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Estos días se anuncian como claves para la economía de Estados Unidos. No, no hablamos esta vez de inflación, o problemas en las cadenas de producción, o lenta recuperación del mercado laboral, o precios del petróleo, o caída de las acciones por cuenta de todos estos factores. Ahora se trata de las negociaciones para extender la vigencia del presupuesto nacional y para elevar (o suspender) el techo de deuda.
Ambas son discusiones cuyas consecuencias implican, de una forma u otra, frenar el alcance del gobierno federal mediante el recorte de los fondos que necesita para operar en medio de una recuperación económica que está probando ser menos rápida y eficiente de lo que se había anticipado. En otras palabras, si las negociaciones no prosperan, el panorama se ve algo más sombrío que de costumbre.
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Para comenzar vale decir que el Congreso de Estados Unidos tiene hasta la medianoche de este jueves para extender el presupuesto y evitar un cierre del gobierno federal.
Ahora, en el escenario actual, el cierre del gobierno pareciera el menor de los problemas (sin que esto signifique que sea un asunto menor). El verdadero miedo acá es el fantasma de una moratoria en los pagos de este país, algo que comúnmente se conoce como un default y que, en palabras simples, no es más que la imposibilidad de honrar las deudas.
Esta discusión gira alrededor de un asunto que se conoce como el techo de deuda y que, como su nombre lo indica, es el límite de endeudamiento que el Congreso le impone al Gobierno, justamente para no generar un desequilibrio fiscal que, a la larga, termine llevando también a un default.
Esta misma semana, la secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen, advirtió que si el techo de deuda no se modifica, o se suspende, Estados Unidos habrá agotado el 18 de octubre los recursos para financiarse.
La funcionaria aseguró esto mediante una carta enviada a los congresistas estadounidenses en la que advirtió acerca de las desastrosas consecuencias para la economía de no hacer nada con el techo de deuda: el Gobierno no podría tomar crédito, pagar sus cuentas ni los salarios de sus funcionarios, además de que esto “erosionaría la confianza en el dólar como moneda de reserva. Es incierto si podremos seguir cumpliendo los compromisos de la nación luego de esa fecha”, enfatizó Yellen.
Yellen insistió en la necesidad de vital de aprobar una reforma al techo de deuda: “Esperar hasta el último minuto podría causar serios daños a las empresas y a la confianza de los consumidores, elevaría el costo de los préstamos para los contribuyentes e impactaría negativamente en la calificación del crédito de Estados Unidos en los próximos años”.
Ahora bien, el techo de deuda es un problema de naturaleza y con consecuencias económicas. Pero la raíz de su solución es un asunto político y es por ahí que el debate comienza a volverse un lodo espeso y de difícil manejo.
El martes de esta semana, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó un nuevo intento de los demócratas para aprobar un aumento del techo de endeudamiento. El día siguiente (miércoles 29), la Cámara de Representantes (que cuenta con mayoría demócrata, partido del presidente Joe Biden) aprobó un proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento, con 219 votos a favor y 212 en contra.
Las visiones de ambas cámaras del Congreso ilustran la división política alrededor del tema, que no es un asunto novedoso y que, de fondo, refleja líneas ideológicas sobre el papel del Estado: los demócratas abogan por mayores intervenciones desde el nivel federal (una perspectiva keynesiana, si se quiere), mientras que los republicanos ven el sobre endeudamiento como una de las consecuencias para pedir un Estado menos intervencionista.
El proyecto de la Cámara pasará al Senado, en donde con toda probabilidad fracasará porque los demócratas de esa cámara no tienen suficientes votos para aprobarlo en solitario y los republicanos ya han avisado en varias ocasiones de que bloquearán cualquier esfuerzo para aumentar la deuda de EE.UU.
Los problemas con el techo de endeudamiento tampoco son nuevos. Durante la administración de Barack Obama también se presentó una parálisis política alrededor de este tema, que llevó a que la agencia calificadora Standard and Poor’s retirara el máximo grado de calificación a la deuda estadounidense. Vale la pena aclarar que EE.UU. no ha entrado en default nunca, pero en aquella ocasión (2011) se aproximó bastante.
En su momento, la posibilidad cercana de este escenario indujo cierta volatilidad en los mercados, algo que se quiere evitar esta vez debido a las presiones que ya existen desde esquinas como los precios del petróleo o la posible debacle de Evergrande (el gigante inmobiliario chino).
En esencia, el problema con el techo de la deuda se produce porque el Gobierno gasta mucho más dinero del que obtiene a través de impuestos federales. No resulta nada extraño que el anterior problema de endeudamiento hubiera sucedido durante la resaca de la crisis financiera global de 2008-2009.
Ahora, la administración Biden, como el resto de gobiernos del planeta, tiene que lidiar con la continuación de apoyos económicos en medio de una reactivación que va más lento de lo esperado. Sólo en 2021, se estima que el Gobierno de EE.UU. incurrirá en gastos por US$5,8 billones y tendrá US$3,5 billones de ingresos, lo que dejará un déficit de US$2,3 billones, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El presupuesto
Como ya se dijo, a los problemas con el techo de deuda hay que sumarle la extensión en la vigencia del presupuesto. Pero con las dificultades que enfrenta el presidente demócrata Joe Biden para aprobar sus megaproyectos de gastos sociales e infraestructura (además del asunto con el techo de la deuda), el cierre del gobierno luce como el menor de los problemas.
Hay tanto en juego que Biden prefirió anular un viaje a Chicago y encabezar las negociaciones con los legisladores.
Y mientras el mandatario busca apoyo para sus dos proyectos, los congresistas están abocados a evitar que el Estado federal se quede sin presupuesto, lo que afectaría a ministerios y organismos federales, llevando a miles de empleados al desempleo técnico.
Para ello, deben aprobar una ley para extender el presente presupuesto, que expira a medianoche.
Ello luce factible pues hay consenso entre los legisladores. No obstante, el ambiente de tensión debido a las divisiones partidarias y el escaso margen pueden complicarlo todo.
Además de esto, el Congreso también debe decidir hoy el destino del proyecto de infraestructura de Biden, que promete una masiva inversión en este sector por US$1 billón. En la línea también hay otra ambiciosa iniciativa del presidente estadounidense, que promete una inversión de US$3,5 billones en asuntos sociales, incluyendo medidas de adaptación al cambio climático y expansiones del sistema de salud y educación.
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