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El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. El alto tribunal determinó que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.
En su cuenta de X, Rusinque manifestó su rechazo a esta decisión, argumentando que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales (realizada en París) sí tiene relación con las funciones que se realizan en esta superintendencia.
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“A pesar de lo certificado por la Universidad de París II, una de las más prestigiosas de Europa, sobre la naturaleza y contenido de mi título de maestría, el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto”, dijo, al añadir que también se desconoció su experiencia como docente investigadora del Externado, en el campo del Derecho Público público y constitucional.
Tras la decisión del alto tribunal, Rusinque le presentó al presidente Gustavo Petro su carta de renuncia, quedando en manos del mandatario la decisión de designar a otro directivo.
Bajo la dirección de Cielo Rusinque se adoptaron decisiones determinantes, con efectos significativos en la economía del país. Un ejemplo claro es el aval (con condicionamientos) a la integración entre Tigo y Movistar, una medida compleja por sus posibles impactos en la competencia, al reducir el mercado a dos grandes actores: Claro y el operador resultante de dicha integración.
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La pregunta que algunos se hacen es: si el Consejo de Estado determinó que Rusinque no tenía las competencias para desempeñar su cargo ¿qué pasará con las decisiones que tomó como superintendente?
Según lo explicado por el exsuperintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, todas las acciones adelantadas por Rusinque están revestidas de una presunción de legalidad, por lo que la anulación de su nombramiento no invalida los actos administrativos que llegó a firmar.
Eso podría pasar cuando el Consejo de Estado, en sus fallos, determina que hay efectos hacia el pasado. Pero eso no ocurrió en este caso.
También explica que es positivo que se mantengan válidos tales actos, pues brindan seguridad jurídica a los negocios que dependen de los mismos. “Sería gravísimo que, ante un acto como este, todos los actos administrativos queden nulos”, señaló.
Camilo Cuervo, socio en la firma de abogados Holland & Knight, insiste en que la salida de Rusinque era la “crónica de una muerte anunciada” pues, asegura, desde su nombramiento se sabía que no tenía ni la experiencia ni las capacidades que demanda el cargo.
También coincide en que la nulidad de su nombramiento no afectan las decisiones aprobadas por Rusinque. No obstante, considera que esto podría revestir cualquier argumento en un proceso de demanda que busque atacar cualquiera de estas decisiones, entendiendo que fueron tomadas por una persona que no contaba con la capacidad técnica ni académica.
Rubio también cree que este tipo de demandas podrían darse, las cuales tendrían que ser presentadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque abre un nuevo capítulo para la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que serán clave la estabilidad institucional y la confianza en sus decisiones, mientras el Gobierno define el futuro de la entidad.
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