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Para este punto de la historia, la reforma laboral se juega su tercera vida en una suerte de tiempo extra después de que reviviera a la vez de que se hundía el primer intento de consulta popular.
Puede sonar algo enredado y, siendo justos, lo es un poco. La reforma laboral tuvo una primera introducción en 2023, muy cerca de la pensional. En ese momento, hubo fiesta, palabras solemnes y demás parafernalia. La iniciativa no superó su primer debate.
Volvió a ser introducida, prácticamente en su misma forma y para junio del año pasado logró superar su primer debate en comisión de la Cámara de Representantes. La plenaria le dio el visto bueno para octubre.
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Durante su paso por esa corporación, el proyecto sufrió cambios importantes durante el proceso de concertación entre los congresistas: la jornada laboral nocturna se acotó a las 7:00 p.m., el capítulo de derechos sindicales salió por la borda, se crearon previsiones para los trabajadores de plataformas digitales, se impulsó una progresividad en el aumento de las horas extra…
Estos avances, de la mano de congresistas y algunos renglones del empresariado (no sólo por voluntad omnipresente del Gobierno) le dieron un cierto aire de optimismo a la iniciativa, un tufo a esperanza de superar el campo minado de problemas políticos en los que se ha ido tornando la discusión legislativa en el Senado.
A pesar de estos cambios y concesiones, la iniciativa se enfrentó a un fin medianamente rápido en la comisión séptima del Senado en medio de maniobras dilatorias (la popular falta de quórum) y con un debate más bien somero sobre los fondos de la reforma.
Esto no es para decir que la reforma convence ampliamente. De hecho, lo que ha demostrado la iniciativa es que genera opiniones nada favorables entre renglones de los empresarios (especialmente entre los gremios más grandes), pero también entre analistas y académicos.
De fondo, la mayor crítica que se le ha hecho al proyecto es que no le pega a uno de los principales problemas del mercado laboral en Colombia: la informalidad, que se mantiene por encima del 50 % y registró un crecimiento importante para la más reciente medición de desempleo del DANE.
Académicos y analistas han atacado la reforma porque no ofrece caminos para incorporar más trabajadores a la formalidad, en donde tendrían protecciones sociales y desde donde también aportarían más al crecimiento económico del país vía tributación, por ejemplo.
El otro punto sensible de la discusión ha sido el peso que tendría la reforma sobre las nóminas de las empresas, especialmente las pequeñas y micro (aunque buena parte de las quejas han venido de los grandes empresarios). Un informe del Banco de la República aseguró, en su momento, que la propuesta podría llevar a la pérdida de unos 400.000 empleos, especialmente por el aumento en el pago recargos en horas extra y por la ampliación de la jornada nocturna.
Sin embargo, los defensores de la iniciativa han destacado que la reforma busca poner a tono al país con legislación internacional, incluyendo convenios que el país ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así mismo, también busca corregir aberraciones como el abuso de figuras como los contratos a término definido o de aprendizaje para labores que deberían estar reglamentados bajo contratación indefinida.
La iniciativa también incluía la posibilidad de que los aprendices del SENA tuvieran derecho a recibir una remuneración de, por lo menos, un salario mínimo en su época de prácticas, así como acceso a la seguridad social.
Con todo este paisaje en el espejo retrovisor, la reforma regresó al Senado, pero esta vez a la Comisión Cuarta, presidida por Angélica Lozano, después de que la plenaria de esa corporación votara darle una nueva oportunidad a la iniciativa.
Este martes se presentó la ponencia mayoritaria para tercer debate que, al menos hasta primeras horas de la tarde, iba a tener un apoyo de casi el total de la Comisión Cuarta, con con la excepción de Aída Avella, quien firmó una ponencia alternativa en la que se revive la jornada nocturna desde las 6:00 p.m., como se pretendía en el primer borrador del proyecto (2023).
Sin embargo, poco antes de la radicación de la ponencia mayoritaria se conoció que los acuerdos entre la Comisión tenían algunas grietas entre senadores del Centro Democrático y, al parecer, también con los liberales.
La nuez del desacuerdo está alrededor de una excepción que la ponencia mayoritaria contempla para las micro y pequeñas empresas en el tema de la extensión de la jornada nocturna. Algunos senadores están a favor de esta previsión, otros en contra. Y la diferencia se saldaría en el debate que se citó para este martes en la mañana.
Notablemente, no se presentó ponencia de archivo, por lo que se espera que la iniciativa haga su trámite debido en la Comisión. El destino del proyecto en plenaria, sin embargo, se anticipa más turbulento y, acaso, incierto.
Lo que dice la ponencia
En Colombia, la vasta mayoría del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas. Según estimaciones del Ministerio de Comercio (2023), éstas representan más de 90 % del total de compañías en Colombia.
Esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que si las microempresas estornudan, a buena parte de la economía le da gripa, por citar una frase popular.
Para alivianar el impacto que la reforma puede tener sobre las microempresas fue que se pensó en una excepción de la ampliación de la jornada nocturna: para estas compañías se mantendría el esquema actual, que contempla recargos en la remuneración de empleados sólo a partir de las 9:00 p.m.
De acuerdo con la ponencia, “se deben buscar medidas diferenciadas que permitan disminuir la informalidad en las MiPymes, pues estas son las que mayores tasas de informalidad tienen e imponerles mayores costos laborales generaría como efecto el aumento de la informalidad en estas o su cierre”.
Para las medianas y grandes empresas sí operaría uno de los grandes cambios de la reforma: que la jornada nocturna empiece a las 7:00 p.m., según la ponencia mayoritaria, y se alargue hasta las 6:00 a.m.
Sobre los recargos en días de descanso (que hoy es del 75 %), la reforma propone que se llegue a 100 %, pero de forma gradual. En el primer año de vigencia, esta tasa llegará a 80 %, en el segundo año a 90 % y en el tercer año a 100 %.
Los trabajos que se realicen en días festivos seguirán teniendo un recargo de 75 %.
Trabajadores de plataformas de reparto
Este es un aspecto en el que hubo consenso absoluto. Todos están de acuerdo en que los trabajadores de plataformas de reparto sean formalizados.
Este es uno de los puntos de la reforma que ha demostrado que es posible llegar a acuerdos. Inicialmente, las centrales obreras y el Gobierno se oponían a que los trabajadores de plataformas digitales fueran considerados autónomos, argumentando que existe una forma de subordinación laboral ejercida por los algoritmos de las aplicaciones, que influyen en decisiones clave como dónde y cuándo trabajar.
Lo que dice la ley es que cuando hay subordinación laboral debe haber un contrato de trabajo. El problema radica en que esta subordinación limita la verdadera autonomía del trabajador, impidiéndole prestar sus servicios a varias plataformas simultáneamente o decidir libremente cuándo conectarse o desconectarse.
Lo que finalmente se concertó —y quedó consignado en la ponencia mayoritaria de la reforma— fue el respeto por esa autonomía, a la vez que se establece la obligación para las plataformas de asumir parte de los aportes económicos, permitiendo así que estos trabajadores accedan a la seguridad social.
Esto ha sido calificado como un avance importante en la modernización de las leyes laborales en Colombia, pues permite que este tipo de trabajos (tan presentes en las nuevas tecnologías) se puedan adelantar bajo un modelo que también avanza en formalización.
Otros cambios
La ponencia coincide con el texto que salió de la Cámara de Representantes en que el contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA debe tener un carácter laboral.
Esto significa que quienes hagan sus prácticas tendrán los parte de los derechos de un trabajador formal en el país, es decir, una remuneración no inferior a un salario mínimo y seguridad social.
En la parte lectiva se pagará el 75 % de un salario mínimo, mientras que en la parte práctica los estudiantes tendrán una remuneración del 100 %.
Se adicionó un artículo que propone que los estudiantes de medicina, cuando realicen el internado médico obligatorio, reciban una remuneración mensual no inferior a un salario mínimo.
Se incluyó una prima por crecimiento económico. Esta le otorgará al trabajador hasta 40 % de un salario mínimo cuando la empresa reporte un crecimiento del 4 % en el año inmediatamente anterior.
La aplicación de esta medida tiene unas condiciones, que funcionarían así: prima de 20 % de un salario mínimo para microempresas y negocios unipersonales, 30 % para pequeñas y medianas empresas y 40 % para las grandes.
La ponencia recoge algo que la Cámara ya aprobó y es la formalización de las madres comunitarias y sustitutas mediante su vinculación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Sin embargo, la aprobación de este artículo queda condicionado al aval fiscal que le dé el Ministerio de Hacienda.
Uno de los puntos que se quedó por fuera de la ponencia mayoritaria tiene que ver con la formalización laboral de los trabajadores del sector transporte.
Este fue uno de los compromisos que adquirió el Gobierno para levantar el paro de transportadores que paralizó el país en septiembre de 2024. Otros acuerdos sí se han ido adelantando, como cambios al sistema que establece los fletes (el llamado SICE-TAC), pero en temas de formalización se le apostó a avanzar en el tema vía la reforma laboral.
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