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En medio de su accidentado paso por el Congreso, el futuro de la reforma laboral está próximo a definirse en la plenaria del Senado.
Hasta este punto del debate en la plenaria del Senado, ya se ha votado el 75 % de los artículos incluidos en la ponencia: 57 han sido aprobados y uno ha sido rechazado.
Buena parte del avance actual de la reforma, sin embargo, se debe al trabajo realizado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde se lograron consensos clave que permitieron destrabar el proyecto de ley y facilitar su discusión, que empezó hace dos años.
Un ejemplo de ello fue la eliminación de buena parte del capítulo sindical, así como la inclusión de medidas como la formalización de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales, la implementación de jornadas laborales flexibles para trabajadores con responsabilidades de cuidado familiar y para quienes cuidan a personas con discapacidad.
Los siguientes son algunos puntos en los que no se ha logrado mayor consenso y que, por tanto, se traducen en parte de las claves para entender lo que sucederá en lo que resta del cuarto debate.
Jornada nocturna
Desde el Gobierno se ha insistido en que la jornada laboral nocturna debe ir de seis de la tarde a seis de la mañana. Parte de los argumentos que han empleado congresistas, como la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), es que implementar este ajuste devolvería a los trabajadores derechos que perdieron en el año 2002, bajo el pretexto de que menores costos laborales se traducirían en mayores capacidades de contratación y, por ende, menor desempleo.
Quienes critican esta medida argumentan que aumentar hasta tal punto la jornada nocturna tendría un peso económico importante para las empresas, especialmente para las micro y pequeñas. Señalan que muchas unidades productivas se verían tentadas a migrar a la informalidad o reducir sus nóminas ante la incapacidad de pagar esos recargos.
En el Congreso parece haberse alcanzado un punto medio: la jornada iniciaría a las siete de la noche y se extendería hasta las seis de la mañana. Sin embargo, las tensiones persisten entre los diferentes sectores, por lo que se espera que este sea uno de los temas centrales en el desarrollo del último debate en el Senado.
Recargo en días de descanso
Por implicar aumentos en los costos de la contratación, este también ha sido un punto polémico de la reforma. Los defensores de la iniciativa proponen que este sea de 100 %, tanto para domingos como para festivos (así pasó en Cámara y en el tercer debate que adelantó la Comisión Cuarta del Senado).
Para este punto también hay propuestas. Algunos congresistas creen que sólo el domingo debería tener un recargo de 100 %, y que los festivos deberían mantener 75 %. Para esto argumentan que Colombia es el tercer país de la región —por debajo de Chile y Argentina— con más festividades, y que un recargo tan alto podría restarle competitividad.
Aprendices del SENA
Desde el Gobierno se ha propuesto que los contratos de los estudiantes del SENA dejen de tener un carácter de aprendizaje y pasen a tener uno laboral. En la práctica, esto les brinda los derechos que tiene cualquier otro trabajador formal en el país, es decir, cotización a salud, pensión, cesantías, vacaciones, primas y demás prestaciones.
Lo que aprobó la Comisión Cuarta del Senado es que esta contratación debe seguir teniendo un carácter de aprendizaje, por tratarse de estudiantes, pero con derecho a que sus empleadores hagan las correspondientes cotizaciones a la seguridad social. En la parte lectiva se les reconocería 75 % del salario mínimo, así como cobertura en salud. En su parte práctica se les remunerará con un salario mínimo y cobertura en salud, riesgos laborales y pensión.
Trabajo a tiempo parcial
Este es un punto que ha tomado protagonismo en las últimas discusiones, pues también marca notables diferencias.
Lo que proponen congresistas ponentes como Angélica Lozano (Alianza Verde) es que los trabajadores que no logren completar una jornada laboral (de 42 horas a la semana) y que por la misma situación no devenguen un salario mínimo, puedan hacer cotizaciones a la seguridad social.
Expertos consultados por este medio coinciden en que eso sería un gran avance para mitigar la informalidad en el país, pues esas condiciones identifican a un grupo importante de trabajadores —como es el caso de aquellos que laboran por cuenta propia, quienes representan más del 40 % de la población ocupada en Colombia—. La misma posibilidad se extendería para las microempresas y hogares contratantes.
Las centrales obreras se oponen a esta medida. Según lo explicado por Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, en la práctica esto atentaría contra la estabilidad laboral, además de que es poco probable que este tipo de trabajadores busquen sindicalizarse. En suma, consideran que esto sería una puerta abierta para que las empresas abusen de este tipo de formas de contratación.
A la anterior lista de temas se podría agregar las garantías presupuestales para la formalización de las madres comunitarias y los manipuladores de alimentos del PAE; las medidas para facilitar la formalización de los transportadores; el trabajo agropecuario; la política de protección laboral ante la automatización y las garantías al derecho de asociación sindical.
Sobre otros artículos polémicos la plenaria ya decidió: la denominada prima por crecimiento fue rechazada —esa proponía que se le diera hasta el 40 % de un salario mínimo a los trabajadores cuando la empresa reportara un crecimiento por encima del 4 %—, por considerarse que implicaba un impacto fiscal; también se votó que el trabajo a término fijo debe tener un plazo máximo de cuatro años, sin la posibilidad de renovarse.
Se prevé que la reforma laboral sea aprobada este lunes, lo que dejaría viva la iniciativa por un estrecho, pues el plazo de surtir su trámite en el Congreso es este 20 de junio. Después de la aprobación en Senado, aún queda la conciliación con la Cámara de Representantes, pues ambas cámaras han aprobado medidas y textos distintos en algunos puntos.
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