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Luis Alberto Higuera llegó a la presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) a finales de junio de este año, entidad que hace parte del Ministerio de Agricultura. Para ese momento la ejecución presupuestal estaba en el 10 %, pero ha avanzado en los últimos tres meses.
La institución es la encargada de invertir y apoyar a los proyectos productivos campesinos que son parte de la reforma agraria y tiene convocatorias para impulsar el desarrollo rural desde otras iniciativas productivas asociativas.
Higuera responde cómo va la ejecución del presupuesto, la inversión de la Agencia, el papel de la entidad dentro de la reforma y se pronuncia respecto a la llamada expropiación exprés.
¿Cómo avanza la reforma rural integral en la entidad?
La Agencia de Desarrollo Rural es la que debe asumir la integralidad de la reforma. La gestión de la Agencia se refleja en la producción, en que haya inversión en el campo, en la tierra comprada por el Gobierno y la que está en manos del campesino, pero que no tiene visión de desarrollo rural. El éxito del Gobierno está en que consolidemos la integralidad de la reforma rural.
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¿En qué consiste la llamada expropiación exprés, contemplado por el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo impacta a la ADR?
Este Gobierno tiene como prioridad aumentar la productividad mediante la compra de tierra a precios comerciales avaluados por entidades externas. No tenemos la intención de expropiar, a pesar de que la ley existe desde gobiernos anteriores. Lo que queremos es ser más rápidos. Hemos comprado 40 mil hectáreas, pero sí debieron ser más. No hemos tenido la oferta necesaria, la mitad se cae por problemas de títulos, de suelo y demás.
Como la expropiación no está prevista por el Gobierno, no puedo especular de cómo afectaría positiva o negativamente a la Agencia. Tenemos mucha tierra en la que invertir, mucho campesinado por atender.
Para mediados de este año la ejecución presupuestal estaba por el 10 %. ¿Alcanzarán a cumplir la de 2023 y qué proyección tienen para 2024?
Hace una semana se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2024. La Agencia de Desarrollo Rural a diciembre de 2022 tenía un presupuesto anual de $220 mil millones. Hoy, 11 meses después, cuenta con $620 mil millones, se triplicó y para enero 2024, dentro de cuatro meses, su presupuesto sobrepasa el billón de pesos. Con este compromiso estamos trabajando en las vigencias que nos quedan.
En julio la ejecución presupuestal no llegaba al 10 %, a octubre vamos superando el 64,9 %. Hemos avanzado en tres meses lo que se debió hacer en muchos más y tenemos un plan de choque que prevé que antes de que acabe noviembre estaremos llegando al 85 % de la ejecución y nos quedaría el mes de diciembre para rematar. Le pedimos al Congreso, en un debate de control político, que confiara en que la ADR va a ejecutar el presupuesto de 2023 y confiaron en asignar una cuantiosa suma para el 2024, aunque no alcanza para cubrir todas las necesidades. Ojalá los resultados del próximo año demuestren que el dinero no fue suficiente y podamos pedir una adición entre agosto y septiembre.
Cuando asumió el cargo, le dijo a este medio que la ADR había “estado uno o dos pasos atrás de la compra de tierras” de la reforma. ¿Cómo va ahora este proceso en la entidad?
En este momento. Estamos ya en la fase final de cómo buscar el resto de la ejecución presupuestal. La entidad adolecía de una serie de situaciones jurídicas, legales y administrativas bajo una antigua visión del Desarrollo Rural, entonces nos tocó cambiar una serie de decretos presidenciales y de resoluciones para invertir en el pequeño productor. La Agencia estaba visionada para invertir con asociaciones poderosas, grandes o de carácter gremial, que era más fácil, y ahora queremos invertir en asociaciones pequeñas, excluidas y débiles. Eso implica que una modificación en los requerimientos de carácter legal y esa adecuación nos quitó tiempo para poder invertir.
¿Cuáles son las diferentes estrategias de los proyectos que atiende la ADR?
Tenemos dos líneas: proyectos estratégicos de interés nacional y las convocatorias. Del presupuesto les corresponden el 40 y el 60 %, respectivamente.
Dentro de los proyectos estratégicos están aquellos relacionados con la reforma agraria. Ya tenemos un listado de predios en los que fortalecimos la asociatividad y hemos firmado la ejecución de más de $150 mil millones para la ejecución en proyectos agropecuario en diferentes predios, tanto de los comprados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como los entregados por la Sociedad Activos Especiales (SAE) y los que ya son de campesinos, pero que requieren de inversión rural.
¿Cuáles son los retos que han encontrado de apostarle a pequeños productores que no tienen tanto músculo para la ejecución de recursos?
El principal reto es el fortalecimiento de la asociatividad campesina. El campesinado colombiano no está asociado desde el punto de vista técnico y empresarial. No es porque no puedan sino porque han sido víctimas de la violencia del conflicto armado. Eso ha menguado la asociatividad.
Eso nos lleva a que debe haber un acompañamiento de tres tipos:
- Social para fomentar la asociatividad.
- Técnico para fomentar el éxito del desarrollo del proyecto productivo.
- Financiero, a través de Banco Agrario o Fiduagraria, para que el modelo de negocio en el que se invierte sea sostenible en el tiempo.
Corresponde también a esta Agencia que tiene una dirección de Asociatividad. Este Gobierno ve con buenos ojos la riqueza de unos cuantos, pero lo que este Gobierno ve con malos ojos es la pobreza de muchos. Lo que queremos es que el pobre sea menos pobre y esa base asociativa nos da el camino. Así buscamos soluciones estructurales y no asistencialistas, que son la trampa de la pobreza.
¿Cuáles son las dificultades que han encontrado en la postulación de proyectos del campesinado?
Encontré que, antes de asumir el cargo, había postulaciones con un altísimo nivel técnico. Se dispuso de $70 mil millones para proyectos emanados de gobernaciones y alcaldías para este 2023. Solo se pudieron adjudicar $30 mil millones para 1.100 municipios y 32 gobernaciones porque no cumplían las formas y los requerimientos estipulados. Si eso les pasa a alcaldías y gobernaciones, ¿qué esperar de una organización campesina?
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Ante esa elevada complejidad, ¿cómo van a garantizar postulaciones válidas para la convocatoria de los proyectos productivos que tienen en curso?
Desde el Gobierno pensamos que hay que estructurar convocatorias que hagan que el campesino no piense como “un pobre campesino” sino como un pequeño o un mediano empresario que inicia un emprendimiento con un capital serio. Por primera vez en la historia, logramos ofrecer como mínimo $1.200 millones hasta $5 mil millones por proyecto y asociación. Eso nos obliga a trabajar técnicamente en el acompañamiento de esta convocatoria para lograr su éxito técnico y evitar que las iniciativas se queden por fuera. Modificamos las condiciones y eliminamos los obstáculos para que a la convocatoria accedan las asociaciones campesinas.
¿Hasta cuándo se pueden postular a la convocatoria y cuántas solicitudes llevan hasta el momento?
Hasta el 3 de noviembre se puede presentar el perfil del proyecto y, a partir de esa fecha, la propia Agencia apoyará la estructuración del proyecto desde el territorio. Implementamos todos los enfoques: de enfoque de género, étnico, de juventud y de víctimas.
A la fecha tenemos más de 250 convocatorias totalmente diligenciadas y 900 que ya están radicadas, pero que están en el proceso de terminar de completar la documentación requerida. A partir de ahí hay que estructurar y sacar adelante los proyectos, esto será con el presupuesto de 2024 y avanzar con la reforma.
¿Qué otros obstáculos han tenido en el proceso de la ejecución presupuestal de este año dentro de la ADR?
Pasan circunstancias muy curiosas en este país, por ejemplo, teníamos una licitación este año para un tema de extensionismo agropecuario, que es el que le brinda asistencia técnica al campesino. De los 30 proponentes que se presentaron, 29 modificaron de una manera no permitida los formatos, los montos y las obras a realizarlas. Eso los inhabilitó, entonces eso hizo que el único que quedaba se ganara la licitación en tres departamentos. Los demás quedaron descubiertos.
Lo que hicimos fue iniciar acciones ante la Superintendencia de industria del comercio por una posible colusión. Posteriormente, contratamos con las universidades públicas (todas con facultades de agronomía, veterinaria, zootecnia) para que realizaran ese trabajo de extensionismo. Eso también nos llevó a que podríamos fortalecer a las organizaciones campesinas para que ellos mismos enseñen. Buscamos que con el programa CampeSENA del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se certifique las capacidades y las competencias como extensionistas a los expertos de las asociaciones campesinas.
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