigualdad.
Fortalecimiento institucional de la DIAN
En ese frente, la entidad ya ha avanzado en el incremento de su planta de personal, pero ese esfuerzo debe acompañarse de una capacitación robusta del nuevo recurso humano, mayor tecnificación de los procesos y un conocimiento más profundo de la estructura interna de la entidad. A esto se suma el programa de modernización financiado por el BID, que ha desembolsado y desembolsará recursos por más de USD 200 millones para la modernización y la mejora del modelo de gobernanza institucional de la administración tributaria. Sólo si estos mecanismos operan de manera articulada será posible avanzar hacia un sistema con mayor capacidad de recaudo.
Fortalecimiento de la tributación de la economía digital
Este sector económico plantea un desafío particular para la tributación, pues su capacidad de operar sin presencia física facilita el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Colombia trató de atajar este problema en la reforma de 2022 con la creación de la regla de la Presencia Económica Significativa. Sin embargo, esta norma resultó insuficiente porque no aplica cuando se está haciendo una operación con un país con el que se cuenta con convenio para evitar la doble imposición. Ante esto, una posible solución sería la creación de un tributo que no esté limitado por los convenios, como lo podría ser un Impuesto a los Servicios Digitales el cual ha sido implementado por países como Francia e Italia.
El llamado de la Red, en medio de la preocupante situación fiscal del país, es a que el próximo Congreso y Gobierno avancen en la reforma estructural.
Ésta no debería limitarse a aumentar el recaudo, sino a incorporar elementos como los señalados anteriormente y otros, como la gestión integral de la deuda, la simplificación del sistema, avanzar en la tarifa diferencial en el impuesto de renta para MiPymes, tener reglas más claras para la cooperación tributaria internacional y la tributación transfronteriza, y mejores sistemas de información fiscal con datos desagregados por territorio, género y enfoque étnico-racial.
Sólo una agenda de este alcance permitiría superar la lógica de reformas parciales, mejorar la progresividad del sistema y fortalecer la sostenibilidad fiscal con criterios de equidad, eficiencia y desarrollo productivo.
* Daniel Lozano, Oxfam Colombia; Yoner Ojeda Pinto CEEF U. Externado; Sara Margarita Osorio Arias, Cedetrabajo; Alejandro Garavito C, coordinador Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad – UNAL; Brandon Espinel, Facultad de Jurisprudencia – U. del Rosario; Miguel Ángel Rodríguez, Cedetrabajo; Jairo Orlando Villabona, exdirector de la DIAN y director del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad – UNAL.
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