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Las mayorías en la Comisión Séptima del Senado le dijeron no a la reforma laboral. La iniciativa del gobierno de Gustavo Petro por un “trabajo digno y decente” terminó naufragando en el tercer debate del Legislativo.
Fueron cinco horas de discusión, en donde los senadores de la Comisión, representantes a la Cámara y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expusieron las razones por las que la reforma se debía defender o archivar.
Quienes apoyaron la reforma argumentan que la misma buscaba, entre otras cosas, que el contrato de trabajo a término indefinido fuera la regla general en Colombia; que los trabajadores rurales, domésticos, repartidores de plataformas y madres comunitarias tuvieran mecanismos efectivos para formalizarse; que la licencia de paternidad pase de dos a cuatro semanas, y que los aprendices del Sena tuvieran derecho a recibir una remuneración de por lo menos un salario mínimo en su época de prácticas, así como acceso a la seguridad social.
Sin embargo, la manzana de la discordia fueron los costos que acompañaron estas propuestas, pues los críticos de la iniciativa argumentaron que los mismos serían tan elevados, que la reforma podría implicar la destrucción de puestos de trabajo.
Fue así como los puntos más polémicos del articulado se centraron en dos propuestas. La primera es que el recargo por trabajar en días de descanso pase, de forma gradual, del 75 al 100 %, mientras que la segunda cambiaba el inicio de la jornada nocturna de las nueve de la noche a las siete de la noche.
Los opositores referenciaron un análisis publicado desde el Banco de la República, el cual estima que la aprobación de la reforma implica la potencial eliminación de 450.000 puestos de trabajo en el país. Según lo detallado por la senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), la decisión de votar por el archivo de la reforma no obedece a una razón política, sino técnica, pues la información que recogieron de las mesas de trabajo y audiencias públicas los dejó con la convicción de que este proyecto de ley resulta nocivo para el mercado laboral.
Referenciando un análisis de la Andi, Ríos y otros senadores también dijeron que la reforma implicaba un incremento en los costos extrasalariales del 63 %, los cuales afectarían en una mayor medida a las microempresas, pues lo que pagan por contratación formal pasaría de los $3,4 billones a $8,6 billones.
En suma, los que votaron por el archivo de la reforma (Ana Paola Agudelo, Esperanza Andrade, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, Nadia Blel, Honorio Henríquez, Miguel Ángel Pinto y Lorena Ríos) consideran que aunque ellos también quieren mejorar las condiciones laborales en Colombia, el panorama económico no lo permite, por lo que su decisión termina conservando los puestos de trabajo.
Otra es la mirada que tienen quienes defendieron el proyecto de ley, pues para ellos el articulado proponía acciones justas, además de poner a tono al país con las convenciones y tratados que ya han suscrito otras naciones.
Para el ministro Sanguino, por ejemplo, contrario a la narrativa de que la reforma iba a destruir empleos, la misma tenía el potencial de crearlos, pues en un análisis hecho en el interior de su cartera se encontró que aun cuando los costos laborales aumentaran un 3 %, con la nueva norma se podrían generar unos 91.000 puestos de trabajo al año.
El senador Ferney Silva (Pacto Histórico) además deslegitimó el tan referenciado análisis vinculado al Banco de la República, pues aseguró que el mismo se elaboró con datos de 2012, los cuales no reflejan la realidad del panorama actual. A esto se suma que ese documento se publicó en 2023, tras la primera radicación de la reforma, por lo que el mismo tampoco mostraría con exactitud la realidad, entendiendo que desde entonces el articulado de la laboral sufrió muchas modificaciones.
Quienes presentaron sus ponencias alternativas (Fabián Díaz, Alianza Verde, y Norma Hurtado, Partido de la U), lamentaron que en la Comisión se le hubiera dado un portazo a la reforma, sin antes haberle dado la oportunidad de ser debatida en otras sesiones, con la esperanza de que los artículos que marcaban diferencias pudieran ser modificados.
Los próximos movimientos del Gobierno
Como lo manifestó el ministro Sanguino, el archivo del proyecto de ley ya estaba cantado, por lo que desde el Gobierno se han alistado una serie de acciones que mantendrían vivas partes importantes de la reforma.
El grueso de las apuestas se centran en la consulta popular, anunciada días atrás por el presidente Gustavo Petro. Por este mecanismo se buscará que los colombianos acepten o rechacen las propuestas. Sobre esto hay que tener en cuenta que no se votará todo el articulado, sino que se elaborarán una serie de preguntas (que hasta la fecha se siguen construyendo) relacionadas con los cambios que debería tener el mercado laboral.
Sanguino también informó que se preparan una serie de ocho decretos reglamentarios, de los cuales, hasta el momento, tampoco se tienen mayores detalles.
Finalmente, algunos senadores anunciaron que presentarán, seguramente en la próxima legislatura, sus propias reformas laborales, por lo que este tema seguirá estando en la agenda.
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