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Todos los días, a las 5:30 a. m., Pedro Vicente González se levanta a trabajar. Se alista y se dirige a “la oficina”, como suele llamarle a su huerta en donde se desempeña como agricultor. González vive y trabaja en Subachoque (Cundinamarca), a una hora de Bogotá. Lo que cosecha es para el autoconsumo y el excedente lo vende. A esta práctica se le llama “agricultura familiar” y así, como González, de este trabajo, viven cerca de tres millones de personas en Colombia.
Pedro González labora con otras 29 familias en la Asociación Red Agroecológica Campesina (ARAC), que fundó en 2011. La Asociación produce alimentos sin agroquímicos industriales, como fertilizantes o pesticidas. De esta manera la ARAC produce 70 productos, entre frutas, hortalizas, legumbres y otras cosechas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) en América Latina y el Caribe, el 80 % de los alimentos provienen de la agricultura familiar. En Colombia es algo similar, en lo que cuenta el trabajo de la ARAC, pues sus productos llegan a hogares de Cundinamarca y Bogotá.
“Los campesinos no deberíamos vivir en pobreza, ni con la falta de derechos que sí tienen los ciudadanos como la salud y la educación. Nosotros enviamos alimentos a las ciudades y, como allá, acá también trabajamos todos los días. Deberían ponerles más cuidado al campo y a los agricultores”, comenta González.
Por eso, el objetivo de la ARAC no solo es producir alimentos de forma autóctona y responsable con el medioambiente, sino también ayudar a los campesinos para que hallen empleo y estabilidad económica. Como la ARAC, la agricultura familiar busca dar un aporte positivo al país en materia social, económica y medioambiental.
Desarrollo social
Un incidente casi le cuesta la vida a Pedro González. En 2009 sufrió una intoxicación con un agroquímico del cultivo de zanahoria que lo dejó quebrantado de salud y desempleado. La solución era vender sus tierras, decisión que habitualmente toman los campesinos por falta de empleo y recursos.
Según el DANE, en las áreas rurales hay un índice de pobreza multidimensional (IPM) del 34,5 %, mientras que en las áreas urbanas hay registrado un 12,3 %, según las cifras para 2019. La distribución del territorio también es una dificultad para el pequeño productor. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, un 0,4 % de los productores agropecuarios cuenta con más de 500 hectáreas, mientras que el 69,9 % tiene menos de cinco. Los primeros ocupan el 41,1 % del territorio del país, mientras que los segundos menos del 5 %. En medio de esta situación, Colombia tiene 40 millones de hectáreas aptas para el cultivo, de las cuales solo se siembran 7,6 millones, el 19 %. Lo demás son en gran parte pasturas.
El director de la especialización en agricultura familiar de la Universidad Minuto de Dios, Arlex Angarita, afirma que el campesino vive en condiciones precarias por la indiferencia histórica del Estado. Dice que el avance gubernamental en cuanto a esta población ha sido lento e insuficiente. “Si hoy hay retazos de prácticas campesinas es por su esfuerzo, no porque se les hayan garantizado sus derechos apropiadamente».
En el caso de González, después de dos años, en 2011, tras recobrar su salud y no poder vender sus tierras, volvió a la agricultura, pero sin agroquímicos industriales. Se le unieron 19 familias y, en 2012, estudiantes de la Universidad Nacional les ayudaron a establecer una organización. Así surgió la Asociación Red Agroecológica Campesina.
A pesar de su realidad, los agricultores familiares como González generan el 74,1 % de los empleos en el sector rural. Debido a su importancia también a nivel internacional, la FAO estableció desde 2014 la década de la agricultura familiar. Tres años después, en 2017, se formalizó en Colombia la Mesa Técnica de Agricultura Comunitaria Familiar y Campesina (ACFC).
Por parte del Estado colombiano se han creado más programas de apoyo al agricultor familiar desde la firma del Acuerdo Final con las Farc, en 2016, en el que se contempló la reforma rural integral. Está también la Resolución 464 de 2017, del Ministerio de Agricultura, en la que se establecen lineamientos de apoyo para la agricultura familiar. Además, en enero de este año el Ministerio expidió la Resolución 006, en la que se crea el Plan de comercialización para la economía campesina, familiar y comunitaria (en el que se invertirán $42.664 millones para apoyar la comercialización de la economía campesina), y en septiembre el Plan de generación de ingresos, en la Resolución 209. Estos programas buscan integrar a los agricultores en cadenas de mercado y reforzar sus organizaciones. Ahora están en fase de constitución de mesas técnicas, que son las que establecen los planes de acción.
También se constituyó la convocatoria “El campo emprende”, que ayuda a los proyectos agrarios de comunidades vulnerables, como mujeres y jóvenes rurales, grupos étnicos y víctimas del conflicto (se invertirán $35.560 millones para apoyar a las organizaciones solidarias). La convocatoria de 2020 se cerró el 31 de julio. Estos programas se llevarán a cabo con ayuda de otros entes como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) desde 2016 ha organizado 40 ruedas de negocios para agricultores familiares, logrando ventas de $29.300 millones. Esta entidad estuvo al frente de la Ley 2046 de 2020, con la que se obliga a las instituciones del Estado a gastar por lo menos el 30 % del presupuesto destinado a la obtención de alimentos en productos de pequeños agricultores.
Además, la UAEOS organiza mercados que eliminan al intermediario entre el campesino y el productor. Por el COVID-19 los mercados han sido virtuales. El líder del proyecto, Edwin Insuasti, afirma que llegaron a Santander, Caquetá, Huila, Guaviare, Meta, Sucre, Bolívar y Córdoba. “Entregamos 45.733 mercados, apoyamos a 258 asociaciones y se beneficiaron 11.975 familias”.
El académico Arlex Angarita opina que, a pesar de los programas que diseña el Gobierno, barreras como la lejanía, la infraestructura de carreteras y las necesidades logísticas y educativas continúan. “Los agricultores nunca han tenido un acompañamiento integral como para que cumplan tales requerimientos”, afirma.
La ARAC abrió en 2015 un punto de mercado en la plaza de Subachoque. Así, como asociación de agricultores familiares, han crecido conjuntamente y han generado empleo y desarrollo en su región. “La indiferencia del Estado y de los ciudadanos hizo que el mismo campesino sintiera vergüenza de su trabajo y de su vivir. Pero aquí en la ARAC recuperamos nuestra confianza y estamos orgullosos de nuestro oficio”, dice González.
Productividad económica
La cosecha de la ARAC es para el autoconsumo y el excedente lo destinan para el punto de mercado en Subachoque y para los clientes de Cundinamarca y Bogotá. Según la economista Yubisa Arredondo, la agricultura colombiana se comporta de forma parecida. Explica que, en su mayoría, la producción agrícola también es para el autoconsumo, y por eso no tiene un valor representativo en el PIB ni en las exportaciones de Colombia.
La economista explica que una buena balanza comercial se demuestra cuando un país tiene más exportaciones que importaciones. “En Colombia las exportaciones [agropecuarias] superan por poco las importaciones, pero el problema es que lo exportado está monopolizado en pocas agroindustrias”, dice. Las exportaciones de agropecuarios en septiembre de 2020 tuvieron un valor de US$637,3 millones y de estas, el 46 % provienen de tres productos: café sin tostar, aceite de palma y banano. Por otro lado, el país importa cerca de 10 millones de toneladas de alimentos al año. En cuanto a producción, de acuerdo con el informe del DANE, el sector agropecuario creció 2 % en 2019, lo mismo que en 2018.
“El país está beneficiando a un sector productor que no es el que más empleos genera. La agroindustria produce más, pero la ganancia no es distribuida en la población”, añade. Según la economista, están creciendo pocas empresas que aglutinan las tierras y las ganancias no quedan para el país, que es el que aporta la tierra, los recursos naturales y la mano de obra.
Las cadenas largas de comercialización también afectan a la agricultura familiar. En estas, los campesinos solo reciben entre el 18,5 y el 24 % del valor pagado por el consumidor, según estudios del Minagricultura. Asimismo, se estima que, en promedio, hay tres intermediarios en la cadena de comercialización, generando sobrecostos del 21 % para el consumidor. Por esto, los pequeños agricultores buscan formar cadenas cortas para sus productos.
Si crece la productividad en la agricultura familiar, lo hace para el bien común. En 2015 la ARAC recibió un premio de $50 millones gracias al concurso “A ciencia cierta”, realizado por el Ministerio de Ciencia (antes Colciencias). La Asociación mejoró la infraestructura del local de Subachoque, adquirió sistemas de riego, renovó la dotación y compró insumos orgánicos para mejorar la calidad de los cultivos. Esta convocatoria reconoce anualmente los proyectos civiles que beneficien el cuidado del ambiente.
La economista Arredondo comenta, además, que si se mejora la producción y el consumo interno se dinamiza la economía. “Olvidamos que el movimiento interior también incrementa el PIB. Si les damos a los campesinos las condiciones óptimas de trabajo, estos tendrán ingresos extras y así invertirán en otro tipo de mercados, lo que beneficiará a la economía en general”. Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aclara que esta organización, que reúne a gremios de la agricultura, no solo vela por las agroindustrias, sino también por los pequeños productores. Sus intervenciones a favor de los campesinos apuntan al mejoramiento de bienes públicos como la infraestructura vial, la educación, la formalización del empleo y la titulación de tierras.
“La frontera agrícola del país tiene 175 mil km de vías terciarias, de las cuales solo el 10 % están en buen estado. En la SAC trabajamos para mejorar la infraestructura vial, que va a beneficiar a todos los actores agrícolas”, comenta Bedoya. También resalta que el 86 % de los empleos rurales son informales, por lo que trabajan para incluir al campesino en el régimen contributivo de salud y pensiones. Entre otros proyectos está el de mejorar la conectividad del campo y el de fomentar la educación digital, en lo que se invertirán $200 mil millones, con un enfoque de emprendimiento de las mujeres rurales.
Para 2021, la SAC se plantea seguir trabajando en los proyectos que mejorarán los bienes públicos, mientras estructuran un proyecto con la CAF, en el que se reforzará la educación digital en áreas rurales. “En la pandemia trabajamos para que el campo entrara en los decretos de excepción y no detuviera su producción. Por otro lado, nuestros gremios siguieron en contacto con los agricultores de forma virtual y últimamente hemos retomado programas semipresenciales”, dice Bedoya.
En el caso de la ARAC, a pesar de la crisis producida por el COVID-19, los campesinos se mantuvieron estables y, además, consiguieron más clientes.
Sostenibilidad ambiental
En la agricultura hay tres procesos fundamentales: la fertilización del suelo, el control de plagas y enfermedades, y el uso de semillas. Dependiendo de cómo se trabajen estos factores habrá afectación positiva o negativa en el ambiente. Los agricultores familiares trabajan con la agroecología para preservar los ecosistemas.
Según Álvaro Acevedo, doctor en agroecología de la U. Nacional, esta forma de agricultura surgió como opción para generar sistemas agroalimentarios sostenibles. La agroecología une saberes tradicionales con el conocimiento técnico. “Los campesinos trabajamos con las lógicas de la naturaleza y por ello no dependemos de los agroquímicos industriales”, dice Pedro González.
Hay otros sectores que defienden el uso de insumos sintéticos. María Helena Latorre, directora de Procultivos, de la Andi, cámara que acoge a las empresas productoras de agroquímicos, afirma que si estos se utilizan de forma adecuada, no producen daños a la salud ni al medioambiente.
En la fertilización del suelo y en el control de plagas la ARAC utiliza componentes orgánicos. En el manejo agroindustrial se depende de fertilizantes y pesticidas. En Colombia se aplican 708 kilogramos de fertilizantes químicos por hectárea cultivable, mientras que el promedio de América Latina es de 128 kilogramos.
Procultivos cuenta con un curso que forma en la adecuada utilización de fertilizantes, Mentes fértiles, y el de pesticidas, Cuidagro. Este año han formado a 1.900 personas virtualmente, a causa del COVID-19. Sin embargo, la prioridad es formar presencialmente y desde mediados de octubre volvieron a trabajar con grupos de 15 personas, respetando todos los protocolos de bioseguridad.
En cuanto a las semillas, la norma que rige en Colombia es el Convenio Internacional para la Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, de 1978. Gloria Erazo, abogada especialista en propiedad intelectual, comenta que este acuerdo promueve el mercado de semillas híbridas y transgénicas, pero que las orgánicas quedan relegadas.
A las semillas modificadas se les inserta un juego genético que actúa contra hongos y plagas, o para que resistan a los fertilizantes sintéticos. Según el ingeniero Isnaín Bolaños, si la semilla funciona, se patenta y se comercializa. “Estos compuestos pueden generar alergias, pero en casos remotos, por eso están los permisos legales y sanitarios”.
Acevedo comenta, por su parte, que hace 10 mil años había unas 800 variedades de alimentación, pero que por la agroindustria se han disminuido a 20. Para evitar la pérdida alimentaria, cree que se deben sembrar cultivos con semillas nativas y criollas. Sin embargo, estas no cumplen las reglas de calidad y sanidad de la Resolución 3168 de 2015, del Instituto Colombiano de Agricultura, que se centran en semillas agroindustriales. “Así como no se puede monopolizar el aire, tampoco las semillas. Estas son un bien común de los pueblos, no de las empresas”, dice González. Finalmente, desde noviembre de 2019 el Estado trabaja con la FAO y con el gobierno de Brasil para establecer lineamientos públicos para la agroecología. El proyecto se llama “Sembrando capacidades”, y en abril de 2021 se publicarán sus resultados. También se desarrolló el “Atlas agroecológico”, en el que, desde marzo de 2020 se mapean a las organizaciones que trabajen con este modelo de producción. Se ha trabajado con herramientas digitales y telefónicas debido al COVID-19.
Los agricultores familiares seguirán trabajando con el objetivo de producir alimentos de forma autóctona, saludable y responsable con el ambiente, mientras generan desarrollo social y económico. Estos campesinos seguirán cuidando la raíz de la semilla, la del agua y la raíz de la montaña, que es donde descansan sus costumbres, sus convicciones y su amor por la tierra y la naturaleza.
* Estudiante de periodismo de la Universidad del Rosario. Este texto es una adaptación de la tesis de grado “Raíz de la montaña, agricultura familiar en Colombia”, publicada en 2020.
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