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El próximo 20 de diciembre, los líderes de los operadores de telecomunicaciones (Claro, Movistar, Tigo, WOM, entre otros) que quieran participar en la subasta del espectro para el despliegue de 5G estarán en un espacio que el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, define como “una especie de casa estudio”. Los representantes quedarán aislados unos de otros en cubículos (que cuentan con baño), sin acceso a internet y con un único computador que se conecta a una red interna. Todo con el ánimo de garantizar la transparencia en un proceso clave para el futuro de la conectividad del país.
Básicamente, ese día los operadores ofertarán por el espectro radioeléctrico (propiedad del Estado) para poder desplegar la infraestructura necesaria para prestar los servicios de telecomunicaciones. Las mejores propuestas económicas se quedan con el espectro, en este caso hablamos en plural porque puede haber hasta cuatro empresas ganadoras.
Así se otorgarán los permisos de uso del espectro radioeléctrico de las bandas para 4G (700 MHz, 1900 MHz, AWS extendida, 2500 MHz) y para el despliegue de 5G (la banda de 3.500 MHz). Para esta última, cada uno de los cuatro bloques de 80 MHz tiene un valor de reserva de $318.305 millones.
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Si bien la subasta se realizará el 20 de diciembre, se estima que los primeros despliegues se darán a mediados de 2024. La próxima fecha clave en el cronograma es el martes 14 de noviembre, día en el que se sabrá cuáles son las empresas que van a participar. Por ahora, MinTIC estima que en la subasta el Estado recaudará cerca de $2 billones, el dinero se destinará para la conectividad de los más pobres.
Este martes, el Ministerio de las TIC hizo una modificación a la Resolución 3947 de 2023 (la que define las reglas del juego para la subasta). La adenda, que será la última, según dijo el jefe de la cartera, incorpora las recomendaciones que hizo la Contraloría. Le contamos cuáles son los cambios y qué implica la llegada de la tecnología 5G.
Los últimos cambios
La última adenda se hizo para resolver los temas que preocupaban a la Contraloría, incluyendo un posible detrimento patrimonial y la poca claridad en las obligaciones de los operadores.
Aunque el órgano de control pidió revisar los precios de la subasta, el Ministerio de las TIC decidió mantenerlos, teniendo en cuenta que estos fueron fijados por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) con base en una metodología.
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Respecto a las obligaciones de hacer (obligaciones que deben cumplir los operadores para poder acceder al espectro), Sergio Sotomayor, director técnico de la subasta, explicó que en la última modificación se especificó quiénes y cómo se deben cumplir estas obligaciones, pero también el mecanismo para verificar el cumplimiento.
La resolución señala que se deberá llevar conectividad de alta velocidad a localidades específicas (incluyendo zonas apartadas), conectar 2.326 instituciones educativas con fibra óptica y conectar 2.114 kilómetros de carreteras. Con esta última medida, todas las vías nacionales tendrían conexión a internet.
Vale la pena recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también le ha puesto el ojo a la subasta. Teniendo en cuenta las recomendaciones que hizo esa entidad, el Ministerio decidió aclarar algunos temas (específicamente sobre un bloque de 10 MHz en la banda de 700 MHz) y redujo el valor de reserva en los bloques de 80 MHz. Sin embargo, la Contraloría tenía una opinión contraria respecto a esto último, entonces con la adenda del martes se eliminó.
Lizcano explicó que, en palabras sencillas, se trata de una especie de filtros que son necesarios para evitar interferencias, con la adenda las empresas tienen que cubrir ese monto, que representa cerca del 0,02 % de la inversión total.
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¿Suficientes garantías para la competencia en el sector?
Aunque la cartera dice que ha atendido todos los reclamos, hubo una solicitud de la Superindustria que no quedó en la versión final de la resolución. La entidad recomendó evaluar la posibilidad de que Claro, que tiene la mayor cuota de mercado, no pudiera ofertar servicios basados en la tecnología 5G hasta que otorgue a los demás agentes una oportunidad para acceder a la interconexión a sus redes de 5G.
La participación de Claro en este proceso ha sido un punto clave y polémico, teniendo en cuenta que otros competidores han pedido que se limiten sus posibilidades de ofertar en la subasta con el objetivo de evitar que tenga más poder en el mercado.
El Ministerio dijo que no atendió esta recomendación porque “implica cambios de fondo en la regulación del régimen de acceso, uso e interconexión”, que es competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Lo que sí quedó estipulado (y que también es una recomendación de la Superindustria) es que no se le permitirá a Claro pujar por la ubicación en la banda de 3.500 MHz (la de 5G).
Lizcano sostiene que ya se han tomado todas las “medidas asimétricas” que se podían tomar. En su concepto, las restricciones adoptadas en el pasado para limitar la participación de Claro en la subasta no lograron los efectos esperados: “prohibirle a una empresa que participe en la subasta por una banda parece que no tiene sentido. Ya se hizo y no funcionó”.
En cambio, pone sobre la mesa que la CRC está planteando 10 medidas para evitar la “dominancia en el mercado”.
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Por otro lado, el mes pasado la SIC dio el visto bueno para que Tigo y Movistar se integren; una alianza con la que las empresas esperan aumentar su cobertura en cerca de un 10 %.
Pese a las preocupaciones que han manifestado otros operadores, Sotomayor afirma que de cara a la subasta la única posibilidad es que las empresas decidan presentarse en una unión temporal, un hecho que ya ha ocurrido en el pasado. “La regla que existe en este momento, respecto a los topes de espectro, resultó de un concepto que en ese momento emitió la SIC. Este indica que en ese caso podrán participar por la cantidad de espectro que le falte para cumplir los topes a la empresa que más espectro tiene”, dice.
En caso de una posible fusión, la nueva empresa que nace de la integración tendría que devolver espectro si supera los topes establecidos.
¿Qué implica la llegada de 5G?
Como explicó recientemente a este diario José Felipe Otero, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de 5G Américas, con la primera generación fueron posibles las llamadas, con la segunda llegaron los mensajes de texto, con la tercera la transferencia de archivos y los juegos y con la cuarta la transmisión de contenidos de manera continua. Ahora 5G promete “más velocidad, menos latencia y viabilizar un internet de las cosas masivo”.
Para el experto, la quinta generación de tecnologías beneficiará de forma directa a las empresas y de forma indirecta, un poco más tarde, a las personas. “El consumidor verá un impacto positivo en algunos años, pues se abaratarán hasta en un 80 % los costos de las transmisiones de datos y, por ende, serán más baratas ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, realidad aumentada y extendida, entre otras cosas”.
Las empresas, si están preparadas, podrían ser las más beneficiadas. Quienes participaron en la consulta pública que realizó MinTIC el año pasado (en la lista están asociaciones gremiales, fabricantes, operadores y academia) señalaron que el principal impacto de esta tecnología en el bienestar social vendrá por cuenta del crecimiento económico de sectores como manufactura y servicios, por los impactos que puede tender en la productividad y en la competitividad. “Algunas estimaciones plantean un aumento de cerca del 0,5 % del PIB antes de 2030 como resultado de una oportuna explotación de las redes 5G”, afirmó el Ministerio de las TIC.
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