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Este lunes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que representa a los empresarios del sector, hizo una advertencia: los proyectos, tanto los que tiene a su cargo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como los del Instituto Nacional de Vías (Invías), están en riesgo.
De los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación 2024, $16,7 billones corresponden al sector transporte, de esa partida, $13,6 se asignaron para inversión en proyectos de infraestructura. El problema es que el Gobierno no desagregó en el decreto de liquidación $12,5 billones (que hacen parte de los $13,6 billones mencionados). Es decir, no especificó cuánto se invertirá en cada proyecto.
A esta situación se sumaron las declaraciones de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. El viernes pasado, el jefe de la cartera aseguró que en la liquidación del presupuesto está “todo lo que aprobó el Congreso”, pero que hay una discusión respecto a cuáles son las prioridades, considerando qué tanto se están ejecutando los proyectos.
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Según Bonilla, los recursos están asegurados, pero “hay que examinar si lo que está previsto para este año debería entregarse” teniendo en cuenta los niveles de retraso de las obras. El gremio argumenta que el ritmo de ejecución no debe afectar el pago de las vigencias futuras y que esta decisión podría paralizar iniciativas clave, como la esperada primera línea del Metro de Bogotá.
Jorge Tirado Navarro, exdirector de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, afirma que la situación inquieta porque los $12,5 billones presupuestados para el sector transporte quedan en “total indefinición”, lo cual contraria la Ley Estatutaria de Presupuesto.
Para Juan David Duque, exdirector de Colombia Compra Eficiente y director en Duque Botero Consultores, que el presupuesto no esté desagregado evidencia falta de planeación, pero no es grave porque esa es una tarea que, a la larga, puede hacer el sector. Del otro lado, la medida de atar las vigencias futuras a la ejecución de las obras, sí implica, según el experto, incumplir las normas, lo cual afecta los presupuestos y podría traer demandas. “Sería abrir una puerta peligrosa”, asegura, entre otras cosas, porque se corre el riesgo de “institucionalizar” el incumplir contratos.
El planteamiento de Hacienda sobre las vigencias futuras es lo más grave, según Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana. El experto señala que el Estado se comprometió a hacer giros periódicos para financiar los proyectos, esta es una obligación que está establecida en los contratos y que no puede depender de la ejecución de las obras.
El profesor explica que estos recursos se guardan en una fiducia y sirven como garantía para que, en caso de que ocurra algo inesperado, por ejemplo, una terminación anticipada, haya recursos para responderles a los actores que intervienen en el proyecto, incluyendo a los bancos e inversionistas. “El objetivo de los recursos no es pagar al concesionario, sino servir de fuente para que el proyecto siempre cuente con financiación. Solo a medida que se va cumpliendo, se le va pagando al concesionario, pero eso no quiere decir que el Estado se pueda desprender de su obligación de poner la plata que tiene que girar anualmente por contrato y por ley”.
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En resumen, con esa opción que hoy plantea el Minhacienda, se desfinanciarían los proyectos, lo que también implicaría incumplir los contratos y, de paso, sembrar dudas entre los inversionistas sobre la seguridad jurídica del país. En palabras de Castro, una decisión de ese tipo sería “devastadora” para la infraestructura. Por ahora, la cartera no ha hecho más pronunciamientos sobre el tema.
Las alertas de la CCI
Según el gremio de infraestructura, ya se está sintiendo la parálisis en algunos programas del Invías. Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, aseguró que se han quedado sin trabajo 2.600 microempresarios, teniendo en cuenta que desde el 31 de enero no se pueden adicionar contratos para el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas.
Los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, por un monto $267.000 para este año, se suspendieron. La situación, dice la Cámara, podría causar incluso la interrupción del tránsito por corredores como el cruce de La Línea porque el contrato vence en marzo.
Al no ser posible expedir los registros presupuestales de 2024, señala la CCI, los proyectos en ejecución del programa “Legalidad y reactivación” tendrían que suspender obras. En total, se verían afectados 57 de importancia estratégica, como la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos y la Transversal del Catatumbo.
Hasta la publicación de este artículo, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado.
Tirado agrega que la no liquidación del presupuesto es problemática porque tanto el Invías como la ANI necesitan a los contratistas para supervisar y monitorear la ejecución de los proyectos.
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Cifras de la Cámara indican que la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invı́as, “quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre”.
El gremio dice que ha mantenido un diálogo “constructivo” con el Gobierno y reconoce que el presidente prometió en el Congreso Nacional de Infraestructura cumplir con los contratos, pero también señala que todavía queda un ajuste pendiente en los peajes y advierte que la situación con el presupuesto y las declaraciones sobre vigencias futuras ponen en riesgo la continuidad del modelo APP (Asociaciones Público-Privadas).
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