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En medio de una semana agitada para la salud, que incluyó la caída de la reforma, la solicitud de liquidación de Compensar y las intervenciones a Sanitas y a la Nueva EPS (dos entidades que suman más de 16 millones de afiliados), se conoció una advertencia que envió la Contraloría en febrero de 2023 a la Superintendencia de Salud, señalando, entre otras cosas, problemas en la vigilancia y control de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), incluyendo las que están intervenidas.
En esta entrevista, Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, se refirió a la pertinencia de que la Supersalud intervenga a las EPS, dijo que enviaron este jueves un informe que esas entidades deben responder en los próximos días y anunció que la próxima semana se publicará un informe clave sobre la infraestructura del país.
La advertencia que envió la Contraloría en 2023 se ha interpretado como un argumento de que la Supersalud no tiene las capacidades para intervenir a las EPS, ¿es así?
Se trata de una función de advertencia de la Contraloría de febrero del año pasado, cuando llevaba cinco meses el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa advertencia consolidaba el estudio de las competencias de la Superintendencia de Salud, inspección, vigilancia y control, que no se estaban ejerciendo de manera adecuada. Es una fotografía de hace más de un año que recogía los últimos dos años de gestión de la Superintendencia.
Por sus competencias, la Supersalud tiene la responsabilidad de monitorear cada peso que se haya girado a las EPS en el pasado y en la actualidad.
Pero, ¿sirve como un insumo para leer el presente, en medio de las intervenciones?
Coincide con la foto de hoy en que la Superintendencia tiene que fortalecerse porque para revisar el comportamiento del manejo de los recursos de salud de las EPS se necesita capacidad tecnológica, administrativa, de recurso humano. La Supersalud tiene que hacer un trabajo mucho más exigente para que, con estas intervenciones que está decretando, no termine siendo peor la cura que la enfermedad.
Las situaciones pasadas muestran que las intervenciones no resuelven los problemas de fondo de las EPS. Los antecedentes de otros gobiernos indican que la mayoría de las EPS terminan liquidadas y sus usuarios pasando a otras entidades.
¿Consideran que el informe sobre las EPS sirvió de insumo para el Gobierno a la hora de tomar la decisión de intervenir Sanitas y la Nueva EPS?
La Contraloría tiene que producir insumos como le corresponde por ley. Cada entidad tiene que utilizarlos para tomar correctivos, hacer planes de mejora o tomar decisiones. Cada uno lo hace en el marco de su autonomía e independencia.
¿Seguirán produciendo informes sobre las EPS?
Acabamos de enviar este jueves un informe a todas las EPS, que consolida un balance del estado del uso de los recursos de la UPC en las vigencias 2020 y 2021. Esperamos que respondan en los próximos tres días.
La Contraloría está investigando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hace poco anunciaron una indagación en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Cómo avanzan esas actuaciones?
Las iniciamos tras recibir denuncias ciudadanas. El tema de la UNGRD está en manos de la unidad anticorrupción, que está revisando todos los contratos. Y en la Agencia de Seguridad Vial estamos revisando unas denuncias que se hicieron frente a un cambio en el manual de contratación y a unos contratos que, al parecer, se están haciendo con empresas cuyo objeto no coincide con las actividades misionales para las cuales las están contratando.
La entidad también se ha referido al tema energético, que toma mayor relevancia en medio del fenómeno de El Niño. ¿Cuál es es el llamado al Gobierno?
Quizá la principal tarea que tiene el Gobierno es conectar todos los proyectos que se adjudicaron en el pasado bajo el concepto de cargo por confiabilidad que representan más de 3.000 MWh y eso resolvería por completo y de tajo el riesgo de un posible apagón a finales del primer semestre.
¿Le están haciendo seguimiento a las concesiones?
Actualmente, hay 30 concesiones en seguimiento de la Contraloría. Este jueves informamos sobre el estado de riesgo de 40 puentes en todo el territorio nacional, infraestructuras que están bajo la vigilancia de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura).
¿Se está haciendo lo suficiente para verificar y atender la situación de estas infraestructuras?
El Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene que poner al servicio una unidad a la que le corresponde hacer el monitoreo y el seguimiento a estas obras de infraestructura, se trata del Sistema de Puentes de Colombia (Sipucol). El Ministerio de Transporte le entrega esa responsabilidad al Invías, pero hoy no está funcionando la unidad y eso hace que se pierda la capacidad de controlar el riesgo, la estabilidad de las obras y el estado de las pólizas que dan garantía a varios de los puentes.
¿Hay alguna otra alerta en materia de infraestructura (considerando la polémica alrededor de la ejecución de los contratos y la incertidumbre en torno a las vigencias futuras)?
Vamos a publicar un informe la próxima semana de 100 grandes obras que están bajo la lupa de la Contraloría. En su mayoría son obras nacionales.
¿Qué está pasando con el Plan de Alimentación Escolar en Colombia?
Evidenciamos falta de planeación. Tenemos la obligación de hacer seguimiento en tiempo real, preventivo y concomitante a los recursos públicos. Hemos observado que por la no ejecución oportuna con el calendario escolar de estos recursos hoy están sin atender más de 150.000 niños en todo el país, de los cuales 39.000 son poblaciones indígenas.
¿Cuál es el balance de los procesos de responsabilidad fiscal?
Llevamos más de $540.000 millones en recaudo de cobro coactivo, recursos que se han recuperado para el erario público; tenemos indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal abiertos en este año y medio que superan los $6 billones; decretamos medidas cautelares, que no se había hecho antes, esas investigaciones en curso están resguardadas por embargos que suman $2,2 billones, lo que significa que si más adelante llegamos a fallar, esta plata se va a recuperar.
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