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La decisión de una corte canadiense tiene en alerta a una docena de empresas colombianas. El problema es de tal magnitud que Cerro Matoso advirtió que su operación podría ser inviable por la falta del suministro de gas y el gremio de los generadores térmicos señaló que el problema se agrava en pleno fenómeno de El Niño.
Esta semana, el 24 de junio, la Corte de Alberta, Canadá, avaló en primera instancia la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente sus contratos de suministro y transporte de gas natural en Colombia. Esta petición se hizo en el marco del proceso de reestructuración por insolvencia que inició la empresa el año pasado.
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Canacol acudió a la justicia canadiense porque está constituida en ese país. La empresa de exploración y producción de gas natural, que abastece parte de la demanda de siete departamentos de la región Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, ha argumentado que no cuenta con la capacidad de producción necesaria para cumplir las obligaciones de entrega pactadas en sus contratos. La Corte consideró, entre otros argumentos, que la terminación de los contratos facilitaría el proceso de reestructuración de la empresa.
Aunque Canacol mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios, en abril su producción promedio fue de 75 millones de pies cúbicos diarios. Su producción ha venido cayendo por factores técnicos y operativos: en julio de 2023 alcanzaba 196 millones de pies cúbicos diarios.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), la terminación de los contratos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, generando impactos directos sobre los hogares, la industria y la generación térmica. Sin embargo, el aval de la corte canadiense no es una decisión definitiva.
¿Qué sigue?
La decisión, como explicó Promigas en un comunicado publicado como información relevante, no es de aplicación inmediata: está sujeta al reconocimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades, que definirá si el fallo se adopta o no en Colombia. Por ahora, los contratos siguen vigentes.
La Supersociedades puede ejercer las facultades legales contempladas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza (Ley 1116 de 2006), particularmente la excepción de orden público, para evitar decisiones que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos.
Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, explicó a El Espectador que, a partir del 24 de junio, cuando se tomó la decisión, las empresas con contratos con Canacol cuentan con 21 días para apelar. La corte canadiense tendrá 15 días para decidir si acepta o no los argumentos presentados. Si el fallo queda en firme en Canadá, en palabras de Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, “la última palabra la tendrá la Superintendencia de Sociedades”.
Por ahora, la Superintendencia informó que la solicitud no ha llegado a la entidad. “Una vez esté radicada y haga parte del expediente se procederá a dar una respuesta oficial”, dijo.
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Los riesgos
Como explicó Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector, la situación es todavía más grave ante la estrechez actual en el mercado del gas, especialmente con la llegada del fenómeno de El Niño. En épocas normales, el 60 % de la energía en Colombia se genera con hidroeléctricas, pero en una sequía es necesario prender las plantas térmicas como respaldo.
“La decisión aprieta aún más la situación para el país”, aseguró Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Colombia importa gas natural desde 2016 para respaldar las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesitan fuentes externas para abastecer la demanda de comercios, industrias y vehículos. En este momento, cerca del 30 % de lo que consume el país es importado.
El sector tiene poco margen de maniobra, al menos hasta que entren los nuevos proyectos de regasificación. Colombia hoy solo tiene una infraestructura que le permite importar gas: SPEC LNG, la regasificadora de Cartagena.
“La situación pone más presión al abastecimiento interno y reafirma la necesidad de contar cuánto antes con fuentes adicionales de gas importado que permitan cubrir las necesidades del país y evitar posibles limitaciones en el suministro a ciertos sectores”, dijo Vera.
Para algunas empresas la falta de este hidrocarburo podría implicar un cese de actividades. Este es el caso de Cerro Matoso. Canacol le venía suministrando el 82 % del gas natural que necesita para operar; sin embargo, en las últimas semanas, según la empresa, la productora había reducido las entregas contempladas en el contrato.
El gas es un insumo vital para la producción de ferroníquel, de ahí que Cerro Matoso sostiene que, sin un suministro confiable de este hidrocarburo, tendría que detener su operación y apagar sus dos hornos.
“Si Cerro Matoso cesa por falta de gas, lo más seguro es que no vuelva a arrancar, pues los daños serían enormes porque las líneas de producción trabajan a altísimas temperaturas. Si se apagan, se enfrían y se dañan las refractarias de los hornos, los calcinadores y los secadores”, dijo Gaviria. Recuperar cada horno supondría inversiones entre COP 550.000 millones y COP 730.000 millones.
El presidente agregó que la empresa no cuenta con muchas alternativas ante la posible terminación de los contratos de Canacol. La opción sería usar gas importado para mantener las operaciones, pero no hay certeza de que la regasificadora de Cartagena tenga la capacidad para entregar todo lo que se necesita para mantener la operación. Además, los precios serían mucho mayores.
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Las solicitudes
“Lo importante es que los campos sigan operando. Canacol ha argumentado que está en una crisis financiera y que podría quedarse sin plata para operar. Nuestro llamado a las instituciones del Estado, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y a las superintendencias de Sociedades y de Servicios Públicos, es a que tomen medidas para garantizar los contratos que ya existen. Si por alguna razón Canacol no puede operar, que haya una intervención para que alguien más opere los campos”, aseguró.
De acuerdo con Gaviria, la intención de Canacol es cancelar los contratos vigentes, que en el caso de Cerro Matoso van hasta 2029, y establecer nuevos acuerdos con precios mayores y sin garantizar el volumen de entrega.
En esa misma línea, Castañeda explica que la terminación de contratos le permitiría a Canacol renegociar con las empresas para buscar mejores precios. “Este escenario pone en riesgo el suministro, cambiaría las negociaciones, cambiaría quién tiene contratos y quién no y generaría más incertidumbre en un momento en el que el sector requiere certezas”.
Naturgás dijo el mes pasado que no se justifica una terminación anticipada de contratos, pues existen distintos caminos para manejar la situación. Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, se refirió a “mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso el interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas”.
Para Vera, la terminación de los contratos generaría un mal precedente para el marco regulatorio nacional, que se sostiene en la teoría de que los contratos garantizan el abastecimiento. De ahí que sería necesario hacer más estricta la regulación para evitar que situaciones de este tipo se vuelvan a presentar.
Por ahora, la decisión no es definitiva, pero el proceso abrió un nuevo frente de incertidumbre para las empresas que dependen del gas de Canacol y para el mercado.
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