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La Ley de Financiamiento, según el Ministerio de Hacienda, es el mecanismo mediante el cual se busca recaudar $7,1 billones en 2019, con los que se pretende recuperar la inversión en el país y permitir un crecimiento económico por encima del 4 %. Por ejemplo, la controvertida propuesta de aumentar el IVA a cervezas y gaseosas, mediante la aplicación de un IVA plurifásico, hace parte de las apuestas presentes en esta ley. Con esta medida se recaudaría $1 billón.
Otra de las “moneditas” que se sumarían a la “colecta” impulsada por el Gobierno es la que viene por cuenta de la retención en la fuente de ciertos trabajadores. Por esta vía la Ley de Financiamiento recogería otros $1,9 billones.
Para alcanzarlo, en la Ley de Financiamiento se aplicó un par de cambios en la retención en la fuente. En entrevista con El Espectador, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, los resumió en dos: el incremento de las personas presentes en la base de la retención en la fuente y un aumento en el porcentaje de la retención.
El primer punto significa que en el pasado se aplicaba retención en la fuente a trabajadores cuyos ingresos, luego de ciertos descuentos, fueran 95 unidades de valor tributario (UVT); es decir $3’149.820, si se tiene en cuenta que en 2018 cada UVT valía $33.156. Hoy, con el nuevo valor de la UVT ($34.270), por Ley de Financiamiento el umbral se redujo a 87 UVT, por lo que un trabajador que tenga un ingreso mensual de $2’981.490, luego de los descuentos, pasará a ser apto para retención en la fuente.
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Según información de la CUT, esa disminución en el umbral significó que cerca de 2,5 millones de trabajadores, a quienes antes no se les aplicaba retención en la fuente, pasaron a ser blanco de la normativa.
El segundo punto al que se refiere Arias tiene que ver con un aumento en el porcentaje del ingreso que se le retiene al empleado. Antes, lo máximo retenido era un 33 %, pero luego de la Ley de Financiamiento pasó a ser un 39 %.
En suma, los principales impactos que han recibido los trabajadores en el país, producto de la Ley de Financiamiento, es que más personas pasaron a ser aptas para que a sus ingresos se les aplique retención en la fuente y, a estas, se les está reteniendo más dinero.
La nueva normativa entró en vigencia el 1° de enero de 2018.
Aspectos para tener en cuenta Para Camilo Rojas, presidente de la consultora especializada en modelos eficientes de remuneración para los empleados Eiffel Edison, es un error pensar que si alguien recibe un salario de $2’981.490 le pueden aplicar retención en la fuente. Rojas explicó a El Espectador algunos alivios tributarios que se deben tener en cuenta.
En primer lugar, una cosa es el salario del trabajador y otra, la base de la retención en la fuente. Sobre la segunda es que se calculan las UVT. “La diferencia es que el salario es susceptible a una serie de alivios tributarios, algunos de ellos opcionales, que hacen que la base de tributación baje frente al salario”, menciona Rojas.
La retención en la fuente, para este caso, es un anticipo mensual que se extrae del salario del trabajador para ir abonando a su declaración de renta. Como este último tributo se hace de manera anual, la idea es que todos esos abonos hechos a lo largo del año se crucen con la declaración y el saldo final a pagar sea cero.
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Vale la pena aclarar que hay casos en los que el cruce de cuentas deja saldos a favor del trabajador. En dichos escenarios este tiene el derecho de pedir al Estado la devolución de su dinero o, en su defecto, abonarlo para futuros pagos tributarios.
El trabajador tiene derecho a que a sus ingresos se le apliquen una serie de descuentos que, eventualmente, podrían librarlo de ser sujeto a retención en la fuente.
Los dos alivios tributarios, que Rojas define como automáticos son, por un lado, el 25 % de exención sobre su base de retención en la fuente al que todo el mundo tiene derecho. Por otro lado, se encuentran los aportes a seguridad social; es decir, salud, pensión y riesgos laborales, entre otros.
Los dos alivios tributarios opcionales son, en primer lugar, los pagos que el empleado haya hecho el año inmediatamente anterior por concepto de medicina complementaria, medicina prepagada, intereses por un crédito de vivienda y el sostenimiento de personas que dependen económicamente de él.
En este último caso, el descuento aplicado es del 10 % y se debe demostrar que la o las personas que dependen económicamente del trabajador no reciben ingresos superiores a un salario mínimo.
En segundo lugar, se encuentran los aportes voluntarios que el empleado hace a fondos de pensión o a cuentas de ahorro para el fomento de la construcción.
Si luego de todos estos descuentos el saldo final se encuentra por debajo de las 87 UVT, el trabajador no es apto para que se le aplique retención en la fuente. Según cálculos de Rojas, en promedio un trabajador tendría que recibir más de $4.500.000 para que se le aplique esta normativa.
¿Una medida injusta? Como muchos otros aspectos contenidos en la Ley de Financiamiento, las modificaciones a la retención en la fuente no han estado libres de críticas. Para Arias, desde su rol como líder sindical, medidas como estas afectan la capacidad de gasto en los trabajadores para que puedan acceder a bienes y servicios. “Cada vez que usted le quite un peso a algún trabajador para demandar bienes y servicios es un peso menos en la circulación de los bienes y servicios del país”, menciona Arias al referirse al impacto que tendría, a largo plazo, esta ley en la reactivación económica del país.
Para él, las empresas serán las que al final de la cadena sentirán el impacto de esta ley, ya que, según lo explica, menos consumo en los trabajadores significa menos demanda en el mercado y, por consiguiente, menos ventas en las empresas.
En su defensa el Ministerio de Hacienda asegura que esta normativa solo afecta a los trabajadores de más altos ingresos en el país, cuyos aportes permitirán “solventar los gastos destinados a atender las necesidades sociales que se plantearon en el Presupuesto General de la Nación 2019, que no cuentan con financiación”.
Según Rojas, este panorama, en el cual se incrementan las tasas impositivas para los asalariados, puede hacer que dentro de las compañías estos levanten la mano y pidan una mejor remuneración con el fin de compensar la afectación en sus bolsillos.
Para ello recomienda a las empresas impartir información, como la de alivios tributarios, que resulte útil en la disminución del impacto económico en los empleados. “El salario emocional también sería una buena apuesta, ello ayuda a que un empleado se fidelice en una organización”, concluye el experto en temas laborales.
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