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Pese a que, en lo corrido de este año, la escalada terrorista contra la infraestructura petrolera del país ha sido menor a la de 2018, los ataques dinamiteros de 2019 se han registrado en lugares geográficamente más complejos para la atención de las emergencias como la región del Catatumbo, donde delinquen varios grupos al margen de la ley y por ello se debe ingresar con el acompañamiento de la Fuerza Pública para ejecutar las labores de limpieza y reparación.
Hasta el pasado 17 de abril, la infraestructura petrolera operada por Ecopetrol ha sido afectada por 23 atentados: 15 han sido contra Caño Limón-Coveñas, seis contra el oleoducto Trasandino (OTA) y dos han afectado el oleoducto Mansoyá-Orito (OMO). La cifra de atentados del primer trimestre de 2019 es inferior a la registrada en el primer trimestre de 2018, cuando se totalizaron 41 eventos.
El ataque más reciente fue en el municipio de Tibú, en la vereda El Seis, que obligó al cierre de la bocatoma del acueducto municipal y de uno de los sitios turísticos más emblemático de la región: Pozo Azul.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señala que el mayor daño que se causa al país por cuenta de los atentados no son las pérdidas económicas de las reparaciones, cuyo valor superó los $100.000 millones en 2018, sino que lo más doloroso es la pérdida de vidas en las labores de protección y reparación, la afectación a comunidades de zonas como el Catatumbo y el impacto ambiental que ocasiona el crudo derramado en terrenos, quebradas y ríos.
El año pasado la infraestructura de transporte de crudo a cargo de la operación de Ecopetrol fue objeto de 105 atentados, lo que representó un incremento del 70 % en comparación con 2017, cuando se reportaron 62. Desde el año 2013 la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, lidera el negocio de transporte y logística de hidrocarburos en el país, contando para ello con una red de oleoductos de 4.543 km y una de poliductos de 3.635 km.
Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, los atentados a la infraestructura petrolera por parte del Eln, como el recientemente ocurrido en el oleoducto Caño Limón en inmediaciones de Tibú, son una tragedia ambiental, “ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, y reducen los ingresos de la nación y de las regiones”. Son acciones que “afectan además la actividad económica y el empleo, por su impacto negativo en el sector minero-energético y en la industria”.
Válvulas ilícitas
Otro de los problemas que aqueja a la infraestructura petrolera es la proliferación de las válvulas ilícitas en los tubos para el hurto de crudo y productos refinados. Según cifras de Ecopetrol, en el primer trimestre de 2019 el número de válvulas ilícitas para el robo de hidrocarburos ascendió a 213, mientras que en el mismo período de 2018 fue de 232. El año anterior se calcula que las válvulas ilícitas provocaron la pérdida de 487.000 barriles de hidrocarburos.
El presidente de Campetrol, Germán Espinosa, consideró que los atentados “son muy lamentables, pues afectan la productividad del sector y ponen en altísimo riesgo la seguridad ambiental de las áreas de influencia y el bienestar de las comunidades aledañas a las zonas de actividad petrolera del país”.
Sostiene la petrolera colombiana que mientras en 2018 el costo de las reparaciones derivadas de los atentados y de las válvulas ilícitas en los sistemas de transporte fue cercano a los $157.000 millones, en los tres primeros meses de este año la cifra ha superado los $25.000 millones.
Daños ecológicos
Las voladuras de la infraestructura petrolera causan derrame de crudo y afectaciones económicas y ambientales incalculables, que impactan fuentes de agua, suelo, capa vegetal y cultivos de familias de menores ingresos. Ecopetrol estima que los departamentos más afectados por la acción de los grupos al margen de la ley son Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo. Además a estas zonas les disminuyen dramáticamente las regalías para ejecutar obras sociales.
Recuerda un informe de la petrolera colombiana que los derrames de crudo han producido afectación de fuentes hídricas como los ríos Arauca, Tibú, Catatumbo y Tarra, y las quebradas El Loro, El Carmen, La Medrosa, La Pérdida y Caño Victoria Sur, algunas de las cuales surten acueductos de la región.
En el último año, en el caso del oleoducto Caño Limón-Coveñas (OCC) los atentados han afectado más de 65.000 metros cuadrados de suelo y cerca de 41.000 metros lineales de cuerpos de agua. Tan solo el año pasado, los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas ocasionaron el derrame de 21.029 barriles de petróleo, que a precios actuales supera los US$1,6 millones.
El expresidente de Acipet, Julio César Vera, calificó de preocupantes los atentados de los últimos días en contra de la infraestructura petrolera. “Muy graves los daños ecológicos que se han registrado, sobre todo ahora que han afectando sitios turísticos importantes como en Norte de Santander”.
En el sur del país, los atentados contra el oleoducto Trasandino (OTA) han ocasionado emergencias en los ríos Mira, Caunapí y Rosario. Señala la petrolera colombiana que las acciones terroristas en el Catatumbo han puesto en riesgo ecosistemas únicos, donde habitan peces, reptiles y anfibios, entre otras especies.
Cada vez que ocurre un atentado, Ecopetrol activa un plan de contingencia para atender el evento y mitigar los impactos ambientales causados por los grupos al margen de la ley.
“Estos ataques no benefician a nadie; por el contrario, ocasionan un grave daño ambiental, muchas veces irreversible, a nuestra flora, fauna y los ecosistemas del país. Manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas y rogamos que cesen estas acciones violentas no solo en contra de la industria de hidrocarburos, sino de todos los colombianos”, sostiene Francisco Lloreda, presidente de la ACP.
La primera voladura contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas se registró el 14 de julio de 1986, en el municipio de Carmen de Tonchalá, Norte de Santander, que ocasionó el derrame de 45.743 barriles de petróleo.
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